Citan a indagatoria a exabogados de Fariña por su supuesta participación en el guión contra CFK

Giselle Robles y Franco Bindi, los exabogados de Leonardo Fariña, fueron llamados a prestar declaración indagatoria acusados de haber sido, también ellos, parte de una supuesta maniobra para guionar la declaración del financista arrepentido para involucrar en causas de corrupción a Cristina Fernández de Kirchner a cambio de su libertad y otros beneficios.

Robles, exsocia de Bindi, fue quien denunció y aportó pruebas sobre cómo Fariña recibía supuestas instrucciones acerca de lo que debía declarar ante el juez federal Sebastián Casanello para complicar a la expresidenta en presuntos manejos delictivos de fondos públicos para la adjudicación irregular de obra pública con sobreprecios y retornos.

Robles era, hasta ahora, querellante en la causa, pero perdió ese carácter y pasó a ser imputada. El giro (no tan inesperado) de la causa se produjo después de que el viernes declarara, también como imputada, la abogada Florencia Guijo, quien reconoció haber guionado a Fariña sobre cuestiones de derecho administrativo en relación con las contrataciones de obra pública por parte del Estado.

“Tanto Robles como Bindi –al igual que Guijo- habrían efectuado aportes materiales en la maniobra de espionaje político-judicial ilegal con posible participación de funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia y otros funcionarios públicos dirigida a orientar las declaraciones de Jorge Leonardo Fariña con el objetivo de involucrar a diversos funcionarios o exfuncionarios en causas penales, y afectar de ese modo la situación institucional y política del país”, sostuvo el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, al llamarlos a indagatoria para el lunes 13 a las 12:00, Robles, y el martes 14 a las 10:00, Bindi.

El tándem Robles – Bindi fue el que introdujo a Fariña y su arrepentimiento en la investigación por presunta asociación ilícita que tiene como cabeza visible al falso abogado Marcelo D’Alessio, como rebelde al fiscal federal Carlos Stornelli y una decena de imputados, entre ellos cuatro presos. En una de las computadoras secuestradas a D’Alessio fue hallado un documento que mencionaba la “capacidad de orientar contenidos de declaraciones de Leonardo Fariña en aras de procesar con prisión efectiva a Ricardo Echegaray”.

Robles se presentó espontáneamente ante Ramos Padilla, aportó documentación y poco después apareció en los medios de comunicación (primero) la abogada Guijo, quien fue citada a indagatoria y allí admitió “haber efectuado aportes materiales a la acción coordinada por agentes de la AFI en el direccionamiento de las declaraciones de Leonardo Fariña”.

“Ratificó haber instruido en el mes de julio de 2016 a Jorge Leonardo Fariña a solicitud de personal de la Agencia Federal de Inteligencia a cambio de una retribución económica, mientras ella trabajaba en la Agencia de Planificación, aunque refirió que su labor se limitó a una instrucción meramente jurídica de derecho administrativo”, justificó el juez Ramos Padilla.

En rigor, desde una cuenta de e-mail registrada a su nombre partieron los mails con los que Guijo –según se desprende de la investigación y del llamado a indagatoria- explicó a Fariña cómo funcionaba el sistema de adjudicación de la obra pública y dónde estaban los puntos vulnerables por los que podía filtrarse la corrupción.

En su indagatoria, Guijo mintió. Dijo que no conocía a Robles, que “nunca habló con Bindi respecto de Jorge Leonardo Fariña” y que “desconocía hasta el momento que Bindi era su abogado”. Sin embargo, cuando el juez ordenó revisar sus mails se encontró con “intercambios de correos con Giselle Robles y Franco Bindi desde el año 2014”.

Esos intercambios, según el magistrado, “denotan una relación de amistad y un trato frecuente con ellos, que intercambió en especial con Bindi numerosos escritos, punteos de prueba y documentos digitales – inclusos cédulas de notificación electrónica- de la causa 3017/2013 (ruta del dinero K) y de la que lleva el Nro. CFP 5048/2016 (apoderamiento de fondos del Estado Nacional destinados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, mediante el otorgamiento ilegal de contrataciones a las empresas vinculadas a Lázaro Báez)”.

De allí el juez construyó la imputación: “Robles y Bindi habrían tenido una participación en dichos sucesos sobre los cuales es necesario escucharlos para que brinden las explicaciones que estimen oportunas en audiencia indagatoria”.