Chile: la última escena del fracaso constituyente

En la madrugada del 15 de noviembre de 2019, mientras el humo de las barricadas perfumaba el aire santiaguino y la efervescencia popular ponía en jaque al sistema político que gobernó los 30 años de la posdictadura, la mayoría de los partidos firmaba el “Acuerdo paz social y la nueva Constitución”, un pacto que buscaba evitar el colapso institucional concediendo una de las principales demandas del estallido: tumbar la Carta Magna pinochetista.

Sobrevino, un año después, el primer plebiscito con un apabullante “Apruebo” del 78% que derivó en un proceso constituyente hegemonizado por fuerzas de izquierda y movimientos sociales, que redactaron un texto de avanzada. Por múltiples factores (feroz campaña de noticias falsas, errores propios, voto castigo al presidente Boric), la historia terminó naufragando con un 62% de rechazo en el plebiscito de salida en septiembre de 2022.

El segundo intento constituyente nació con otras reglas y, sobre todo, con otros protagonistas. Primero fue designada por el Congreso una “comisión de expertos” para crear un anteproyecto y acompañar al nuevo Consejo Constitucional. Este órgano se conformó tras unas elecciones en mayo de este año que le dieron el triunfo al Partido Republicano, paradójicamente el único que se había opuesto al pacto de 2019 y a cambiar la Constitución de Pinochet.

Este creciente espacio de ultraderecha —que además llegó al balotaje de 2021 con José Antonio Kast— obtuvo 23 de las 51 bancas y, junto a la derecha tradicional que logró 11, monopolizaron cómodamente la redacción del nuevo texto, que será votado este domingo en un enésimo plebiscito donde las y los chilenos deberán marcar “A favor” o “En contra”. Si gana la segunda opción, lo que parece más probable, ya no habrá un nuevo proceso.

La Kastitución

Si la Constitución de 1980 ha funcionado como un corset que limitó un desarrollo más igualitario y edificó un modelo de país al servicio del paradigma neoliberal, la elaborada este 2023 marca incluso algunos retrocesos.

Suma un artículo que “protege la vida de quien está por nacer”, lo que abre la puerta a eliminar el aborto vigente en las tres causales y permite la “objeción de conciencia” tanto personal como institucional. Además, limita la discusión sobre los cuidados como un problema público y no considera a la paridad de género como un principio a implementar.

Consultada por Tiempo, Manuela Royo, referente socioambiental y miembro de la constituyente anterior, advierte que “es una propuesta muy regresiva en materia ambiental, que no cumple con los estándares contemporáneos respecto a la protección de la naturaleza. Abre un campo de acción para la justificación del daño ambiental cuando éste produzca beneficios económicos, desconociendo el contexto de crisis climática. Además, mantiene la propiedad privada del agua y profundiza el modelo extractivista”.

En el plano de la salud, consagra el actual sistema de seguros privados, altamente costoso, y en cuanto a las pensiones se establece también la elegibilidad entre un sistema privado o público, dejando de lado la posibilidad de alguna forma de reparto solidario.

El texto implica también un estrechamiento de la democracia, al asumir una posición favorable a las empresas como entes organizadores de la vida colectiva mientras atenta contra las y los trabajadores limitando el derecho a huelga.

Otras enmiendas polémicas son la exención tributaria de la primera vivienda -que beneficia a las personas de mayores ingresos- y la que otorgaría domiciliaria a los presos mayores de 75 años que padezcan enfermedades terminales, lo que favorecería a los represores de la dictadura condenados por delitos de lesa humanidad.

Para Royo, en síntesis, “es una propuesta que sólo beneficia a un sector muy reducido de la población, a las personas con mayor poder económico, lo que se manifiesta también en la exención de impuestos. Es una Constitución hecha a la medida de la nueva derecha republicana, muy extrema, religiosa, patriarcal, que logró imponer sus valores ultraconservadores”.

El proyecto parece más bien un programa del Partido Republicano. La votación, entonces, más que plebiscitar la gestión de Boric (cada vez más deslucida), será esta vez un termómetro para testear la proyección de Kast, un gran aliado de Javier Milei, para las presidenciales del 2025. De ahí que todas las fuerzas sociales, progresistas y de izquierda hayan apostado al rechazo, como lo hizo con fuerza la expresidenta Michelle Bachelet.

Del estallido al neopinochetismo

Resulta difícil asimilar cómo Chile pasó de aquel momento destituyente a este presente antagónico, incapaz de plasmar toda esa rabia en un proceso constituyente transformador. Una suerte de fin de un ciclo marcado por la desesperanza y el hastío que abrió paso a una gran contraofensiva conservadora.

Al calor de esta derrota histórica, lo que está en juego ahora es el fortalecimiento o no de otro experimento de ultraderecha en América Latina.