Cómo afectan el mega DNU, la Ley Bases y el RIGI a los pequeños y medianos productores

Un informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) enumera algunos de sus impactos directos como la desarticulación de las instituciones que regulan la producción de la yerba mate, vitivinícola, azucarera, algodonera y olivícola, a partir del DNU 70; y la eliminación o baja de aranceles a la importación de insumos y productos, lo que pone a las producciones regionales a competir con desventaja cambiaria, frente a insumos y alimentos que vienen del exterior.

En tanto, un trabajo de la Universidad Nacional de San Martín destaca el riesgo ambiental y para la futura producción de alimentos que implican algunos artículos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como el que prioriza el uso del agua para la megaminería y el fracking en perjuicio de las pequeñas producciones de alimentos y el abastecimiento a las poblaciones locales.

“Se supone que (con el RIGI) vendrán grandes inversiones, pero la realidad es que las energéticas ya estaban programadas y lo que está haciendo el gobierno nacional es regalarles plata, con una política que sigue concentrando el negocio petrolero, minero y agroexportador, en detrimento del pequeño productor y las cooperativas, que son quienes producen el alimento que comemos todos los días”, dice Agustín Suárez, referente de la UTT – Mesa Agroalimentaria Argentina

Beneficios para los grandes a costa de los pequeños y medianos

El nuevo Régimen de Incentivos dispone para las empresas que realicen inversiones superiores a los US$ 200 millones “estabilidad cambiaria, tributaria y aduanera por 30 años.  Además, se las exceptúa de liquidar las divisas en el mercado de cambios por el 20% a partir del primer año  de adhesión al RIGI, el 40% a partir del segundo y quedan totalmente eximidas desde el tercer año. También se las exceptúa de derechos de exportación durante los primeros tres años, del pago de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos, y de alícuotas especiales para Ganancias, IVA, e impuestos sobre débitos y créditos bancarios, entre otros beneficios.

“Tanto el DNU, como la Ley Bases, el RIGI y otras medidas que está tomando el gobierno afectan a los pequeños y medianos productores, porque desplazan al Estado de su función de regulación y sostén”, señala Ricardo Garzia, de FECOFE-MAA. “Son decisiones que apuntan al desarraigo y el corrimiento de la frontera de los agronegocios, poniendo en riesgo la salud humana y ambiental”, destaca.

Por otra parte, “si bien se presentaron algunas medidas cautelares como la que frenó el artículo del DNU que promovía la extranjerización de las tierras, los organismos de control están desguazados o sin presupuesto”, señala Carla Poth, investigadora e integrante del colectivo “Semillas Libres Ya”.

“Hoy el sector de los agronegocios está alineado con las políticas del gobierno, que sigue haciéndole concesiones como una resolución que reduce los costos de importación de agrotóxicos y la autorización para fumigar con drones. Sin embargo, no liquidan los dólares porque esperan la liberalización del cepo y una nueva devaluación”, destaca la investigadora y activista. Mientras tanto, desde la Mesa AgroalimentariaArgentinaelevan propuestas para una mayor y mejor producción de alimentos saludables y accesibles. Entre otras “una Ley de Arrendamientos rurales, el régimen de titularización de tierras de pueblos originarios y campesinos, la segmentación y diferenciación impositiva, según tamaño y tipo de producción y la defensa de la Ley de Semillas y de Propiedad Intelectual frente a las presiones de las multinacionales. Estas compañías oligopólicas quieren voltear estas normativa, para prohibir a los productores el uso propio de semillas, y obtener vía libre al patentamiento de organismos vivos y sus partes, con lo cual la soberanía alimentaria quedaría seriamente en peligro”, señalan desde esa organización.