Cómo funcionaba la red de comunidades terapéuticas, donde el Teto Medina tendría un rol clave

Apenas trascendió que Marcelo Teto Medina había caído preso, se hicieron virales varios videos en el que el propio extrabajador televisivo hablaba de la ONG La Razón de Vivir, a la que presentaba como una “escuela de vida” tras su paso por las adicciones. Pero, ¿cómo funcionaban realmente estas instituciones y cada uno de los lugares por donde se expandía esta red?¿qué rol tenía el famoso conductor de TV y hasta qué punto estaba al tanto de las maniobras que habrían protagonizado los principales sospechosos?.

De acuerdo a la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de Berazategui, Daniel Ichazo, con intervención del Juzgado de Garantías N°8 de Florencio Varela, a cargo de Adrián Villagra tanto en La Razón de Vivir como Elección de Vida, los familiares de las personas con problemas de adicción que pasaban por unas siete quintas ubicadas en las localidades de Virrey del Pino (La Matanza), General Rodríguez, Glew, Florencio Varela y en la provincia de Córdoba abonaban “grandes sumas de dinero a los directores con el fin de recibir un tratamiento de rehabilitación, donde eran obligados a efectuar trabajos de albañilería, carpintería, fabricar muebles que luego serían puestos a la venta”.

Esta investigación, que se inició con el testimonio de 10 víctimas, todos hombres y mayores de edad, que se presentaron en la fiscalía dando cuenta de la existencia de estas dos comunidades terapéuticas en las cuales se brindaría un tratamiento contra las adicciones. Los detectives pincharon 8 líneas telefónicas de donde se desprenden más de 60 CDs de escuchas. En estas, se aprecia que se le ofrece a “los familiares un servicio de atención psicológica, cuidados médicos y de enfermería, tratamiento personalizado acorde a cada necesidad de cada paciente”, según se destaca en el parte policial al que tuvo acceso Tiempo.

Sin embargo, se estableció “la inexistencia de todos estos servicios, cuando los familiares pagan una cuota mensual más una inscripción, siendo la cuota diferente e impuesta acorde a las apariencias y al nivel adquisitivo de cada familia”. De la misma manera, se acreditó “fehacientemente que los internados son obligados a realizar tareas de albañilería para la expansión y mejoras de las instalaciones de los centros de rehabilitación, todo ello sin ninguna remuneración”.

Por otro lado, si bien los lugares se presentaban como “abiertos”, de la investigación surgió que los internos “sufren controles y castigos privativos de la libertad en caso de mala conducta como así también cuando manifiestan deseos de irse del lugar o abandonar el tratamiento”. En este punto, “son engañados” por parte de “los directores asociados, coordinadores y cómplices, quienes se hacen pasar telefónicamente por policías, fiscales o jueces; haciéndoles creer que en caso de abandonar el lugar, deberán enfrentar cargos o causas penales pudiendo quedar detenidos en unidades carcelarias”.

Además, para los investigadores todo esto no sería posible si no se hubiera contado con diversas “figuras públicas” que junto con otros referentes de las comunidades protagonizaban publicaciones en redes sociales o llevaban adelante entrevistas en radios y medios locales, aunque también de alcance nacional, ya que “el ámbito de actuación se extiende a lo largo del territorio” de Argentina.

Teto Medida, justamente, tendría este rol de cooptar nuevas víctimas. Según su abogado, Adrián Tenca, el conductor de TV era contratado por la institución para dar charlas motivacionales por las que cobraba unos 10.000 pesos por cada una. Luego, “él subía el material a sus redes sociales. Es un trabajo que hace con mucho amor, más allá de que cobraba por eso”, puntualizó.

El fiscal Ichazo cree que cada familia aportaba entre 35.000 y 200.000 pesos por interno y de ahí la importancia para que esto perdurara en el tiempo, para lo cual aplicarían diferentes estrategias y “casi todas ellas violan a las claras la Ley de Salud Mental”, explicitaron los investigadores.

Puertas adentro de cada institución, se detectó que existía un grupo de internos, que ha logrado la “confianza” o la “benevolencia” del director general y son llamados “chicos tiempo” y se encuentran jerárquicamente por encima de sus compañeros, teniendo beneficios como salidas o visitas de sus familiares. Estos “chicos tiempo” son los encargados de dar aviso cuando un compañero quiere abandonar la comunidad y junto a otros lo obligan a regresar “por cualquier medio incluso por la violencia”.

Cuando el interno no quiere escapar, pero manifestó que planea retirarse, “la intervención es aún más intensiva”. En este caso, no importan los motivos, los “operadores” se comunican con el director general que hace “una intervención directa, lo aísla y comienza a hablarle durante horas sobre la necesidad de que se quede”. Lo más grave es que todo esto se haría sin una evaluación de un equipo interdisciplinario ni tampoco se le avisaría a la familia.

Se estableció que “cada centro de rehabilitación cuenta con directores, administradores, coordinadores, psicólogos y otros cómplices participes necesarios, quienes han sido correctamente identificados y certificado su participación en el delito que se investiga”.

Así es que fueron identificados y detenidos, al menos 16 sospechosos con distintos roles dentro de la organización. Los investigadores sostienen que hay más de 200 víctimas.