Cinco muertes y una causa que tiene 36 procesados y ningún detenido

El derrotero del expediente judicial comenzó apenas conocida la fatídica suerte de las dos primeras víctimas. El fiscal porteño Sandro Abraldes separó a la Prefectura de la investigación y fue asistido por la Procuraduría de Narcocriminalidad, a cargo del fiscal Diego Iglesias, al entender que las muertes estaban relacionadas con el narcotráfico. Por esta razón, esa misma semana Abraldes se declaró incompetente y el fiscal federal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello tomaron la causa.

Delgado prescindió de la Procunar e identificó a varios grupos de sospechosos. En el primero estaban los empresarios vinculados a la organización: Walter Santángello, presidente de Energy Group –que comercializa el agua Block– y su presunto socio oculto, el abogado Víctor Stinfale; el presidente de la productora Dell Producciones, Adrián Conci; su apoderado Maximiliano Ávila; el coordinador de logística Carlos Garat; el de seguridad, Carlos Penise; y el asesor artístico Martín Gontad.

El fiscal acusó a todos ellos -excepto a Gontad, a quien le imputó haber sido partícipe necesario- por el delito de «comercio de estupefacientes y abandono agravado de persona seguido de muerte», por lo que estuvieron detenidos con prisión preventiva poco más de dos meses. La medida fue avalada por Casanello, pero la Sala II de la Cámara de Apelaciones apartó a Delgado tras una denuncia de Stinfale, que le achacó haber violado el secreto de sumario.

La Cámara sostuvo que Delgado no debió haber abandonado la línea del narcotráfico, y bajó la calificación a «facilitación de un lugar para la comercialización de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas». Los imputados quedaron libres.

Casanello siguió el mismo camino que Delgado cuando las defensas lo acusaron de parcialidad. Ahora, el caso está a cargo del fiscal Ramiro González y el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quienes mantuvieron los procesamientos contra 24 prefectos –por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por no promover la persecución penal de delitos– y cinco funcionarios del Gobierno de la Ciudad por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Según fuentes judiciales, las defensas están abocadas en demostrar que esa noche no se cortó el suministro de agua, que había espacios libres para circular y que Prefectura tenía una fuerte presencia tanto dentro como fuera del predio. «