Los agentes están imputados de “privación ilegítima de la libertad, vejaciones agravadas y torturas, allanamiento ilegal y apremios” por los hechos ocurridos el pasado 31 de mayo en una casa del barrio Bandera Argentina, en Fontana. Parte de los abusos habían sido filmados y viralizados.

Luego del pedido de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, los fiscales subrogantes Sergio Cáceres Olivera y Lilian Irala, de la Fiscalía Especial en Derechos Humanos, ordenaron el martes a la noche la detención de los efectivos que formaron parte del operativo que el domingo 31 de mayo, alrededor de las cuatro de la madrugada, irrumpió en la casa de Elsa Fernández, con el pretexto de una persecución a “dos hombres y dos mujeres” que, un rato antes, habían apedreado la comisaría de Fontana.
En el video que grabó la propia Elsa, y que luego fue difundido por la revista Cítrica, se ve a los policías derribar la puerta de la casa y golpear salvajemente a uno de los sobrinos de la mujer.
En otra filmación, grabada por la Mesa Multisectorial Feminista, Elsa relató que “me abracé a mis dos hijos para que no les pegaran, pero uno de los policías me sacó pegándome con el arma reglamentaria en la cara. A mi hija de once años la agarraron de los pelos, la tiraron al suelo y le pegaron patadas. Después, la arrastraron una cuadra hasta la comisaría. No les importó nada”.
Ya en la comisaria, los efectivos, que se habían llevado detenidos a dos varones y dos mujeres –una menor de edad– siguieron desplegando todo el catálogo de apremios ilegales. Incluso, las mujeres denunciaron que las abusaron sexualmente. Siguiendo con la denuncia de las víctimas, los agentes rociaron a los cuatro con alcohol y los amenazaron con prenderlos fuego mientras les decían que eran unos “indios infectados”.
“Lo que buscamos con una restricción de la libertad es que los sospechosos no ejerzan amedrentamiento o presión sobre testigos o víctimas”, afirmó el fiscal Cáceres Olivera al diario Norte. Con respecto a la denuncia de abuso sexual, el funcionario destacó que “queremos que se recuperen las víctimas y cuando eso ocurra, pretendemos que estén en condiciones para tomarles declaración una sola vez”.
Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, manifestó que “estamos garantizando un abordaje jurídico con perspectiva de derechos humanos y de género, por ello la querella del Estado es clave para terminar con la impunidad y garantizar justicia a las víctimas”.
Los policías detenidos, en tanto, se encuentran alojados en el Cuartel Central de Bomberos y se espera que en las próximas horas declaren antes los fiscales.
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