Chile: una ley de mano dura como respuesta a extraños asesinatos de carabineros

El cabo primero Daniel Palma Yáñez participaba de un procedimiento policial cerca del Teatro Caupolicán, en el Barrio Matadero Franklin, uno de los más antiguos de Santiago. Se produjo un confuso enfrentamiento con los ocupantes de un Chevrolet Sonic. El carabinero recibió dos disparos en la cabeza y falleció. La indignación mediática creció cuando se disparó la versión de que se trataban de «extranjeros» y que uno de ellos sería venezolano.

Fue el miércoles último. Su esposa, también carabinera, está embarazada y tiene un hijo de cuatro años.

Habían pasado 23 días del primer asesinato: el cabo primero de carabineros Alex Salazar, 37 años, casado y padre de dos niñas fue atropellado durante un procedimiento policial en pleno centro cívico de Concepción. Dijeron que fue un ciudadano venezolano. Y hace dos semanas, la sargento de carabineros Rita Olivares, chilena, 43 años y madre de dos niños, fue baleada cuando se bajó del auto policial para atender una denuncia por robo en Quilpué, 120 km al oeste de Santiago.

La rapidez del Senado

Horas antes del tercer asesinato, el martes a la madrugada, luego de un tenso debate de más de diez horas, el senado había aprobado la Ley Nain-Retamal, una legislación muy controvertida, cuyas normas modifican el Código Penal y establece la «legítima defensa privilegiada» de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil, «cuando cumplen tareas de orden público y seguridad interna». Busca «reforzar y proteger su función». Aumenta las penas por delitos cometidos contra agentes de seguridad, incluso en algunos casos hasta la perpetua.

Es el centro del debate sobre los 30 articulados que componen la ley. Recibió un fuerte cuestionamiento y rechazo de organismos de DD HH y también de un arco político que incluye a fuerzas del oficialismo. Se refieren a la nueva normativa como la ley de gatillo fácil.

Por caso, Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional en Chile sin cortapisas señaló que «implica un enorme retroceso en materia de Derechos Humanos».

Mano dura

La reacción del gobierno fue diferente. «Son los delincuentes los que deben sentir miedo, no las instituciones ni menos la ciudadanía honesta y trabajadora», afirmó Gabriel Boric, al anunciar la firma de la promulgación de la ley. Lo hizo a menos de 24 horas de ser aprobada en el Senado. Lo hizo a pesar de que algunos parlamentarios de su coalición le pidieron públicamente que la vetara. El presidente no sólo le dio validez a la ley, sino que pocas horas después, tras una tensa reunión de gabinete en el Palacio de la Moneda, decidió intervenir 30 municipios que concentran a un tercio de la población: allí trascurre la mitad de los hechos violentos.

La secretaria de Gobierno, Camila Vallejo, explicó que el arranque del plan estaba programado para mayo, pero el presidente pidió adelantarlo, tras la muerte del cabo Palma. Evitó pronunciarse respecto del pedido de diputados opositores sobre el director de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, cuando se difundió la versión no confirmada de la presencia de venezolanos entre los asesinos.

Por su parte, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, efectuó un encendido discurso en la despedida de Palma. «Matar a un carabinero, es atentar contra el alma de nuestra patria». Fue en la misma dirección que el establishment mediático que en su conjunto volvió a pedir mano dura y saludar a las nuevas leyes de mayor punitividad.

Impunidad

Por el contrario, el senador socialista, José Miguel Insulza, se opuso a la nueva ley y acusó: «No se puede hacer política con la vida de la gente eso es muy riesgoso. Se está privando de responsabilidad de mando a los jefes de organismos verticales. Es una aberración». Por su lado, el legislador comunista Daniel Núñez cuestionó el oportunismo político en la aprobación de la ley. «¿Fue casual o un problema formal? No. Aquí había una intención de aprovecharse del dolor del país. Es una actitud canallesca. No debaten en serio una ley que beneficie realmente a Carabineros y a la PDI. Lo que quieren es aprovecharse del dolor». Por su parte, la senadora Fabiola Campillai, de la izquierdista Apruebo Dignidad, perdió la visión, olfato y gusto en 2019 en medio de la represión de los estallidos sociales por el disparo de un Carabinero, Patricio Maturana. Ella fue electa senadora en 2021 y participó del debate por la nueva ley. Votó en contra y advirtió con dureza: «Esta ley puede darle darle impunidad a la persona que me disparó».