Cierran programas de salud mental

El director nacional de Salud Mental, Andre Blake, ha decidido cerrar Casa SIS (Salud con Inclusión Social), una experiencia inédita de dispositivos de inclusión social para personas con padecimiento mental en conflicto con la ley penal o bien institucionalizadas en algún hospital monovalente, es decir, de una sola especialidad.

Casa SIS se encuentra en la mira de Andre Blake desde febrero de 2016, en que Casa SIS contaba con, aproximadamente, 23 profesionales hasta la actualidad, en que el número se redujo a apenas unos cuatro. Ni los usuarios (el término pacientes no está acorde a la Ley de Salud Mental que promueve el trabajo interdisciplinario) ni los profesionales fueron tenidos en cuenta a la hora de tomar esta decisión.

La falta de información y de canales institucionales para contener a estas personas agravan la situación y hace peligrar el derecho a la salud de este colectivo en situación de alta vulnerabilidad. Cómo el Estado, que es el responsable de sostener y restituir derechos, puede actuar en contra de ellos es una pregunta que emerge con fuerza en este caso y requeriría una pronta acción para proteger a los afectados. Pero, todo indica que el interés estatal está dirigido a reducir programas sociales, sin importar el costo.

Casa SIS es un dispositivo que funciona dentro de un programa conjunto de los ministerios de Salud y Justicia. El viernes pasado les comunicaron a los profesionales que este viernes funcionaría por última vez. Blake es sindicado como artífice de este desmantelamiento, aunque no lo hizo mediante una comunicación fehaciente, sino que el lunes tuvo reuniones individuales con los profesionales, que fueron quienes tuvieron que asumir la tarea de trasmitir esta información a los usuarios. De este modo, quedaron librados al azar de sus propias habilidades, que es justamente sobre lo que este dispositivo de salud trabajaba.

Las personas que forman parte de este dispositivo están en proceso de externación y, como parte de esta situación, además de continuar con sus tratamientos, asisten a los talleres que ofrece Casa SIS –hay talleres de habilidades sociales, neurocognitivos, de música, de huerta, entre otros–, que apuntalan el proceso de externación y favorece su inclusión en la comunidad. Todos estos mecanismos se enmarcan en la Ley 26.657, de Salud Mental y Adicciones, de 2010, que expresa que las internaciones son un recurso excepcional, y aquellos individuos que si bien están en condiciones de ser dados de alta, pero que no estén preparados para vivir de forma independiente, dispongan de un mecanismo comunitario para realizar esa transición.

Celeste Fernández es una de las abogadas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que está acompañando y asesorando a los usuarios frente a la desarticulación inconsulta de este espacio, y explica que “Casa SIS ayuda a que los usuarios sean más autónomos, que establezcan vínculos más saludables con las personas que los rodean, y en este momento se encuentran muy angustiados, porque temen que al desaparecer estos talleres ellos puedan tener alguna recaída”.

Según relata Fernández, los profesionales recibieron la notificación de que los usuarios debían ir por su cuenta al Hospital en Red Laura Bonaparte (ex Cenareso) a entrevistas de derivación. Pero lo cierto es que no hubo instancias institucionales de comunicación y, al no mediar comunicación oficial, no hubo una respuesta acorde a la necesidad de esta población.

Fernández, que es integrante el área de Discapacidad y Derechos Humanos de la ACIJ, advierte de los riesgos de que una población tan vulnerable quede sin contención, ya que incluso, en el caso de que pudieran insertarse en nuevos programas o dispositivos, romper los grupos de pertenencia, implica una vulneración de un proceso muy complejo. Desde la ACIJ, se está asesorando a los pacientes en las aristas judiciales que les queda para revertir esta medida.

“La situación se caracteriza por la poca claridad, a pesar de que el dispositivo cierra hoy, no hay información disponible”, cuenta Fernández, y destaca que “el problema más preocupante es que se afecta el derecho a la salud de estas personas. Se trata de un colectivo en situación de vulnerabilidad por lo que interrumpirles una prestación, que además ellos valoran y que puede repercutir negativamente en su estado de salud y emocional, es realmente riesgoso.”