Chubut, entre el default y la emisión de cuasimonedas

Los estatales de Chubut definirán mañana la continuidad del plan de lucha que desarrollan en contra del plan de ajuste del gobierno provincial y en particular contra las irregularidades en el cumplimiento de los pagos de salarios y haberes.

La administración provincial anunció la semana pasada un cronograma para pagar los sueldos en tres partes por lo que los trabajadores encuadrados en ATE definieron un paro por 48 horas. 

El jueves, tras conocerse el fallecimiento de un comisario inspector de la policía provincial, quien sufrió un paro cadiorrespiratorio durante una protesta de los estatales frente a la Casa de Gobierno chubutense, los trabajadores definieron levantar la medida de fuerza en señal de respeto.

El viernes el secretario general de ATE Chubut, Edgardo Hompanera, anticipó que los trabajadores llamarán al gobierno del justicialista Mariano Arcioni para retomar el diálogo. En caso de que el gobierno no responda positivamente, evaluarán mañana, desde las 11, cuáles serán los pasos a seguir en el marco de la protesta.

Además del incumplimiento salarial, Hompanera denunció la situación de 1800 estatales que trabajan en condiciones de precariedad, tercerizados o cobrando salarios que corresponden a categorías de menor rango.

Chubut atraviesa por una crisis mayor. El gobierno emitió un bono el último jueves para cumplir con pagos a proveedores desde 2015 ya que no puede hacerlo en efectivo.

Esa decisión expuso la situación financiera de la provincia y renovó las críticas de la oposición. El gobierno tuvo que salir a aclarar que no se trata de una cuasi moneda: «No se pueden emitir cuasi monedas porque está prohibido por la ley de responsabilidad fiscal. Esto es un título que para ser emitido necesita no solamente al aprobación de la Legislatura, sino también cumplir con la ley y tener la autorización del Ministerio de Economía de la Nación», señaló el subsecretario de Coordinación Financiera, Luis Tarrío, al diario El Chubutense.

Según se informó, el bono chubutense no va a cotizar en el mercado y contará con el respaldo de los recursos de coparticipación.

En 2017, Chubut encabezó la nómina de provincias con mayor peso de deuda en su economía en un ranking que elaboró el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, al tener que disponer el 14,6% de sus recursos tributarios al pago de intereses de deuda. Este año la provincia debe afrontar vencimientos por $ 7000 millones, de una deuda que fue emitida en dólares en un 75 por ciento.

Chubut estuvo a punto de entrar en default en febrero pasado, cuando Arcioni advirtió que el erario provincial no estaba en condiciones de afrontar los pagos inmediatos de deuda. Lo salvó un aporte de 800 millones de pesos de la Nación.

La suba del gas vuelve a golpear a Tierra del Fuego, una provincia dependiente de la calefacción

 El golpe al bosillo sumó esta semana un nuevo aumento del gas, que en el inicio del otoño y con las bajas temperaturas comenzará a padecerse, sobre todo, en aquellas regiones del país donde el frío es una presencia constante. En la Patagonia, la módica tarifa diferencial llevó el último incremento a tasas del 29 al 36% para el caso de los hogares de menor consumo (categorías R1 a R23). 

En Río Grande, Tierra del Fuego, donde en junio de 2016 –y frente a boletas que iban a llegar con subas de hasta el 1600%– el municipio que comanda el intendente Gustavo Melella interpuso un amparo con las firmas de 26 mil vecinos que entonces consiguió frenar y eventualmente morigerar los aumentos, el impacto en la calidad de vida es sin embargo cada vez mayor. 

En dos años, la tarifa creció arriba del 560 por ciento. «Ha sido tremendo, con un cuadro tarifario que consideramos obsceno en una provincia que es la segunda productora de gas y que lo necesita para la generación eléctrica –explica Moisés Solorza, secretario gremial del Sindicato de Petroleros Jerárquicos y uno de los impulsores del amparo y del «frazadazo» que respondió a los dichos del ministro Frigerio sobre los patagónicos que “andaban en remera”–. Yo presenté un proyecto de ley que busca que todo esto no sea sólo una cuestión declamativa, y que todavía duerme en la Legislatura, para declarar el gas como un derecho en Tierra del Fuego, puesto que es impensado sin esa prestación básica el desarrollo humano en esta región, altamente sensible en términos geopolíticos, porque incluye en su territorio a las Islas Malvinas y porque es epicentro de fuertes intereses extractivos que importan a empresas extranjeras, pero también y sobre todo por la rigurosidad del clima, con una sociedad absolutamente dependiente de la calefacción. Es una inmoralidad que el gobierno provincial permite la exportación de gas licuado a Chile mientras nuestros comprovincianos en situación vulnerable tienen que arrastrar garrafas hacia la montaña en Ushuaia y aquí en Río Grande, en los barrios más carenciados, mucha gente apela a métodos alternativos de calefacción: braseros, trapos embebidos en combustible o palettes que se descartan de la industria electrónica. El hospital se atesta de chicos y adultos mayores con enfermedades respiratorias, y se registran más muertes por inhalación de monóxido de carbono e incendios en viviendas de la Margen Sur”. 

Los aumentos, agrega Solorza, «desnudan las enormes transferencias de los usuarios a las empresas productoras, transportistas y distribuidoras, que se enriquecen en dólares y ocultan sus estructuras de costos, sin revelar cuánto les cuesta realmente el millón de BTU en boca de pozo». «