Cómo es la reforma al Ministerio Público Fiscal que el oficialismo acordó con Pichetto

El oficialismo y su principal aliado en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, pondrán en marcha el próximo miércoles a partir de las 13 el debate sobre el proyecto de ley que modifica al Ministerio Público Fiscal.

El acuerdo alcanzado entre Pichetto, como vocero de los gobernadores y una parte del Partido Justcialista, quedó plasmado, en esta ocasión, en el texto que fue presentado el último viernes en la mesa de entradas del Senado de la Nación. Al lado de la firma de la senador por Río Negro está la rúbrica el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

Desde la Cámara Baja sostienen que el apuro en poner en debate el proyecto tiene que ver con evitar que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pueda ya como senadora monopolizar las críticas al proyecto.

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El texto, que en principio ya contaría con el apoyo necesario para ser aprobado por el Senado, encendió luces de alarmas entre los fiscales. Se espera que los representantes del Ministerio Público Fiscal sea invitados a exponer en el marco del debate en Comisión, aunque aun no hay fecha cierta para eso.

La preocupación de los fiscales tiene asidero, las firmas que acompañan el texto son garantía de un paso sin sobresaltos por la Cámara Alta. Los cuestionamientos de los letrados tiene que ver con que la modificación de los artículos no solo establece la duración del plazo del Procurador General en el cargo (5 años, renovables por 2 más), sino también el método de remoción con “mayoría absoluta» en el Congreso o sea la mitad más uno de las cámaras. Así se dejan de lado los dos tercios que exige la ley actual. Además, las críticas, basadas en la primera lectura del texto, alcanzan una seria de artículos que los fiscales consideran violatorios de la autonomía constitucional del órgano, debilita el rol del Procurador y habilita métodos más simples para las destituciones, con mayor peso de la representación política en los jurados de enjuiciamiento.

El proyecto establece que el procurador será designado por el Poder Ejecutivo, con el acuerdo del Senado por “mayoría absoluta de sus miembros”, eliminando en este párrafo también el requisito de los dos tercios. De tal manera, alcanzará con la mitad más uno de los senadores: 37.

Entre los justificativos para remover al Procurador figuran el mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones, o “por decisión fundada del Poder Ejecutivo”. A partir de eso, su mandato podrá ser revocado por el Senado “en el plazo máximo de 10 días hábiles».

La Cámara de Diputados también podría tener participación en el desplazamiento eventual del Procurador, a partir de “la mayoría absoluta de los miembros presentes a solicitud de cualquiera de sus miembros”, pero luego necesitará el acuerdo de la mayoría absoluta del Senado. Lo mismo ocurriría si fuera el Ejecutivo el que lo disponga.

El proyecto, que busca limpiar todo vestigio del paso de Gils Carbó por el cago, también disuelve las procuradurías especiales creadas por la ley original, como la de Violencia Institucional o la de Narcocriminalidad y establece que el procurador general podrá disponer por resolución la creación de procuradurías especializadas “cuando la política de persecución penal pública o el interés general de la sociedad así lo requieran”.

En ese marco, obliga a todos los fiscales que hayan sido trasladados en los últimos 5 años fuera de las jurisdicciones para las que concursaron y obtuvieron acuerdo, regresen a su destino original. Para ello, tienen un plazo de 30 días, caso contrario, se convierte en motivo para su remoción.

Más allá de la extensión que puede tener el debate y lo que puedan aportar los fiscales, el Senado tiene previsto aprobar la norma antes de que finalice el periodo ordinario el próximo 30 de noviembre. En tanto que el tratamiento en diputados se dará en el marco de una extensión de sesiones ordinarias o en el marco de las sesiones extraordinarias que convocará el presidente de la Nación, Mauricio Macri.