Chile: cuando los valores de la universidad pública argentina al fin cruzaron la cordillera

En el año 1981, durante la dictadura en Chile, mediante un decreto, se implementó la Ley General de Universidades, norma sobre el financiamiento universitario, que redujo el aporte estatal. Se estableció así el arancelamiento universal de la educación superior a través de los rectores delegados que eran miembros de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el rector de la Universidad de Chile, la principal universidad del país, era un general del Ejército.

El arancelamiento universal implicó una gran movilización que fue acompañada de represión por parte del gobierno, expulsión de centenares de alumnos, relegación y encarcelamiento de los principales dirigentes estudiantiles universitarios, etcétera. Aquellos alumnos que no podían pagar el arancel, que eran la gran mayoría, tuvieron que endeudarse forzosamente para continuar sus estudios o, en su defecto, abandonar sus carreras. El gobierno dictatorial entregó un Crédito Fiscal Universitario (CFU) a los alumnos, cuyo aval era el grupo familiar del estudiante. Se firmaba un pagaré por el monto del crédito pero antes, la universidad realizaba un estudio socioeconómico (ingreso del grupo familiar) y ambiental (vivienda, lugar de residencia, integrantes del grupo familiar), lo que rige hasta el día de hoy, para determinar qué porcentaje del arancel se paga al contado y el remanente en la forma de crédito o deuda, el que se ajusta por inflación, más un 2% de interés real.

Con el retorno de la democracia en 1990, comenzaron a vencer esos pagarés de la primera generación de deudores universitarios y se iniciaron las demandas judiciales contra los deudores. Para hacer efectivo el cobro a los deudores (exestudiantes), el acreedor (el Estado), se desprendió de esos pagarés, y los entregó a estudios jurídicos asociados a entidades financieras, para iniciar las acciones legales contra los deudores. A la deuda universitaria original, hay que sumarle los intereses, punitorios y costas legales por falta de pago. De esta forma surgió un mercado de la usura o de los pagarés de los deudores del Crédito Fiscal Universitario, que vieron su deuda multiplicada. Así el Estado vendió o tercerizó el cobro de los pagarés impagos.

En el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), siendo Ricardo Lagos el ministro de Educación, se ofreció a los estudiantes expulsados por motivos políticos, la condonación de parte de la deuda. A ese “beneficio” se pudo acceder por un periodo de tiempo limitado, un par de meses de principios del año 1991. Sin embargo algunos de esos estudiantes no se acogieron a esa moratoria, pues consideraron que estarían legitimando una deuda ilegítima, pues la educación no es una mercancía sino un derecho. Al contrario, tendrían que ser indemnizados por la persecución, expulsión, exilio y represión estatal a la que fueron sometidos.

En el año 2006 surgen los Créditos con Aval del Estado (CAE), es decir, ya no será el grupo familiar el aval, sino el Estado. ¿Qué ocurrió con los deudores del CAE o CFU? El deudor apareció en el Veraz con lo cual no podía acceder a un crédito, ni a una tarjeta de crédito, sumándole a eso dificultades para encontrar trabajo por los antecedentes comerciales, etcétera. Es decir, quedaba proscrito económicamente.

En el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en el año 2015, se promulgó una ley que permitía acceder a la gratuidad a más del 50% de los estudiantes universitarios, que muestran un reducido nivel de ingreso familiar, es decir, una especie de certificado de pobreza. La aplicación efectiva de esa ley fue en el 2018. Ese avance fue consecuencia de varios lustros de protesta estudiantil por la gratuidad de la educación universitaria de secundarios y universitarios, de la cual, Gabriel Boric (el actual presidente de Chile) y Camila Vallejo (la secretaria general de Gobierno) son tributarios.

Por ejemplo, el costo de la carrera de Economía, que en Chile recibe el nombre de Ingeniería Comercial, es de más de 7 millones de pesos chilenos, el equivalente a 7900 dólares anuales (ver aca).

El proyecto de ley presentado al Congreso a principios de semana por el presidente Boric, respecto de condonar parte de las deudas y reorganizarlas, beneficia de manera inmediata a 75 mil deudores y mediata a más de 1,2 millones de deudores. Este universo comprende a los deudores del periodo que transcurre desde 1981 a 2017.

Señalaba un deudor universitario chileno residente en Buenos Aires: “¡Anecdóticamente, a 43 años del decreto de la dictadura de la Ley General de Universidades, me veré teóricamente beneficiado por esta medida del presidente Boric!”.

En síntesis, se volvió con Michelle Bachelet al punto de partida del sistema de financiamiento universitario existente en Chile previo a 1981. Se puso fin al sistema de arancel universal de la dictadura y de endeudamiento compulsivo de los estudiantes y su familia. Con Boric se enfrenta el problema de los deudores históricos, y en este pequeño avance de los chilenos, la universidad pública con cogobierno, gratuita y de calidad de la Argentina fue faro y ejemplo de lucha de los estudiantes chilenos y de su actual presidente y secretaria general de la Presidencia.