CFK deberá declarar el mismo día que la marcha de la CGT

El juez federal Claudio Bonadío citó este viernes a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia, y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez por supuesto cohecho y lavado de activos en la causa que investiga el alquiler de propiedades de la sociedad «Los Sauces».

La ex presidenta tendrá que presentarse en los tribunales federales de Retiro el próximo 7 de marzo a las 9 de la mañana, mientras que, un día antes, deberán hacerlo sus hijos Florencia y Máximo, quienes enfrentarán la primera indagatoria en una causa penal por supuestos delitos de corrupción. El llamado a indagatoria coincide con la fecha de la movilización convocada por la CGT este jueves.

En total y según la resolución a la que accedió Télam, Bonadío citó a indagatoria a un total de 21 imputados, desde el 20 de febrero hasta el 7 de marzo, cuando se espera a la ex Presidenta. Además de Cristina y de sus hijos, serán indagados el ya detenido empresario Lázaro Báez y sus hijos Martín, Leandro y Luciana y la sobrina de la ex presidenta, Romina Mercado, entre otros. También se citó al empresario Cristóbal López y a su socio Fabián de Souza.

El juez entendió que existe un «grado de sospecha» suficiente para indagar a todos los imputados en esta causa que investiga el alquiler de propiedades de la sociedad Los Sauces, perteneciente a la familia de la ex Presidenta, a empresarios ejecutantes de obra pública.

Según la acusación impulsada por el fiscal Carlos Rívolo en base a una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer, las propiedades fueron rentadas principalmente a los empresarios López y Báez como parte de un entramado para encubrir el pago de sobornos por la adjudicación de obra pública de manera ilegal.

La decisión de Bonadio se dio tras recibir en la causa el resultado de tres pericias, entre ellas una contable sobre las operaciones de Los Sauces vinculadas al rubro inmobiliario. En particular se investigan los alquileres desde 2008 a las empresas Inversora M&S, Alcalis de la Patagonia, del acusado Cristóbal López y Valle Mitre, Loscalzo y del Curto y Kank y Costilla, de Lázaro Báez.

A lo largo de la investigación, Bonadío allanó las administraciones de consorcios de dos departamentos en la zona porteña de Puerto Madero, propiedad de la ex presidenta y del departamento donde vive Florencia Kirchner, en el barrio de Constitución.

También quedaron bajo investigación dos lotes en la ciudad santacruceña de Calafate, otros dos en Río Gallegos, uno en El Chaltén y la casa de la ex presidenta en Río Gallegos.