Las autoridades de la Central insisten que la conciliación que pesa sobre el sindicato no tiene alcance para una medida de orden general. Evalúan hacer valer el reglamento interno que contempla la suspensión y desafiliación por no acatar las resoluciones adoptadas.

Sus dirigentes, sin embargo, dejaron trascender que la posición que adoptarán será la de “adherir a la medida sin violar la conciliación obligatoria”. Ocurre que sobre la entidad sindical pesa una conciliación obligatoria por un período de 15 días dictada por la Secretaría de Trabajo en el marco de un conflicto particular por las paritarias salariales. La fecha del paro coincide con el día 14 de esa medida.
En declaraciones radiales al programa «Ahora Dicen» de Futurock, conducido por Florencia Halfon y Nicolás Fiorentino, el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, ratificó que la interpretación que hacen los letrados de la CGT sobre la ley vigente indica que “una conciliación obligatoria sectorial no imposibilita la adhesión al paro de la CGT».
Así lo había adelantado Hugo Moyano (hijo) a este medio en la edición del 30 de marzo al igual que Guillermo Pérez Crespo titular de la Asociación de Abogados Laboralistas. En los pasillos de Azopardo crece la sospecha de que Roberto Fernández, secretario general de la UTA, convocó a una medida de fuerza el 28 de marzo en coordinación con los funcionarios de la secretaria de Trabajo con el propósito de generar un salvoconducto para justificar su no adhesión a la medida resuelta por el Consejo Directivo de la entidad que él mismo integra.
La misma actitud había tomado la UTA en el último paro general del 9 de mayo de 2024 cuando no acató la decisión de la CGT que es una entidad de tercer grado a la que está adherido el sindicato de base. De cualquier manera, aquella vez, la adhesión a la medida resultó tan contundente que las unidades de corta distancia que responden a Roberto Fernández circulaban vacías en todo el país. Más de un centenar de líneas de colectivos agrupadas en la oposición liderada por Miguel Bustinduy, además, acataron la decisión de la CGT.
Héctor Daer, en la misma entrevista radial, señaló que “esperemos que la UTA entienda que son parte de la CGT y que el paro se votó por unanimidad”.
Fuentes muy cercanas al triunvirato de conducción confiaron a Tiempo Argentino que desde la CGT evalúan hacer valer el estatuto de la entidad que contempla sanciones para aquellos sindicatos afiliados a la confederación que no acataran las decisiones adoptadas por la misma.
Efectivamente el artículo 109° del estatuto detalla cuales “son (los) deberes de las entidades adheridas”. Allí el inciso e sostiene que las organizaciones miembro deben “cumplir con las resoluciones emanadas de Congresos Nacionales y los Cuerpos Directivos”.
Además, el artículo 115° del reglamento interno, puntualiza cuales actitudes “se consideran conducta perjudicial a los intereses de la CGT” entre las que destacan la “difamación a la CGT y/o sus autoridades”, “malversar fondos de la CGT” o, en su inciso b, “violar los estatutos sociales, las decisiones de los congresos nacionales, comité confederal, consejo directivo o secretariado”.
El mismo reglamento interno indica en su artículo 114° que “cuando existan denuncias concretas ante el Consejo Directivo de la CGT que alguna organización afiliada a la misma o bien que sus delegaciones hayan incurrido en conducta perjudicial a los intereses de la CGT, el Consejo Directivo destacará de su seno integrantes observadores y, en caso de comprobarse la veracidad de los hechos denunciados, el Cuerpo resolverá amonestar a la entidad o persona responsable de las transgresiones o suspenderlas en el ejercicio de sus derechos”. Finalmente señala que “el congreso resolverá en última instancia la sanción a aplicarse pudiendo desafiliar de la CGT a la referida entidad”.
En horas de la mañana se reunió la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que ratificó la medida y garantizará la adhesión de todos los sindicatos miembros entre los que se encuentran el conjunto de los gremios marítimos, aeronáuticos, camioneros y ferroviarios.
Roberto Fernández, junto con Omar Maturano de La Fraternidad se encuentran agrupados en la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) un sello que reflotaron cuando decidieron escindir la organización en abril de 2022 en el momento en el que el Congreso de la CATT ungió, en acuerdo con Pablo Moyano, a Sergio Sasia de la Unión Ferroviaria como secretario general de la entidad ahora liderada por el titular de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid.
La otrora oposición en la UTA liderada por Miguel Bustinduy y que controla más de un centenar de líneas de la zona metropolitana y una veintena del interior del país, de un tiempo a esta parte, decidió agruparse en la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA) afiliada a la CTA. Fuentes del sector señalaron a tiempo que todavía no definieron qué actitud tomarán en la jornada de paro aunque desde la CGT adelantaron que “se está conversando con ese sector con el fin de ofrecer resguardo legal en caso de que decidan acompañar la medida”.
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Jajaja si claro, van a desafiliar a la UTA de la CGT.