Chile: una sociedad volátil

Una comisión de expertos nombrados por el Congreso Nacional, luego de un trabajo de tres meses, aprobó el último martes un anteproyecto de Nueva Constitución en Chile que revisará y corregirá el Consejo Constitucional a partir del 7 de junio. Los integrantes del Consejo Constitucional fueron electos por el voto popular el pasado 7 de mayo y su composición es la siguiente: la ultraderecha representada por el Partido Republicano obtuvo por el voto popular, 23 de los 51 escaños y la derecha tradicional 11. De los 17 lugares restantes, uno es de los pueblos originarios y 16 de la centroizquierda.

¿Qué ocurría en el año 2021? En la Convención Constitucional la derecha obtenía 37 de 155 lugares. En el 2023 la derecha obtiene 34 lugares de un total de 51, es decir, se tiene un Consejo Constitucional controlado por la derecha que puede proponer una Constitución semejante a la del año 1980, impuesta por la dictadura en un plebiscito fraudulento.

Lo anterior muestra la volatilidad del electorado chileno. En menos de dos años se pasó de una propuesta de Constitución maximalista que quería sepultar al neoliberalismo y que fue rechazada por los votos en septiembre de 2022, a otra propuesta de Constitución que surgirá de un Consejo Constitucional controlado por la ultraderecha, y que de aquí al 17 de diciembre trabajará en un proyecto que será plebiscitado en esa fecha.

Pero no se parte de cero, con avances y retrocesos hay consenso de la derecha e izquierda parlamentaria de una Nueva Constitución que tenga la legitimidad de ser democrática. El texto de la dictadura ha sido reformado 64 veces, lo que muestra sus deficiencias o vacíos.

Enumeraremos algunos cambios que propone el anteproyecto de Nueva Constitución con respecto a la Constitución de 1980:

1. Protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo, considerando a las actuales y futuras generaciones.

El Estado implementará medidas de mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático.

2. Mecanismos de participación y democracia directa.

Con un 4% del padrón electoral, se podrá proponer una iniciativa de ley, que el Congreso considerará estar de acuerdo o no. Con el 3% del padrón, se podrá proponer la revocación de una ley, y someterse a referéndum.

3. Un Estado social en contraposición al Estado subsidiario actual.

La propuesta señala: Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas.

4. Pueblos indígenas e interculturalidad.

Tienen reconocimiento constitucional «como parte de la Nación chilena, que es una e indivisible». El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados.

5. Los nuevos derechos.

La libertad sindical que comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. El derecho a una vivienda adecuada. El derecho al agua y al saneamiento.

La partidocracia que ha gobernado Chile desde 1990 es lo suficientemente racional como para encauzar la demanda de una nueva Constitución, que surgió en la Revuelta de octubre de 2019. La respuesta en ese momento fue la represión, que se manifestó en la mutilación ocular de 455 jóvenes.

Hoy la pelota la tiene la derecha, lo que requiere una autocrítica de los sectores «progresistas». El resultado no será una Constitución tan radical como la que fue rechazada en 2021, pero será mejor para el establishment que la de 1980. Es una tarea pendiente seguir sembrando conciencia y la organización de la energía de la Revuelta.

 También es una oportunidad de la derecha de generar las condiciones para una mayor estabilidad sistémica con una Constitución acorde a la época.   «