Clausuran en Melchor Romero un pabellón donde había mujeres con padecimiento mental en condiciones «deplorables»

El titular del Juzgado de Ejecución Penal 2 de La Plata, José Villafañe, hizo lugar a un pedido de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Y resolvió clausurar el pabellón de Separación del Área de Convivencia (SAC) del anexo femenino de la Unidad Penal 45 de Melchor Romero, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Son los conocidos como «buzones».

“La reciente resolución del magistrado es el resultado de un largo proceso judicial que hemos iniciado hace más de seis años, nosotros veníamos denunciando de manera sistemática que en las unidades 45 y 34 -que alojan a personas que tienen padecimientos de salud mental- las condiciones de detención son deplorables”, aseguró Sandra Raggio, directora general de la CPM, a Tiempo.

Torturas y tratos crueles

“En un monitoreo que realizamos en junio registramos muchas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en estas dos unidades penitenciarias”, denunció Raggio. Contó que “las mujeres con padecimiento mental allí cautivas, son sometidas a un régimen de aislamiento extremo”.

“Permaneces en condiciones materiales de detención inhumanas, con falta de abordaje interdisciplinario de los cuadros de salud mental, negación de medicación psicofarmacológica y falta de atención médica”, detalló.

Durante los últimos días, el Juzgado de Ejecución Penal 2 de La Plata dispuso la clausura e inhabilitación del área del sector de admisión del anexo femenino de la unidad 45 de Melchor Romero, prohibiendo el ingreso y alojamiento de otras personas en situación de encierro.

Deterioro

El magistrado José Villafañe ordenó al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y a la Jefatura y Dirección de Infraestructura del Servicio Penitenciario Bonaerense reparar y poner en condiciones el lugar, colocar los vidrios faltantes, remodelar las celdas, arreglar la calefacción y que dispongan de colchones en buen estado. Además apuntó al tratamiento de las personas alojadas.

“La resolución señala que deben realizar en forma respetuosa el diseño de los tratamientos bajo la correspondiente reglamentación, que actualicen los protocolos de procedimiento, la distribución de actividades, tanto del trabajo penitenciario como así también la coordinación del personal de salud penitenciaria”, explicó la directora general de la CPM.

“Además, les indicó que deben ajustarse a los parámetros constitucionales y convencionales de Derechos Humanos específicos sobre mujeres, salud mental, adultos mayores, y les recalcó el aislamiento extremo como método de tortura para que dejen de practicarlo”, acotó.

Penales 8 y 31 de mujeres

El Juzgado de Ejecución N° 2 de La Plata a cargo de Villafañe, también ordenó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y al Servicio Penitenciario Bonaerense que modifiquen y re adecúen el protocolo de las requisas de las detenidas y sus visitas en las unidades penales 8 y 31 de Los Hornos y la 51 de Magdalena. «Es algo que venimos reclamando hace tiempo”, aseguró Raggio.

“Deberán hacer una nueva reglamentación para las requisas que practican en los cuerpos de las detenidas y de sus familias. Exigimos parámetros dignos para las detenidas y sus infancias que están con ellas en el encierro. Solicitamos que se construyan a partir de una perspectiva transversal de Género y Derechos Humanos”, remarcó.

“Con esta nueva reglamentación logramos evitar el ejercicio abusivo por parte de los funcionarios penitenciarios, por ejemplo, vejámenes y otras exposiciones a las que son sometidas las personas cuando pasan por las requisas de cuerpos”, subrayó.

Sobrepoblación en Gorina   

En paralelo, el Tribunal Oral Criminal N° 1 de La Plata, a cargo de la jueza Cecilia Inés Sanucci, pudo constatar niveles de sobrepoblación en varios pabellones de la Unidad Penal 18 de Gorina que fueron inspeccionados. Detectó una población 75% por encima respecto a la capacidad de alojamiento permitida.

“También un grave deterioro de la infraestructura de los pabellones, y régimen de aislamiento extremo en los sectores ‘buzones’ de separación del área de convivencia (SAC) y admisión”, aseguró Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM.     

“Nosotros presentamos un habeas corpus colectivo tras una jornada de inspección que hicimos en este penal, porque los presos denunciaron dificultades en la entrega de la comida. Además, encontramos instalaciones eléctricas precarias y peligrosas, calefacción rota ante las bajas temperaturas y aislamiento extremo, lo que atenta contra la salud mental de las personas allí alojadas”, denunció Cipriano, y remarcó que en determinados sectores la sobrepoblación total llega al 207%.

Tras la presentación del habeas corpus, “la magistrada recorrió personalmente los pabellones señalados, entrevistó con varios detenidos y constató (además de otras irregularidades) que en cinco celdas del pabellón 3 alojaban 127 detenidos cuando la capacidad total indica 73″.