Crónica de un pueblo que resiste y una lucha que atraviesa generaciones. "Nacimos acá y no queremos ser saqueados", dicen en la ruta. Crecen las denuncias por violencia institucional.
Balbina es nacida y criada en Guadalupe de la Peña, un pueblito colgado del Altiplano a 80 kilómetros de Abra Pampa, a pasitos de la frontera con Bolivia. Aviva una fogata en el corte de la Ruta 9 a la altura de Purmamarca. Hace diez días duerme al costado del camino.
Tira una madera para alimentar las llamas, convida coca. Con tono de coplera cuenta sus penas: “El Estado siempre nos tuvo abandonados. Jamás llegó el gobierno a mi comunidad para decir que faltaba una escuela, un hospital. A mis hijos los tengo que llevar hasta Abra Pampa a la escuelita, donde van toda la semana y volvemos el domingo al campo. Así cómo lo ve.”
Con la reforma exprés de la Constitución impulsada por el “Emperador” Morales, las comunidades originarias se pusieron de pie una vez más. El Tercer Malón por la Paz, que esta semana llegó hasta la Quinta de Olivos y el Congreso, las nuclea. “Puede pasar que en el futuro aparezcan y nos digan que son suyas las tierras. Somos 15 parcelas, con dos o tres familias comiendo de esas tierras, unos 70 habitantes”, describe Balbina.
Territorio fértil, rico en pastura para el ganado y con recursos hídricos. Hay minerales. Otra maderita tira Balbina a las lenguas que calientan la lucha de los pueblos de la Quebrada de Humahuaca: “Ellos van a querer saquear, pero nosotros somos felices con lo que tenemos. Nuestra flora y nuestra fauna. Hay vida sin las mineras”.
Sergio se arrima al corte desde bien al norte. Es albañil, grandote como el gigante de los retratos de Martín Chambi. Se gana el mango en Abra Pampa, cuando el frío de la Siberia argentina lo deja: “Durísimo. En junio y julio poco y nada podemos hacer, se quema todo, tenemos 20 grados bajo cero”.
Se acerca al fuego y hace memoria del saqueo: “Es bien sabido que nuestras tierras son ricas en minerales. Litio, cobre, oro. Las mineras se afilan los colmillos para sacarlos. Ya tuvimos socavones, con la empresa Metal Huasi, y así nos dejaron”.
La firma explotaba plata y plomo. Cerró en 1985. Los empresarios sinvergüenzas dejaron escorias y sobrantes a la buena de dios. Crimen ambiental: según una investigación de la Universidad Nacional de Luján del 2007, el 81% de los pibes de Abra Pampa tenía en su sangre cantidades de plomo perjudiciales para su salud.
Sergio acomoda las brasas de la fogata: “Vengo por el futuro de mis hijos, no quiero que se repita la historia. Estamos todos en la misma. Sentimos impotencia, porque Morales actúa de espaldas al pueblo. Los políticos se aprovechan de nosotros para hacer sus negocios y encima nos mandan la policía para meter balas. Nosotros somos pueblos libres, queremos seguir siendo libres. Por eso luchamos.”
Un mate tibio pasa de manos frente al fuego. Ceba Clara, docente de escuelas de frontera. Hace una semana el gobierno provincial y sus medios afines como El Tribuno (manejado por el titular del PJ local, Rubén Rivarola, liado de Morales) salieron a anunciar que los gremios docentes habían aceptado la oferta oficial. No fue así. Los de Inicial y Primaria siguieron con paro y movilización.
“Hacemos patria con esta lucha –dice Clara–. Nos quieren llenar de mineras, de hoteles para el turismo. Ellos ven estas tierras como un gran negocio, pero es vida”. La docente da clase sobre la realidad de la Puna: “Nos contaminan con las minas, las escuelas están abandonadas desde 2016, son piezas con internet, cuando hay luz. Se precarizó todo. Ellos hablan de litio, de baterías, de computadoras, pero si el pueblo está enfermo, si no come, de qué futuro nos hablan. Nos quieren vender espejitos de colores.”
La docente puso el pecho contra las balas de la policía durante la represión pasada: “Tiraban contra mamitas, contra ancianos, contra el que manifestaba en paz. De acá no nos sacan. Acá está todo el pueblo jujeño.”
Congelado se acerca al fogón el joven Rodrigo. Es estudiante y vive cerca de las apunadas Salinas. En las horas libres ejercita el sabio oficio de escultor. Forja en sal llamitas y cardones de una belleza heroica: “Las vendo para dar una mano en casa. Está todo muy duro acá. No hay futuro para los jóvenes y el Estado no da una mano. Nunca la dio”.
En su familia suman cuatro ingresos: arañan los 150 mil pesos. “Ellos hacen plata y a nosotros nos dejan muertos de hambre. ¿Sabrá Morales lo que es el hambre?”. Rodrigo mira la wiphala que flamea en el corte. A su espalda, arden las últimas maderitas en el fuego. Mueren lentamente.
Hay números que reflejan el «Estado parapolicial» en que se convirtió la Jujuy de Gerardo Morales tras la Reforma exprés, las protestas y las represiones. Es el caso de las tres personas que perdieron un ojo en estas últimas dos semanas. Primero Misael Lamas, en Purmamarca el 17 de junio; luego Ernesto Aguirre en San Salvador el 20 de junio, y el último fue Joel Paredes en la madrugada de ayer en Humahuaca. El viernes se reunió el Concejo Deliberante de la ciudad a rechazar la sanción de la Reforma. Afuera empezó a aglutinarse la gente contra la iniciativa del gobernador. Llegaron a ingresar al recinto. La policía respondió, de nuevo, con violencia. Y cayó Joel.
Otro número se destaca: al menos 18 familias de personas que fueron detenidas el 20 de junio denunciaron ante la sede local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que están siendo seguidas en la calle por efectivos de seguridad. A pesar del discurso oficial, las protestas están lejos de disiparse.
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