La ciudadanía se expresa dentro y fuera del Parlamento

Luego de la fallida obtención de quórum (impulsada por el oficialismo) para sesionar dos semanas atrás, este miércoles se alcanzó la cantidad necesaria de diputados/as para comenzar con el tratamiento de proyectos de vital importancia para la protección de los derechos de las mayorías más débiles y vulnerables de la ciudadanía.

Uno de los aspectos a destacar es que los/as legisladores/as debatían en el recinto sobre los mismos temas que la ciudadanía se manifestaba en las calles. Entre ellos, un incremento del 7,2% de los haberes, para reparar hacia adelante el efecto inflacionario de enero de 2024. Este aumento ya había sido aprobado por ambas cámaras pero el Poder Ejecutivo recurrió al veto en septiembre de 2024, decisión que luego no pudo ser revertida por el Parlamento.

Además se le dio media sanción a la extensión de la moratoria previsional y se actualizó el bono que reciben quienes cobran el haber mínimo jubilatorio (de $ 70.000 a $ 110.000), el cual en los meses siguientes se irá incrementando de acuerdo a la actual fórmula de movilidad jubilatoria.

La propuesta del oficialismo sobre jubilaciones fue crear una comisión de “expertos” para evitar “los parches”, concepto con el que trataron de desmerecer la iniciativa de la oposición, y evitar caer en una “reforma cortoplacista”. ¿Y mientras tanto? Es justamente una “emergencia”, los/as jubilados/as precisan alimentarse y adquirir medicamentos en el día a día.

Otro de los temas aprobados fue la ley de emergencia en discapacidad y la que establece la zona de emergencia y en situación de catástrofe a distritos de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, afectados por las inundaciones de mediados de mayo.

Las personas con discapacidad necesitan de la asistencia del Estado. El proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad busca traer algo de alivio a un sector de los más vulnerables, estigmatizado y atacado por el ajuste fiscal del actual Gobierno. La iniciativa promueve el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas, para poner freno a la ausencia de políticas públicas, producto de un paradigma que concibe a la discapacidad como un problema individual, subordinado al área de la salud, en el que el Estado no debe involucrarse. Además, contempla la creación de la Pensión no contributiva por discapacidad para la protección social, que será compatible con el empleo (de quienes perciban hasta dos salarios mínimos vitales y móviles), con la que se reemplazarían las actuales pensiones por invalidez laboral. Y, finalmente, busca fortalecer el sistema de prestaciones básicas otorgando una compensación extraordinaria (equivalente al 0,03% del PIB) para actualizar los aranceles en función de la inflación acumulada desde fines de 2023.

No hay que dejar de considerar que hay un denominador común a todos los reclamos: el modelo. Si ello no se comprende se termina generando una situación en la que se está siempre a la defensiva o tratando de conseguir reivindicaciones puntuales, que difícilmente puedan llegar a buen puerto.

Los ejes del programa

El actual programa de gobierno combina al menos tres ejes, enlazados entre sí: ajuste permanente, endeudamiento creciente, y represión sistemática. Todas las medidas que se adoptan tienen que ver con alguno de ellos.

En 2024 el ajuste del gasto fue del 27,5% y permitió mostrar un superávit primario de 1,8% del PBI. La idea del recorte se anticipó en campaña, aunque en rigor ello no significa que se haya cumplido con la promesa de achicar el gasto de la denominada casta. Toda la reducción se centró en los rubros que afectan a “la gente”, principalmente obra pública y jubilaciones, seguidos por los subsidios económicos (incremento de tarifas), los planes sociales, etc.

El gobierno nacional no negocia el superávit fiscal porque para ellos es causante de la inflación y de más deuda. Sin embargo, a pesar de haber exhibido superávits fiscales, desde el inicio del gobierno de Javier Milei la deuda pública en pesos aumentó.

Los superávits fiscales de los que se ufana el Gobierno no existen en la realidad (aunque el FMI guarde silencio). En rigor, mediante prácticas de “contabilidad creativa” el Tesoro emite deuda cuyos intereses son capitalizados y pasan automáticamente a ser nueva deuda, por lo cual no afectan el resultado fiscal. De haberse contabilizado como salidas, en 2024 y en lo que va de 2025 no habría existido superávit financiero sino déficit.

A su vez, en la semana ingresaron los fondos relacionados con la adjudicación entre no residentes del Bonte 2030, por 1.000 millones de dólares, a una tasa efectiva que supera el 30%, sin dudas muy significativa y que incrementará el monto de los intereses de la deuda. A mayor pago de intereses, es sabido, mayor será el ajuste del gasto, con tal de mantener el mentado “equilibrio fiscal”.

En este marco, el gobierno confirmó que vetará lo aprobado el miércoles por Diputados en caso de que el Senado lo transforme en ley, por el supuesto costo fiscal de las iniciativas.

La postura del Poder Ejecutivo se encuentra en sintonía con lo que sostienen los organismos de crédito internacionales o las organizaciones como la OCDE, que en su último informe afirmó que “para mantener la mejora de los resultados fiscales obtenidos, se requerirán reformas más profundas de impuestos y gastos”. En síntesis: el ajuste no termina.

Sin embargo, uno de los principales escollos para el gobierno sigue presentándose por el lado del frente externo. La propia OCDE también señaló, al pasar, que “la cuenta corriente se deteriorará”.

Con la mira en las elecciones de octubre, para llevar tranquilidad a los mercados y mantener estabilizada la cotización del dólar (y la inflación), la administración libertaria no duda en recurrir a deuda con los organismos de crédito y con el sector privado, así como a distintos mecanismos para que los residentes “regularicen” sus tenencias de moneda extranjera. Todo para conseguir dólares que refuercen las Reservas.

En la semana el gobierno anunció que envió al Congreso un proyecto de ley de “Principio de Inocencia Fiscal”, para incentivar el uso de los dólares no declarados. En el espíritu del anuncio (“todos somos inocentes salvo que ARCA demuestre lo contrario”) se refleja una clara postura de denostación del rol del Estado, en particular de sus potestades para controlar la evasión y delitos que son penados incluso internacionalmente.

Un tema adicional es la actualización de los montos del régimen general a considerar como evasión simple (de los actuales $ 1,5 millones a $100 millones) o agravada (pasará de $ 15 millones a $ 1000 millones). Una actualización tal vez sea necesaria, pero claramente ésta es excesiva y difícilmente esté apuntando a que “la gente” saque los dólares del colchón.

El gobierno no tiene reparos en continuar con el ajuste del gasto primario y en condicionar el futuro del país a través de la toma de nueva deuda. El gran antídoto para hacerle frente a este modelo pasa por seguir avanzando en la construcción de la unidad del campo popular. «