La UIA pidió políticas concretas para frenar el golpe de las importaciones. La industria pyme advirtió por el impacto social y económico de los cierres. El gobierno teme un complot para afectar la reforma laboral.
La Unión Industrial Argentina (UIA) lamentó “profundamente” la decisión de la empresa y expresó “gran preocupación” por la desactivación de un negocio nacional con varias décadas de trayectoria.
La central empresaria apuntó que el sector industrial recortó 65 mil puestos de trabajo en los últimos dos años, una caída del 5,4% que coincide con el primer tramo del gobierno de La Libertad Avanza.
“Desde la UIA queremos ser claros -remarca el texto difundido este miércoles: la industria argentina pide igualdad de condiciones para competir, con un esquema impositivo razonable, financiamiento accesible, infraestructura eficiente y un marco laboral moderno. Cuando esas condiciones no existen la apertura sin convergencia competitiva termina destruyendo capacidades productivas, empleo y conocimiento acumulado durante décadas”.
En ese contexto, ratificó su «compromiso de trabajar junto al sector público y los trabajadores en una agenda de competitividad que permita sostener y multiplicar el entramado industrial argentino”.
El llamado se produce pocos días después de que la UIA se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo.
En esa oportunidad los industriales informaron que el funcionario se comprometió a estudiar las propuestas de la central para reactivar la actividad industrial. Sin embargo, en el feriado de Carnaval, Caputo se quejó de las empresas, porque no festejan públicamente las reformas económicas que el Ejecutivo envió al Congreso.
Antes de que estallara el cierre de Fate, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, destacó el “proceso de ordenamiento macroeconómico, de baja de la inflación, de ordenamiento de las cuentas públicas” en el gobierno de Javier Milei, pero apuntó al medio Infobae que “los precios del sector industrial cayeron por encima de todo el resto de la economía, por eso el esfuerzo lo hizo el sector industrial”.
Trascendidos de este miércoles indican que la decisión de la fábrica de San Fernando disparó una crisis en la Casa Rosada, que habría reaccionado furiosamente contra el presidente de la empresa, Javier Madanes Quintanilla, hombre fuerte del empresariado argentino, también dueño de la compañía Aluar, entre sospechas de que el cierre tiene poco de casual un día antes del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación.
Otra versión dice que en Balcarce 50 también apuntan contra la conducción del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), pero los comunicados de las empresas no atribuyeron ningún nivel de responsabilidad al gremio.
El martes, el titular de la UIA elogió el proyecto laboral del oficialismo al que definió como “un nuevo régimen que va a dar previsibilidad al marco laboral”, aunque resaltó que “la generación de empleo depende de muchos factores, fundamentalmente de que se reactive la economía”.
Industriales Pymes Argentinos (IPA) hizo el mismo llamado a una mesa para definir políticas que frenen el impacto de la crisis en el sector y en el empleo.
“Solicitamos al gobierno nacional y al Honorable Congreso de la Nación que impulsen con carácter urgente una agenda de diálogo y medidas concretas orientadas a sostener la actividad industrial, preservar el empleo y garantizar condiciones de previsibilidad que permitan a las empresas producir, invertir y crecer”, reclamó la entidad a través de una carta.
IPA planteó que el cierre de Fate en San Fernando es un indicador de la situación de la industria en general y se sumó a la preocupación por el impacto social y económico: “cada empresa que cierra es capacidad productiva que se pierde, inversión que se paraliza y empleo que desaparece”, puntualizó el mensaje de las pymes.
El caso de Fate apenas empieza y dará tela para cortar, con la incógnita centrada en la situación del resto de las fábricas de neumáticos que operan en el país.
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