Chile ante el final de la jubilación privada

Podría calificarse como de un invierno atípico a los meses de julio y agosto en Chile. Es que en medio del frío propio de la estación, el debate en torno al futuro del sistema de pensiones no ha hecho más que calentar el ambiente. Cierto que estos dos últimos meses no han sido más que el último acto de una larga escena de conflictos soterrados, pero de hecho han permitido que la demanda colectiva, ciudadana, social y política de terminar con el sistema de jubilaciones actual salga a la luz pública, convirtiéndose en una amenaza para una élite político-empresarial que ha fagocitado del sistema desde que este fue impuesto en 1981, en plena dictadura de Pinochet.

En 2014, un tranquilo Luis Mesina, ex dirigente sindical bancario y representante del movimiento “No+AFP” cuestionaba las exaltadas defensas del sistema que una serie de periodistas realizaba en medio de un debate televisivo. En el conocido programa Tolerancia Cero, Mesina proponía la eliminación del sistema de capitalización individual forzada por uno de tipo solidario, como los que actualmente imperan en Alemania, Francia o Argentina. Y revelaba que para todos los sectores económicos y políticos del país, la lucha por la recuperación de los fondos de pensiones era “la madre de todas las batallas”.

Cabe recordar que la llamada “capitalización individual” no es más que el principio por medio del cual cada trabajador es obligado a descontar un 10% de su salario real para ser depositado en una cuenta del sistema financiero. Este “ahorro forzoso” es dirigido por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), cuyos directores destacan por su trayectoria política o empresarial. Estos directores, además de recibir sueldos millonarios, provienen de todo el espectro político actual: desde ex ministros de la Concertación hasta gerentes generales de empresas ligadas a la derecha más dura. Ciertamente la preocupación de la élite está puesta en los U$S 160 mil millones acumulados por los trabajadores, de los cuales se estima que un 40% está invertido afuera del país.

En este contexto, la periodista Alejandra Matus reveló, en otro programa de televisión, que sólo un 21,3% de lo que gastan las AFP se destina a pagar pensiones. O sea que menos de un cuarto de los montos totales que las administradoras disponen cada año se invierte en aquello para lo que fueron creadas: cubrir las necesidades básicas de todos quienes por medio de su trabajo sustentaron el sistema. Paralelamente, la Fundación SOL ha develado que aproximadamente un 90% de los jubilados chilenos recibe pensiones inferiores a $ 154 mil, esto es, menos de la mitad del sueldo mínimo establecido por ley.

El tema se ha politizado, permeando en el sentido común popular que la extremadamente injusta distribución de la riqueza ha llegado a un límite obsceno. En la calle, en el transporte público, en las plazas y oficinas se discute acerca del sistema de pensiones. Esta politización encontró su punto álgido el pasado 24 de julio cuando se realizó la primera marcha nacional en contra de las AFP. La marcha convocó a más de un millón de personas en todo el país, produciendo el doble efecto de difundir y profundizar aun más el reclamo en contra del sistema en el tejido social y un nivel de pánico y alerta en el bloque dominante.

Como un paréntesis apareció repentinamente José Piñera, hermano mayor del ex presidente Sebastián Piñera. Este personaje, creador del sistema y ex ministro civil del dictador Augusto Pinochet, emergió de un pasado que parecía olvidado por el Chile actual. Al borde del ridículo, anunció su regreso al país por Twitter, siendo que hace años que residía en los barrios más lujosos de Santiago y se enfrascó en un estéril debate con un periodista de TVN, asegurando que el sistema «es un Mercedes Benz». La aparición del brazo civil de la dictadura, aparte de ser una rémora del pasado, ha sido un éxito para la lucha popular en contra del sistema en su conjunto, debido a su absoluto desprecio por las formas en las que se gestiona actualmente la política.

Como sea, el pasado 9 de agosto y por medio de una cadena nacional televisada, la presidenta Michelle Bachelet anunció una serie de medidas para reformar el sistema. Entre ellas, el refuerzo del “pilar solidario”, mecanismo que subsidia con fondos estatales a 1,7 millones de jubilados que no alcanzan ni siquiera a tener una pensión mínima. Este refuerzo, dijo, se financiará por medio de un aumento del 5% de las cotizaciones con carga al empleador.

La propuesta incluye además reformar el sistema que gestiona los fondos, obligando a las empresas administradoras a devolver las comisiones cobradas a los trabajadores por posibles pérdidas en el mercado financiero. Incluye, además, una propuesta para que los trabajadores cotizantes puedan elegir a aquellos que administran el sistema, eliminación de comisiones ocultas, aumento de la competencia diversificando las licitaciones de carteras de clientes y creación de una administradora de fondos de pensiones estatal, medida que busca incrementar la competencia y acoger a los trabajadores que carecen de cotizaciones.

Finalmente, se propone obligar gradualmente a los independientes a cotizar, al mismo tiempo que se homologarán las tablas de mortalidad para hombres y mujeres, con la finalidad de amortiguar la discriminación contra las mujeres por cuestiones de género. Pero fundamentalmente, se mantendrá lo sustantivo del sistema: la capitalización individual.

De esta forma, el discurso de la élite binominal ha buscado posicionar el problema en los montos de las pensiones y no en la estructura esencialmente injusta del sistema. Sin embargo y como no podía ser de otra forma, los anuncios de la presidenta no impidieron que días después, más de un millón y medio de personas salieran a marchar reclamando por el fin del sistema de pensiones chileno. «