Cómo la motosierra en el Estado puede atentar contra las leyes de cupo trans y de discapacidad

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció esta semana que revisarán los contratos de empleo público firmados durante 2023. Luego se supo que buscan no renovarlos. Por ahora no hubo una medida concreta. Pero hay casos concretos que tienen relación con normas vigentes. Al menos 381 personas ingresaron bajo el amparo de la Ley 27.636 de cupo laboral travesti- trans y se le suma otro número indeterminado de personas con discapacidad que ingresaron a esferas del Estado amparadas en la Ley 22.431. Ambas legislaciones conforman conquistas históricas de los activismos, votadas en el Congreso, que se encuentran vigentes. Estas poblaciones se mantienen en alerta, con el temor de perder los derechos ganados.

J. es trans y entró a trabajar en el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en septiembre. Se siente en el ojo de la tormenta. “Básicamente lo que aquí se vive es incertidumbre, no se presentó nadie para hacer la transición, las tareas que estamos cerrando son las que quedaron de la gestión anterior, nadie nos da tareas nuevas”, cuenta.

Es una de las 955 personas que en enero puede quedar sin trabajo y sabe de las dificultades propias del colectivo travesti trans a la hora de buscar uno nuevo: muchas de sus certificaciones figuran con su nombre anterior, las entrevistas son incómodas, no respetan su pronombre o la miran con prejuicio. La mayoría del sector privado rechaza empleadas trans. “Este nuevo gobierno tiene que reconocer que somos una población que atraviesa violencias estructurales, históricas, que hacen que gran parte no haya terminado el secundario, nosotras seguimos sufriendo discriminación en forma directa o indirecta”, asegura. Y remarca: el cupo es apenas del 1%.

Los ingresos y la ley

“La Ley de Cupo es una medida de acción afirmativa para el acceso al empleo de personas travestis, transexuales y transgénero porque su identidad de género representa una barrera objetiva”, enfatiza a Tiempo Agustina Ponce, activista travesti y ex subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres. Resalta que aún prima un fuerte prejuicio y discriminación a la comunidad travesti- trans que le impide desarrollar sus vidas y acceder a todos los derechos: “Ni siquiera el cupo laboral del 1% se cumple del todo, según el último monitoreo”.

Todos los ingresos que se realizaron en el marco de la Ley 27.636 cumplieron de manera rigurosa y transparente los mecanismos establecidos. “La ley creó un registro único de aspirantes al que cada organismo estatal pedía perfiles. Las personas que ingresaron a trabajar lo hicieron por las capacidades que han demostrado”, asevera. Todas las personas trans que ingresaron a cargos públicos fueron entrevistadas para su cargo, después de que hubiera una preselección del Registro y del envío de diez perfiles por cada cargo al organismo que lo solicitaba.

“Somos la gestión saliente, todavía nadie se ha comunicado con nosotras (de la gestión actual) pero entendemos que es absolutamente ilegal lo que plantean, estamos charlando cotidianamente con los sindicatos de ATE y UPCN”, agrega.

Las 381 personas que ingresaron este año al Ministerio de las Mujeres viven una angustia diaria. “Y esa angustia que sienten incluso está intensificada por las circunstancias del ingreso, que se dio por una medida afirmativa, lo que significa de manera objetiva que en sus vidas no han habido posibilidades para el ingreso al trabajo formal, para muchos y muchas ese contrato representa su primer trabajo”.

Otro sector que tuvo ingresos este año por ley fue el de discapacidad. A diferencia de la norma de cupo laboral travesti, que tiene dos años de vigencia, la Ley 22.431 que otorga el 4% del cupo laboral estatal a las personas con discapacidad está vigente desde 1981, pero su cumplimiento real alcanza, apenas, a un 2%. Gabriela Ferreiro, codirectora de la consultora social Libertate, subraya: “es una medida de acción positiva, necesaria en sociedades desigualitarias que buscan compensar esta brecha y exclusión histórica que hace que hoy en día las personas con discapacidad en edad económicamente activa lleguen a una desocupación de un 80 por ciento”.