Especialistas desmitifican postulados del sector punitivista que aprobó el proyecto de los 14 años de LLA en Diputados: carece de sustento, los países con estas leyes tienen más tasa de homicidios, y la incidencia de los delitos de jóvenes es ínfima. Más cárceles, menos educación.
El nuevo Régimen Penal Juvenil, impulsado por Patricia Bullrich, obtuvo este jueves media sanción tras 149 votos a favor y 100 en contra. “Se trata de un rejunte del proyecto original del gobierno con las modificaciones que propusieron las fuerzas de la oposición, de manera complaciente o cómplice”, sintetizó la abogada Claudia Cesaroni, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), quien añadió: “Se vuelve a fijar la edad en 14 años, como en la dictadura”.
Entre otros cuestionamientos, Cesaroni hizo hincapié en el criterio para establecer la edad: “Sin ninguna justificación, hasta hace dos días el proyecto del gobierno era de 13. Hace unos años, el proyecto de Bullrich, cuando era ministra de Mauricio Macri, era de 15 años. No hay ninguna razonabilidad, ni explicación basada en datos, estadísticas o casos que explique por qué saltan a 15, 14 y 13, alternativamente”. Especialistas coinciden: los niños y niñas saben desde pequeños qué está bien y qué está mal. No ocurre a los 14 o a los 13: “La discusión no es si entienden, sino si el Estado decide aplicar o no el sistema punitivo”.
El gobierno decidió asociar el delito -incluso los más graves- a los menores de edad. La exdefensora nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Argentina, Marisa Graham, precisó a este diario que “estamos discutiendo bajar la edad penal cuando más del 99% de los chicos no tiene ningún conflicto con la ley”. En este caso, la abogada aclaró que “la conflictividad está concentrada en muy pocas jurisdicciones: Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y el conurbano bonaerense, principalmente en el primer y segundo cordón, y en parte del tercero. El resto del país no tiene delitos cometidos por chicos”.
Los datos oficiales de 2024 establecen que en el territorio bonaerense, por ejemplo, apenas el 0,3% de los adolescentes de 16 y 17 años estuvo involucrado en una investigación. O, lo que es lo mismo: 1802 jóvenes sobre una población de más de 555.000. “No existe ningún baño de sangre protagonizado por menores de edad, como se quiere instalar”, insistió Graham.
El Ministerio Público Fiscal de la Provincia registró en ese mismo período 1.105.189 investigaciones penales de las cuales 22.687, solo el 2%, están vinculadas a menores de 16 y 17 años. Desde el 2009, cuando ellos representaban el 4,3% del total de las causas, las cifras vienen en descenso.
Graham resumió que los delitos cometidos por esta franja etaria son contra la propiedad: robos, hurtos, algunos robos con armas: “Los delitos graves (homicidios, violaciones) son estadísticamente ínfimos, tanto por debajo como por encima de los 16 años”.
A contramano de las estadísticas y de su propio discurso, el régimen de Milei impuso la idea de la necesidad de esta norma ante el flagelo de la inseguridad. Sin embargo, “Bullrich había anunciado que el delito había bajado en Argentina, especialmente el homicidio”, sentenció el juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, uno de los referentes que se opone a la baja. El magistrado le dijo a Tiempo que “en América Latina sólo dos países tienen la edad de 16 años para poder castigar: la Argentina y Cuba. Sorpresivamente, son los países que tienen las tasas de homicidios más bajas; 3,8 cada 100 mil habitantes Argentina y 3,2 o 3,4 Cuba”.
Por si fuera poco, el oficialismo puntualizó en varias oportunidades que de este modo Argentina se asimilaría a lo que sucede en países vecinos como Uruguay, que fijó la edad en 13; o Brasil, que la tiene en 12. Lo que los voceros prefieren no decir es que esos mismos países tienen las tasas de homicidios más altas: 10,3 y 20 cada 100 mil habitantes, respectivamente. Lidera el ranking Ecuador: tiene hoy la tasa más alta de homicidios y una edad de punibilidad de 12 años desde hace más de tres décadas.
La ultraderecha también machaca con la idea de que los delincuentes en general, y los menores en conflicto con la ley en particular, entran por una puerta e instantáneamente salen por la otra. “Es un mito la puerta giratoria. Los chicos que cometen delitos graves no recuperan la libertad tan rápidamente. Hay todo un abordaje y un contexto en el que se analiza ese delito”, advirtió Morabito. Y continuó: “Decir que hay impunidad en el delito adolescente es faltar a la verdad. Por ejemplo, si tomamos el caso de hace dos años, el chico de 13 años que mató a un compañero en Laboulaye, Córdoba, pasó mucho tiempo en el complejo Esperanza, privado de la libertad con otros chicos que sí eran punibles”.
En esa misma línea, Graham dijo que “hay chicos no punibles privados de libertad, otros bajo sistemas de protección de testigos, otros con medidas de protección. La puerta giratoria existe para los ricos, no para los sectores vulnerables”. Cesaroni añade: “Tenemos un nivel de prisionización altísimo, 258 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, cuando la media mundial no llega a 200. Es más alto que en muchos países de América Latina, incluso que pasan por situaciones de mayor violencia como Colombia o Venezuela”. Y apuntó que casi la mitad de la población penal está procesada, no está condenada: “No hay puerta giratoria, al revés. Hay violación del principio de inocencia”.
Las fuentes consultadas coincidieron en señalar que la problemática debe abordarse (no ser indiferentes) pero no de modo penal. “Siempre dijimos que por debajo de la edad de punibilidad hay que hacer un abordaje que puede hacerse desde otras áreas de gobierno y del Estado. Se mencionan soluciones de orden comunitario, religioso, educativo, sanitario, de trabajo social. Se puede hacer todo eso con los adolescentes no punibles que quedan por debajo de la edad, sin necesidad de acudir al sistema penal”, concluyó Cesaroni, quien se quejó del monto de 23 mil millones de pesos que el gobierno propone asignar, según la media sanción al proyecto, para que el sistema penitenciario nacional y de las provincias ajusten sus instalaciones carcelarias.
Todo ocurre mientras el propio Gobierno desregula y quita controles financieros que favorecen al mundo narco (el principal receptor de jóvenes caídos del sistema), reemplazante del Estado en el territorio, y mientras el propio Congreso votó el presupuesto 2026 que ajusta 48% a Educación y Cultura respecto a 2023. Mientras las estadísticas de crímenes juveniles no aumentan, lo que sí crecen son los suicidios adolescentes. Quizás los jóvenes no sean el problema, sino el síntoma de estas épocas. Graham resume: “Es paradójico. Se desfinancian políticas de cuidado de la vida, aumenta la mortalidad infantil, se interrumpen tratamientos, pero en la adolescencia se quiere castigar antes. Se cuida menos cuando nacen y se castiga más cuando crecen”.
El decano de la Escuela de Leyes de la Universidad de Morón, Pablo Navarro, es una voz experimentada en la materia. Además de haber sido defensor oficial, fue secretario de Niñez de la Provincia de Buenos Aires. “La Ley de Responsabilidad Penal Juvenil debe enmarcarse dentro de un régimen integral, funcionando como un subsistema del Sistema de Promoción y Protección de Derechos”, aclara a Tiempo.
Para el exfuncionario del gobierno de Daniel Scioli, “el éxito” de esta norma excede la mera discusión sobre la edad: “Habría que discutir, en principio, cómo enmarcamos ese régimen en todo un andamiaje de programas, de líneas transversales que van a necesitar indefectiblemente de presupuestos especiales y de mucho acompañamiento político”. Para ello, sería fundamental discutir cómo invertir esos presupuestos para garantizar la especialidad del sistema (jueces, defensores, fiscales especiales) y no solo enfocarse en la pena.
En 2008, Navarro puso en marcha el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil en PBA. Entiende que indefectiblemente deben atacarse “las causas determinantes de la infracción penal juvenil que están vinculadas a problemas no resueltos por el Estado, como el consumo problemático, la falta de trabajo y exclusión social. La prevención y la promoción de derechos (educación, salud) tienen un impacto directo y proporcional en la reducción de la transgresión penal; si estos pilares fallan, el sistema penal fracasará. La reiterancia del delito está directamente ligada a si el sistema de prevención existencial y la promoción de derechos logran cambiar el proyecto de vida del joven, no solo a la respuesta punitiva”.
Para Cesaroni, el nuevo régimen “no garantiza que el lugar donde vayan a estar estos pibes sean realmente especializados bajo criterios de respeto por sus derechos. Se habló de lugares nuevos, ¿pero por qué no los usan ahora para los que pibes que ya son punibles, para los que hoy están presos, los de 16 y 17 que están habitualmente en lugares horribles? En estos últimos días, las iglesias, la evangélica y la católica, todos los defensores públicos del país, la Red de jueces penales de la Provincia de Buenos Aires, UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría, el colegio de psicólogos, académicos, juristas, nos hemos opuesto a la baja de la punibilidad. Esas voces no fueron escuchadas”.
Para la abogada del CEPOC el proyecto tal cual fue aprobado “no da ninguna respuesta. Pareciera que sólo les importó un titular. ¿Qué pasa con los que quedaron por debajo de la edad? ¿Mañana cuando haya un hecho en el que se ha involucrado un pibe de 13 o 12, va a volver el discurso de hay que bajar la edad? No proponen ningún tipo de abordaje por fuera del sistema penal”.
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