Los funcionarios cerraron una investigación debido a que el caso se centraba sobre unas conversaciones que fueron fraguadas por los uniformados.

En medio de declaraciones de fiscales y altas autoridades de Carabineros, como el general Gonzalo Blu, los policías temuquenses no colaboraron con la Fiscalía e impidieron que retiraran información, amparados en que debían avisar con 48 horas de anticipación sobre el procedimiento, consignó Radio Bío-Bío.
Las diferencias llegaron a altos momentos de tensión, expresados en la concurrencia de Fuerzas Especiales, carros lanza aguas y lanza gases hasta la comisaría en que se desarrollaba el allanamiento para incautar computadoras y material de la causa.
La decisión es mantener el cuartel sellado hasta que se destrabe el conflicto que involucra a la Fiscalía, Carabineros, y al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, reportó el diario Uchile.
La Fiscalía regional anunció la apertura de una nueva investigación por los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación por parte de los funcionarios de Carabineros.
Para Jorge Abbot, jefe nacional del Ministerio Público (Fiscalía), la situación reviste carácter de «irregular, gravísima e inédita».
Por su parte, Carabineros defendió la legitimidad de la «Operación Huracán» lanzada contra dirigentes mapuches radicales en el sur del país, frente a la denuncia de la Fiscalía de que las pruebas en que se sustentaba habrían sido «implantadas» en una supuesta manipulación del caso. «Nuestra investigación fue y está amparada en la legislación vigente», afirmó en una rueda de prensa el general Gonzalo Blu, jefe de la Dirección de Inteligencia de la institución, citado por la agencia EFE.
El gobierno, que ordenó una investigación interna en Carabineros para esclarecer los hechos, consideró a través del ministro del Interior en funciones, Mahmud Aleuy, que de comprobarse la veracidad de las denuncias, «el costo institucional será muy alto» para la policía. «Frente a los graves y complejos hechos denunciados, el gobierno no hará juicios apresurados; se deben mantener los canales judiciales que establece la ley y vamos a solicitar el máximo celeridad en el esclarecimiento en estos hechos», dijo Aleuy a los periodistas.
La defensa de los mapuches, en tanto, anunció que pedirán el sobreseimiento definitivo de los ocho dirigentes detenidos en septiembre, actualmente en libertad. Los ocho fueron detenidos de forma simultánea y acusados de actos terroristas como la quema de decenas de camiones. Entre las pruebas, la policía exhibió conversaciones de Whatsapp en las que se coordinaban para cometer los atentados. Según la Fiscalía, dichas conversaciones habrían sido «plantadas» en los celulares de los comuneros.
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