Comenzó el juicio a dos civiles por crímenes de lesa humanidad

El juicio comenzó por la mañana y el público desbordó la sala de audiencias del primer piso de los Tribunales Federales platenses. El TOCF, integrado por los jueces Pablo Vega, Alejandro Daniel Smoris y Germán Castelli, comenzó con la lectura de la acusación de la Unidad Fiscal de La Plata, representada en el debate por Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira. El comienzo se retrasó unos minutos cuando la querella de Justicia Ya! pidió retirar el crucifijo que corona la sala y los jueces salieron a deliberar. Estuvieron de acuerdo y arrancaron. Tardaron apenas unos minutos. Un instante en comparación de los dos años que el tribunal lleva demorado el inicio de las audiencias.

«Es importante que estos juicios se puedan llevar adelante. Hubo ciertas trabas para que no se hiciera y hace dos años que se vienen posponiendo las audiencias, pero finalmente hoy podemos tener un debate oral y público con dos civiles que fueron parte de la pata parapolicial del Estado», opinó el abogado Pedro Griffo, de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos. También están entre las querellas la Unión por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).

En la primera audiencia, tanto Castillo, de 64 años, como Pomares, de 62, se negaron a declarar. Se prevé que el proceso se extienda por unos tres meses en el que hablarán alrededor de cincuenta testigos, y en el que se ventilarán algunos de los crímenes de la CNU en La Plata antes y después del golpe de Estado de 1976. A Castillo lo acusan del asesinato del secretario del gremio del Turf, Carlos Antonio Domínguez, y el secuestro del gremialista del Hipódromo, Roberto Fiandor, que logró escapar del baúl del auto en el que lo llevaban para matarlo. Los dos hechos ocurrieron el 12 de febrero de 1976. También lo acusan del secuestro y asesinato del trabajador Leonardo Guillermo Miceli, cometido el 19 de abril del mismo año. Entre las imputaciones, figura el robo de pertenencias en las casas de las víctimas.

El Indio está acusado también del secuestro y homicidio de Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini y el secuestro de una pareja que sobrevivió. Esos hechos sucedieron entre el 3 y 4 de abril de 1976, cuando interceptaron el coche en el que viajaban las cuatro personas. Tras un simulacro de fusilamiento, la pareja fue liberada. Dinotto y Martini “aparecieron asesinados al día siguiente en la calle 11 del Barrio Los Porteños de City Bell, con numerosos impactos de proyectiles”, reconstruyó la fiscalía en el pedido de elevación a juicio. A Pomares se le imputa la participación en esos hechos.

«Las víctimas eran dos sindicalistas del hipódromo, otros cuatro militantes de la JUP (Juventud Universitaria Peronista), y el restante un trabajador de propulsora (Ndr: actualmente Siderar). Lo que sostenemos en esta querella es que si bien el universo de víctimas es muy chico, queda claro por un lado como se atacó a la pata sindical, la pata obrera y la universitaria. Y cómo previo a la dictadura se inició el aniquilamiento de la disidencia ideológica y fueron estas tres patas que se siguió atacando durante la dictadura», detalló Griffo.

La Concentración Nacional Universitaria nació en 1968 como una fuerza de choque universitaria que actuó a partir de 1975 como una herramienta paraestatal de persecución a opositores políticos. La CNU en La Plata fue desarticulada por la dictadura el 1 de mayo de 1976 cuando el grupo paraestatal intentaba cometer un secuestro extorsivo con el hijo de un comisario. Se habían salido del control de los militares y los encarcelaron acusados por delitos menores.

En la elevación a juicio, la fiscalía subrayó que grupos como la CNU -o sus parientes como la Triple A o el cordobés Comando Libertadores de América- constituyeron «la antesala de la implementación del plan sistemático de la represión ilegal desplegado desde el Estado a partir de 1976 y también se caracterizó por su ejecución sistemática y organizada».

Pese a que se negó a declarar, en la audiencia de este lunes Castillo le dijo a los jueces que tenía solo una condena previa, de 1 año y 8 meses, por utilizar un DNI falso. Pero su historial registra varias entradas y salidas de prisión en la década de 1980 por robo y tenencia de armas. En los ‘90 se vinculó a los carapintadas y militó en el Modín con Aldo Rico.

Cuando el TOCF le preguntó a Pomares si tenía causas previas, el acusado resignificó aquella detención en la dictadura y dijo que había sido secuestrado. En democracia se recicló dentro del PJ de La Plata, trabajó en la municipalidad y fue asesor en la Cámara de Senadores provincial.

El juicio continuará este miércoles con las declaraciones testimoniales.