Las comisarías de la Ciudad alojan a más de 2500 personas en condiciones precarias

El procurador penitenciario adjunto, Ariel Cejas Meliare, ratificado en 2024 a cargo de la Procuración Penitenciaria de la Nación, presentó a ambas cámaras del Congreso el Informe Anual sobre derechos humanos en cárceles federales, en cumplimiento del artículo 25 de la Ley 25.875.

Algunos de los principales ejes del informe fueron el colapso de comisarías y alcaldías de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la crisis del sistema evidenciada en las deficientes condiciones materiales de detención en las cárceles federales, los malos tratos y muertes bajo custodia.

Así, el documento presentado dio cuenta de que más de 2.500 personas se encuentran actualmente alojadas en centros transitorios de detención porteños. Estas instalaciones no cumplen con los estándares internacionales mínimos de condiciones de encierro. “Esta problemática persiste desde 2020 y se ha agudizado en el último tiempo”, marcó el trabajo.

Malos tratos y muertes bajo custodia

Asimismo, en el informe se documentaron 389 casos de malos tratos en unidades carcelarias y dependencias policiales, “lo que representa un incremento significativo respecto al año anterior”. Además, se reportaron 48 muertes bajo custodia, de las cuales 40 ocurrieron en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal y 8 en comisarías de la Policía de la Ciudad.

Durante el año pasado, la PPN recibió 22.011 reclamos, principalmente vinculados a problemas de salud, hacinamiento y acceso a la justicia. La PPN realizó monitoreos constantes en cárceles, comisarías y en los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado de la CABA, así como en dependencias de fuerzas federales. Además, emitió seis recomendaciones orientadas a mejorar la infraestructura y fomentar talleres laborales, e intervino en 45 hábeas corpus colectivos para reclamar mejores condiciones de detención.

Iniciativas insuficientes

En esta línea, el Informe evaluó: “Si bien las autoridades han impulsado algunas iniciativas, como la construcción del nuevo Complejo Penitenciario Federal en Marcos Paz y el programa ‘Manos a la Obra’ para la capacitación laboral de los detenidos, su impacto resulta insuficiente. La capacidad del nuevo penal no alcanzará para resolver el hacinamiento estructural, y las políticas de reinserción, aunque valiosas, son parciales ya que no abordan las causas de fondo”.

“Creemos que la modernización de la infraestructura carcelaria, el fortalecimiento de los mecanismos para prevenir la tortura y la implementación de políticas que disminuyan el uso excesivo de la prisión preventiva son los ejes sobre los que es necesario trabajar para procurar la mejora del sistema”, planteó el documento.

El Informe Anual 2024 coincide con los 20 años de la ratificación por parte de Argentina del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, y la PPN señaló que “evidencia las deudas pendientes del Estado Argentino en materia penitenciaria. Mientras tanto, miles de personas continúan privadas de sus derechos básicos, esperando que se garanticen condiciones dignas en un sistema que parece estar al borde del colapso”, advirtió.