Comienza el juicio a un médico por impedir un aborto no punible

El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra (43), acusado de haber impedido un aborto no punible a una joven embarazada producto de una violación en 2017, comienza a ser juzgado en la ciudad rionegrina de Cipolletti por el delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público».

El caso ocurrió el 2 de abril de 2017, cuando la joven de 19 años llegó al hospital Pedro Moguillansky de la ciudad de Cipoletti, derivada del centro de salud de la localidad Fernández Oro mientras ya cursaba un aborto. Rodríguez Lastra era por entonces jefe del servicio de Ginecología del hospital.

El médico contó en distintos reportajes que luego de evaluar el caso resolvió impedir que el aborto se produzca mediante la aplicación de medicamentos, accionando contrariamente a lo indicado por la ley provincial 4.796, el decreto provincial 182/2016 y la ley nacional 26.485.

Luego de hacerse público el hecho, el ginecólogo y la doctora Yamila Custillo -quien finalmente quedó fuera de la acusación en mayo de 2018-, fueron denunciados por la diputada por Río Negro, Marta Milessi, defensora y autora de la ley provincial 4.796 que regula y controla la atención sanitaria en casos de abortos no punibles.

La joven tuvo que seguir adelante con el embarazo y el bebé fue dado en adopción.

En declaraciones a radio LU5, el médico aseguró: «Volvería a actuar de la misma manera hoy y siempre porque no se trata de una cuestión ideológica de ningún tipo más que médico. Las cosas son bien claras, los procedimientos son claros, yo se que los cumplí porque no violé ninguna ley. Considero que con un buen criterio se va a llegar a una solución».

En tanto, el colectivo Actrices Argentinas pidió a la justicia rionegrina que «juzgue y condene al médico ginecólogo por incumplir la Ley provincial 4.796 de aborto no punible».

«Desde Actrices Argentinas exigimos la condena del ginecólogo y apoyamos el enjuiciamiento de cualquier persona que bloqueé el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE). Es un derecho indiscutido desde 1921. Negarlo es ejercer violencia y, como este caso señala, es un delito», expresaron a través de un comunicado.

El juez que llevará adelante el juicio, Alvaro Meynet, adelantó que «no se permitirán en el recinto personas con distintivos, pancartas o elementos que manifiesten sentimientos a favor o en contra».