Cerraron la mitad de los Centros de Acceso a la Justicia en los barrios más vulnerables de la Ciudad

En un comunicado, ACIJ repudió el cierre de ocho CAJ que atendían las necesidades de acceso a la justicia de la población más vulnerable de la ciudad. Especialmente, los centros asesoraban de forma gratuita casos vinculados a documentación personal y derecho de familia, obtención de DNI y partidas de nacimiento, temas vinculados a alimentos, régimen comunicacional de hijos e hijas, entre otros.

La decisión del ministro no fue comunicada a través de medios oficiales, sino que trabajadoras y trabajadores de los centros recibieron sendos correos electrónicos durante el jueves pasado acerca del cierre “sin ningún tipo de fundamentación o previsión”, aseveró el comunicado. Asimismo, resaltó que “Lo único que parecen tener en común los centros seleccionados es que se encuentran en barrios populares, donde reside la población con mayores dificultades para acceder a los derechos básicos”.

Acercar la justicia a los más vulnerables

Los Centros de Acceso a la Justicia, explicó ACIJ, son dispositivos territoriales que buscan extender los servicios de asistencia legal gratuita y mejorar la situación de acceso a la justicia de la población más vulnerable. “Es la única política pública nacional en materia de descentralización y federalización del acceso a la justicia”, apuntó. De igual manera, remarcó que incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos Incluso (OCDE) “ha destacado la necesidad de contar con políticas de acceso a la justicia centradas en las personas que prevengan el escalamiento de conflictos ya que resulta en mejores resultados en general”.

El comunicado, que expresó preocupación e hizo un llamado al ministro Cúneo Libarona revisar la medida, fue firmado además por otras organizaciones como ELA, CELS, INECIP, la Red Argentina de Abogacía Comunitaria (RAAC) y los curas villeros Lorenzo de Vedia; Gastón Colombres; Ariel Corrado; Domingo Alberto Regín; Andrés Tocalini; Damián Reynoso; Facundo Ribeiro; Pedro Baya Casal; Ignacio Obagattini; Jesús Carides y Oscar Gallego. “En un contexto de aumento de la pobreza y del deterioro de las condiciones de vida, reducir los canales directos de acceso a derechos y comunicación con autoridades, sobre todo en los barrios con mayores vulneraciones, agrava de forma sustancial la situación de quienes ya se encuentran en peores condiciones”, concluyó.

Para el ministro son una “caja política”

El ministro Cúneo Libarona ya había anunciado el 10 de junio pasado la decisión al catalogar a los centros que acercan derechos y justicia a las clases populares como una “caja política”. Según señaló Página 12, la medida impactará en más del 70 % de los espacios existentes, mientras los trabajadores y trabajadoras pelean por reincorporaciones con más de 250 puestos laborales en juego.

En un comunicado, el ministro ya había expresado que cerraría 81 de los 111 CAJ en todo el país, a los que tildó de “ineficientes” y que “acumulaban empleados sin demostrar resultados”. Ese mismo día se realizó la publicación de la Resolución 178/2024 del Ministerio de Justicia que aprobó un “plan de ordenamiento y mejoramiento” de los CAJ.

Según la resolución, los centros territoriales ya no son necesarios gracias al avance tecnológico que permitiría acceder al mismo servicio de forma totalmente digital y sin necesidad de concurrir de modo presencial a una dependencia estatal. No obstante, el recorte comenzó con los barrios más vulnerables y con menor acceso a la tecnología: los CAJ de las villas 15, 20 y 21, el del Barrio Ricciardelli – ex 1-11-14- y los dos del Mugica – ex 31 -, además de Villa Soldati y Barrio Mitre.

“Comenzaron cerrando los CAJ en las villas, en los lugares más vulnerables de la sociedad, es el comienzo de una destrucción de las políticas públicas”, advirtió a Página 12 Paola Pedroncini, delegada general de ATE del Ministerio de Justicia.

Según trascendió, trabajadoras y trabajadoras de los CAJ recibieron la semana pasada la notificación de despido en sus emails y al día siguiente recibieron otro correo en el que se les notificó el cierre de los centros territoriales. En el cuerpo del mensaje se “insta a los agentes de esos centros a que retiren sus pertenencias antes de que operarios de la cartera de Justicia procedan a retirar los bienes y equipamiento del Ministerio”, publicó Página 12. Sobre el destino de los inmuebles todavía nada se sabe.

Un limbo para los vecinos de los barrios populares

El cierre intempestivo de los centros dejó en un limbo a las personas que atienden los y las abogadas de los centros, sobre todo en casos de violencia de género o relativos a la niñez. Desde ATE – Acceso a la Justicia advirtieron que “las agendas de mediaciones que estaban llenas hasta fines de septiembre se han ido al traste, los seguimientos de casos de violencia de género se han visto truncados, las vecinas que se acercaban por casos de violación ahora se quedan sin un lugar donde acudir y muchos consultantes pierden el acceso a la psicóloga del CAJ y no podrán hablar con la trabajadora social que los asistía”. Por eso aseveraron: “No somos un gasto para el Estado, sino una inversión en la justicia y el bienestar de la comunidad”.

Los ocho espacios cerrados conforman la mitad de los que funcionan dentro de la ciudad, por lo que, de avanzar la medida, los cierres deberán extenderse a la provincia y al interior del país. Actualmente, todas las provincias cuentan con al menos un CAJ y desde ATE calculan que, en total, están en peligro más de 250 puestos de trabajo.

Repudio de Unión por la Patria

Los representantes electos de la Comuna 8 de Unión por la Patria de la Ciudad emitieron un comunicado en el que repudiaron el cierre de los ocho CAJ. “Una vez más el Gobierno de Milei atenta contra los vecinos y vecinas que más acompañamiento necesitan, porque es justamente en los CAJ donde se puede encontrar atención interdisciplinaria para abordar las distintas problemáticas, que van desde lo social hasta lo jurídico”, expresó el comunicado.

Asimismo, manifestaron que el rol de los CAJ es fundamental para la vida cotidiana de nuestros barrios justamente por la amplitud de sus prestaciones. “Es la herramienta que permite el acceso a un DNI para un trabajo, mediaciones comunitarias, abordajes psicológicos ante cualquier inconveniente, asesoramiento con distintos trámites. Son hechos concretos y reales que los veíamos a diario e implicaban oportunidades y esperanza para muchos de nuestros vecinos”, resaltaron. De esta manera, señalaron que a partir de la orden ministerial, los vecinos y vecinas de Soldati y Villa 20 ya no podrán realizar dichas gestiones, lo cual “no es casualidad en un contexto de ajuste, represión y eliminación de derechos”.

Por ello concluyeron que se trata de “un plan perfectamente orquestado que combina el vaciamiento del Estado, pobreza y hambre para el pueblo, y que culmina con esta medida que implica la imposibilidad de acceder a las distintas herramientas de ayuda y contención”.