El mandatario chileno anunció que se garantizará el acceso en salud, tanto física como también mental, para las víctimas del estallido social de octubre de 2019, además de un aumento de provisión de funcionarios que contarán con “formación integral en derechos humanos”.
En un acto desde el Palacio de La Moneda, el mandatario anunció específicamente que se garantizará el acceso en salud, tanto física como también mental, para las víctimas del estallido social, además de un aumento de provisión de funcionarios que contarán con “formación integral en derechos humanos”.
El jefe de Estado aseguró que durante el 2023 los lesionados graves y las víctimas por perdigones en manifestaciones podrán recibir una atención integral en salud.
“Sé que es difícil confiar”, dijo el mandatario, ya que fue el propio Estado el que vulneró los derechos humanos durante el estallido social, sin embargo, fue claro al comprometerse a que “esto no puede volver a suceder”, y agregó la necesidad de «trabajar por la memoria, reparación y verdad”.
El presidente explicó que las medidas de reparación integral están a cargo de los Ministerios de Justicia y de Salud, con el apoyo de la senadora independiente Fabiola Campillai, víctima de trauma ocular en el estallido social.
La ministra de Justicia, Marcela Ríos, fue crítica al recordar que la historia de Chile “está tristemente cruzada por graves vulneraciones a los derechos humanos” que no fueron enfrentadas por el Estado.
“Diversos organismos internacionales nos han planteado que nos debemos hacer cargo de estas violaciones. Como Gobierno enfrentamos este deber inaugurando una nueva manera de pensar y de hacernos cargo de las graves violaciones de los derechos humanos”, complementó la funcionaria.
Por otra parte, el Consejo de Defensa del Estado anunció que fue notificado por una demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por la actual senadora Campillai y sus familiares, con motivo de los hechos ocurridos el 26 de noviembre de 2019, en la comuna de San Bernardo, cuando recibió el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por Carabineros que la dejó sin el sentido de la vista, del olfato y del gusto.
Campillai pidió una indemnización de más de 2.200 millones de pesos chilenos (2,4 millones de dólares aproximadamente), pero el Consejo de Defensa del Estado pidió rechazar la demanda.
«Impugnamos el monto demandado por concepto de daño moral por estimarse desproporcionado respecto de los hechos en que se funda”, argumentó la institución.
El Consejo de Defensa es un organismo autónomo del Estado, que lo defiende en este tipo de denuncias.
El estallido social de octubre de 2019 llevó a miles de chilenos a las calles a manifestarse pidiendo justicia social, y según cifras actualizadas en 2021, se registraron más de 8.000 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular.
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