Se acusa a los directivos de la comunidad para recuperación de adicciones de homicidio, reducción a la servidumbre, asociación ilícita y estafas por el fallecimiento de cuatro personas en el incidente de febrero de 2021.
En los últimos días, el juez Nicolás Ceballos ordenó la detención de dos directivos, dos profesionales y una trabajadora administrativa. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en calidad de Mecanismo de Prevención contra la Tortura, es particular damnificada institucional en la causa penal. El director de la comunidad, Alan Emmanuel Cambra Sarife, ya estaba detenido desde que sucedieron los hechos.
“Los detenidos y detenidas están acusados por homicidio, asociación ilícita, estafa y reducción a la servidumbre”, detalló a Tiempo Roberto Cipriano García, secretario general de la CPM. “El establecimiento no estaba habilitado. Las personas allí alojadas eran sometidas a aislamiento extremo, castigos, sobre-medicación y un abordaje tratamental que no respetaba la Ley de Salud Mental”, denunció.
El incendio ocurrió el martes 22 de febrero de 2021 y ese día murieron cuatro personas. “La comunidad terapéutica no poseía ningún matafuego ni plan de contingencia en casos de emergencia, los colchones no eran ignífugos y todas las ventanas de las habitaciones tenían rejas, impidiendo las tareas de rescate intentadas por las personas del lugar”, aseguró García. “Las víctimas estaban sobre-medicadas por el cóctel y cantidades de psicofármacos que les suministraban, ni siquiera tuvieron la posibilidad de reaccionar ante el siniestro”, aseguró.
Las cuatro personas fallecidas tenían entre veinticinco y cuarenta años y otras veintidós alojadas en la comunidad sobrevivieron a las llamas y el humo. “Algunas de ellas quedaron con secuelas emotivas y psíquicas que agravaron su condición de salud mental”, definió García.
Cuando ocurrió el incendio -una semana después- fue detenido Cambra Sarife. En ese momento intervino el fiscal Germán Camafreita Steffich. “Con el avance de la pesquisa, la justicia ordenó la detención de otras cinco personas que cumplían funciones directivas, técnicas y profesionales en el establecimiento”, señaló. “Las imputaciones son por dieciséis hechos que incluyen los delitos de homicidio, asociación ilícita, estafa y reducción a la servidumbre” agregó el secretario.
En los últimos días el fiscal pidió al juez de garantías Nicolás Ceballos que ordene la detención del codirector de la comunidad terapéutica, Alejandro Merenson. También se requirió la prisión de la vicedirectora, Eliana Wadrick, la funcionaria administrativa, Alejandra Machado, el psiquiatra Fabián Samsolo y la psicóloga Alejandra General.
Al momento del incendio, veintiséis personas con problemas de adicción estaban alojadas en la comunidad Resiliencia San Fernando. Permanecían en condiciones de “aislamiento extremo por más de 23 horas diarias, sufrían hacinamiento y sobre-medicación, cóctel de psicofármacos y graves violaciones a sus Derechos Humanos”, dijo García.
“El fiscal determinó que los imputados conformaron una asociación ilícita y, simulando dirigir una comunidad terapéutica mediante engaños, ocultaban que carecían de habilitación. Lo hicieron aprovechándose de la extrema vulnerabilidad de las personas allí cautivas”, describió García. “En esas graves condiciones de internación, sin respetar los principios de la Ley Nacional de Salud Mental y, sin contar siquiera con la habilitación para su funcionamiento, ocurrieron las muertes de cuatro personas”.
Los directivos Alan Cambra, Alejandro Merenson, Eliana Wadrick y la funcionaria administrativa Alejandra Machado están acusados de los delitos de homicidio, reducción a la servidumbre, asociación ilícita y estafas. Los profesionales médicos Fabian Samsolo y Alejandra General están acusados por los mismos delitos con la excepción de las estafas.
Desde que ocurrió el incendio, la Comisión Provincial por la Memoria interviene en la causa como particular damnificado institucional. Lo hace junto al Consejo Municipal contra la Violencia Institucional de Ramallo. En esos momentos -junto a los sobrevivientes- presentaron un hábeas corpus colectivo y otros individuales a favor de los usuarios y reclamaron la clausura del lugar.
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