Comienza el juicio penal a delegados de Editorial Perfil

Se trata de los miembros de la comisión interna de la Editorial Perfil, propiedad del empresario Jorge Fontevecchia, que deberán hacer frente a un juicio sin precedentes en el país. El lunes 30 tendrán que comparecer ante el juez Walter Candela los delegados Rubén Schofrin (a la vez secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Sipreba), Marcelo Iglesias, Raúl Mileo, Carlos «Fito» Rodríguez, Héctor Velázquez y José Luis Quartana. La fiscalía los acusa de violar el artículo 161 del Código Penal que contempla penas de prisión de hasta seis meses. Sobre ellos pesan embargos en sus bienes personales por cifras equivalentes a miles de pesos, una carga muy alta para trabajadores de prensa que perciben salarios propios de los degradados convenios que rigen esta profesión. Para los acusados se trata de una «provocación» que encubre una «grave persecución gremial». Es que, según explicaron en la redacción de Tiempo, los hechos por los que se los acusa fueron parte de medidas gremiales desarrolladas en respuesta a 13 despidos que se notificaron el mismo día en que se realizaban las elecciones de comisión interna y que incluían, precisamente, a uno de los miembros de la junta electoral que debía gozar de inmunidad gremial. 

«Se trató de una medida manifiestamente ilegal. La empresa nos había informado que aspiraba a reducir la planta en 150 trabajadores. Para eso estaba dispuesta a dar una pelea de fondo contra la organización gremial que nació en 1998», explicó Rubén Schofrin, quien trabaja en la empresa desde marzo de 1989 y actualmente se desempeña como jefe de Arte. 

La empresa, agregó, «eligió ese día para dar una señal de que estaba muy decidida en ir a fondo contra los delegados, la junta electoral y el conjunto de los trabajadores». 

La respuesta de los empleados de Perfil a los despidos fue la de parar y manifestarse en las instalaciones donde se imprime el semanario. Marcelo Iglesias, trabajador del archivo y delegado, subrayó que «no cometimos ningún delito, estábamos ejerciendo nuestro derecho a huelga. La novedad, lo más complejo y preocupante, es la aplicación del Código Penal a un conflicto gremial. En todo caso debió resolverse en la justicia laboral». 

Schofrin señaló que «el artículo 161 se elaboró en función de evitar que se impida la difusión de las ideas, con la libertad de prensa entendida como libertad de expresión. Debería ser una garantía del trabajador frente a la empresa o factores externos y no al revés. No violamos el derecho de ningún periodista de decir lo que quisiera decir». Su compañero, Fito Rodríguez agregó: «La propia empresa publicó que el diario se retrasó, pero salió». 

El conflicto se produjo hace cuatro años, meses después de las movilizaciones y el paro general que, luego de 36 años, recuperaron las paritarias para los trabajadores de prensa. Al mismo tiempo, fue la antesala de una ofensiva de las empresas de medios que, a nivel nacional y en los últimos dos años, se cargó con casi 3000 puestos de trabajo y el avance sobre las condiciones de trabajo amparadas en las multitareas que impondrían las nuevas tecnologías y formatos. Los hechos en Perfil condensaron todas esas contradicciones: «Un año antes habíamos tenido el intento de cierre del sector de fotografía. La empresa despidió a 30 trabajadores con el argumento de que era más barato tomar las fotos de Internet, que había un ‘cambio de época'», explicaron los delegados. 

El juicio se desarrollará luego de que el mismo juez dictara la falta de mérito para luego rever su decisión. La empresa, por su parte, evitó aparecer como querellante. Marcelo Capandeguy, director de Recursos Humanos, señaló a Tiempo que «hemos sido citados con cédula policial en carácter de denunciantes y vamos a ratificar lo que dijimos en lo que se refiere a los hechos». Consultado sobre si se produjo una violación a la libertad de prensa, el gerente señaló que «hubo violación del artículo 161 del Código Penal. Denunciamos el bloqueo del portón. El juez tomará la medida que tenga que tomar». 

Para Schofrin, «el día del despido, concurrió a la editorial el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y volvió tres veces más después. Hay lazos entre las empresas y la Justicia que hicieron que Perfil no haya atenido la necesidad de aparecer en una querella». «

Un amplio reclamo por la absolución

El principal respaldo que han logrado los seis procesados vino de sus propios compañeros. Los delegados han sido ratificados como representantes gremiales en tres oportunidades desde 2013. Fue en las elecciones de 2015, 2016 y 2017. La empresa se vio obligada a reconocerlos incluso cuando fueron electos bajo el amparo del nuevo sindicato de prensa. 

Pero además, la solidaridad se puso de manifiesto en prácticamente todas las redacciones y canales de TV cuyos trabajadores con firmas, fotos y otras expresiones, reclaman la absolución. Periodistas reconocidos de un amplio espectro ideológico que va desde Víctor Hugo Morales y Gustavo Sylvestre hasta Alfredo Leuco, sumaron sus firmas. A nivel de las organizaciones de Derechos Humanos se pronunciaron, entre otras, Nora Cortiñas (foto) y Estela de Carlotto. 

A nivel político lo hicieron, por ejemplo, Facundo Moyano, Héctor Recalde, Omar Plaini y Gabriel Fuks así como, Marcelo Ramal y Néstor Pitrola. El apoyo se sustenta en la considerción de que está en juego más que la situación de los afectados.

Cita

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires convoca a participar del juicio oral con el propósito de poner de manifiesto el rechazo del gremio. La cita es el lunes 30 de octubre a partir de las 8:30 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Nº 12. Av. de los Inmigrantes 1950.