Ciudad acusó a Nación por el riesgo de cierre de 142 instituciones que trabajan con personas con discapacidad

La población con discapacidad está en riesgo. Peligra su acceso a pensiones, centros de día, terapias y tratamientos. Así lo vienen denunciando desde que comenzó el gobierno de Javier Milei. Pero al reclamo de las organizaciones y familias se sumó una voz inesperada: la de Jorge Macri, en el marco de la puja entre La Libertad Avanza y el PRO. “Tenemos 142 instituciones en riesgo por el atraso del nomenclador nacional y el aumento de los costos”, acusó el jefe de Gobierno. Responsabilizó a Nación y anunció medidas para el sector, a días de las elecciones porteñas.

“Ante la crítica situación que atraviesan muchas instituciones que prestan servicios en el marco de la Ley 24.901, la Ciudad de Buenos Aires implementará una serie de medidas para brindar apoyo y evitar el cierre de espacios fundamentales para la atención de personas con discapacidad”, anunció el Gobierno de la Ciudad mediante un comunicado.

Las medidas consisten en un subsidio extraordinario equivalente al 24% de la facturación mensual, distribuido en dos cuotas, a 142 Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Hogares y Residencias que prestan servicios de alta intensidad de apoyo. “La inversión estimada es de $1.777 millones. Esta medida busca asegurar la continuidad de la atención y evitar el cierre de dispositivos”, planteó el GCBA.

“Desde la Ciudad decidimos actuar, porque no podemos permitir que ninguna cierre”, lanzó Macri. La vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, agregó: “Estamos hablando de 5.900 personas con discapacidad y alto grado de dependencia, que requieren cuidados y apoyo permanente para desarrollar su vida diaria. Su vida entera depende del acompañamiento permanente de cuidadores y profesionales especializados. Estas instituciones, además de brindarles atención a las personas, acompañan también a sus familias en los desafíos que enfrentan”.

El anuncio indicó además que se enviará un proyecto a la Legislatura para la exención del pago de Ingresos Brutos y la condonación de deuda a todas las modalidades prestacionales categorizadas que trabajan en forma exclusiva con personas con discapacidad. Y se incrementará la línea de Fortalecimiento de la Sociedad Civil que otorga financiamiento a organizaciones sin fines de lucro vinculadas a la discapacidad. El monto destinado para esta línea se eleva a $500 millones.

Si bien el anuncio fue bien recibido en medio de la crisis del sector, generó también reclamos como la falta de contemplación de prestadores de terapias individuales.

Discapacidad en emergencia

La acusación de Ciudad contra Nación se dio horas después de la marcha al Ministerio de Salud de personas con discapacidad, familias y prestadores en reclamo por la actualización del Nomenclador, congelado desde hace cinco meses y sin respuesta por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Instituciones y organizaciones de todo el país vienen advirtiendo que corren peligro de cierre o achique drástico ante la imposibilidad de sostener las prestaciones con los montos que dispone la Agencia. Denuncian que el desfasaje con respecto a la inflación es superior al 70%.

El sector viene reclamando la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, denostada por el Gobierno Nacional. En tanto, la gestión de Diego Spagnuolo al frente de la Agencia derogó recién en las últimas horas –con casi cinco meses de demora- la resolución oficial que trataba a las personas con discapacidad de “idiotas, imbéciles y débiles mentales”.

La derogación dejó sin efecto también el baremo médico establecido para determinar quiénes tienen el 66% de incapacidad laboral requerido para el otorgamiento de pensiones no contributivas. Las auditorías sobre las personas beneficiarias –para establecer si continuarán o no recibiendo ese ingreso- continúan pese a que no se sabe sobre qué criterio se hacen tales evaluaciones, hasta tanto no se defina una nueva normativa que reemplaza la derogada.