Cómo la muerte de Nayla expuso la violencia y el crecimiento narco en CABA: «la ausencia del Estado es total»

El mismo día que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encabezaba un acto oficial presentando futuras medidas de «seguridad», destacando supuestas cifras y eficiencia de política en la materia (sin ministro de Seguridad a su lado porque aún no nombró a nadie en reemplazo de Marcelo D’Alessandro, de licencia indefinida tras el escándalo de Lago Escondido), moría una niña de 4 años en medio de una balacera en la villa 1.11.14.

Organizadas con palos de escobas, megáfonos y botellas de plástico con piedras adentro para hacer ruido, decenas de mujeres se manifestaron durante varias noches de esta semana en los pasillos del barrio popular para decirle «basta» a la violencia y exigirle a las autoridades locales y nacionales que hagan algo por contener a las bandas de jóvenes armadas que se disputan el territorio.

Blanca, una de las protagonistas de la protesta, le contó a los medios que la idea es “escrachar a los narcos y a los delincuentes. Se van o se van”. La mujer relató que vive en el denominado Barrio Ricciardelli desde el ’95 y que el lugar cambió: “Antes había códigos, ahora nos matan y nos roban”. Ella se refiere a las grandes y poderosas bandas como la liderada por Marco Antonio “Marcos” Estrada González, quien supo manejar el narcotráfico en este punto del Bajo Flores ejerciendo un estricto control del territorio. 

El capo narco fue obligado a abandonar el país a mediados del año pasado cuando fue extraditado a Perú y desde entonces se incrementaron los conflictos en la zona. El martes por la noche, una bala de la ráfaga de 32 que disparó un joven, mató a Nayla Naomí Torrilla, de 4 años que jugaba junto a otros chicos, tras impactarle en el pecho. Murió en los brazos de su madre, Alcira, quien poco y nada pudo hacer. “Ya están identificados, son del barrio, los están buscando. Son dos chicos, no son bandas. En el medio de problemas de ellos, quedó mi hija. Lo único que sé es que perdí a mi hija”, comentó entre sollozos la madre de la criatura, quien por obvias razones eludió contar las diferencias entre los dos clanes familiares a quienes les achacan el episodio: Los Marola y Los Cabrales. 

Poco después del crimen, trascendió que Nahuel, un muchacho que no es del barrio y que pertenece a Los Marola, había sido echado del lugar cuando intentó ocupar una casa. Por eso, habría vuelto y tomó venganza: vino con otros cómplices en un Renault 19 gris que estacionó cerca de donde paraban Los Cabrales y abrió fuego con una ametralladora. Pero en vez de toparse con sus adversarios, se encontró con niños jugando. Además de Nayla, hubo un joven de 19 años herido de bala.

“Nosotros estamos preocupados por la situación que se vive en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires, donde muchas veces grupos muy violentos asociados en general al narcotráfico, generan un nivel de inseguridad para los vecinos y para los efectores del Estado muy difícil de afrontar”, explica a Tiempo la legisladora del Frente de Todos Claudia Neira, quien añade: «Hace pocos días estuve en la villa 31 donde durante un mes estuvo cerrado un Cesac porque el personal de salud y las familias no podían estar un día sin que hubiera algún hecho de inseguridad”.

Cinturón Sur y ausencia del Estado

“En la 1.11.14 confluyen diferentes problemas. En relación a otros barrios no está atravesando ningún tipo de proceso de urbanización, como la 31, la 20 o Rodrigo Bueno. La ausencia de Estado es total”, describió la legisladora porteña que integra la Comisión de Seguridad y recordó que hace una década atrás, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, se implementó el Operativo Cinturón Sur, donde fuerzas como Prefectura y Gendarmería estaban desplegadas en «zonas calientes» de la capital. 

En 2017, el entonces presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, derogaron a través de un decreto este Operativo, dado que le habían transferido a la Ciudad buena parte de la Policía Federal. “Este decreto que es el 66 del 2017 nunca se implementó y lo que terminó ocurriendo es que se dilató la presencia de Gendarmería en distintos barrios hasta que asumió nuestro gobierno y empezó una negociación para ver cómo la Ciudad iba finalmente a asumir la función de seguridad en cumplimiento de su autonomía y soberanía sobre su propio territorio donde no la tenía”, continuó.

El rol de la justicia

“Lo que ocurrió esta semana es una situación tristísima porque ha perdido la vida en un tiroteo una niña de 4 años. Cuando estas situaciones son repetitivas en algún momento terminan en un caso dramático como este», resumió la legisladora, quien concluyó: «Veníamos de varios días de protestas por parte de los vecinos del barrio por situaciones entre bandas, de hostigamiento y de violencia. Creemos que tiene que haber un esfuerzo y compromiso coordinado desde muchas aristas y dimensiones que tienen que ver con la presencia del estado, la urbanización, el espacio público, donde la policía de la Ciudad debería asumir la responsabilidad. Ese esfuerzo se tiene que coordinar con la Gendarmería para potenciarlo y, por su puesto, en materia de narcotráfico, la justicia es la que tiene que dar impulso para avanzar sobre las investigaciones”.