Cómo salir de la crisis sin una restauración conservadora

Los miembros fundadores del Mercosur sancionaron severamente a Venezuela al aplicarle el protocolo de Ushuaia y al esgrimir como motivo la «ruptura del orden democrático», una cláusula que lo suspende en la totalidad de sus derechos y obligaciones hasta tanto los estados parte lo resuelvan o hasta que el sancionado modifique su situación. En este caso sería además el establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, algo a lo que el bloque se oponía, que fue instaurada el viernes en medio de una polémica por la suspensión de la fiscal general disidente Luisa Ortega Díaz, dictaminada un día antes por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La medida se resolvió en una reunión de urgencia en San Pablo, Brasil, y fue posible gracias a la participación de Uruguay, que firmó el comunicado junto a los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil y Paraguay. Montevideo venía evitando una condena fuerte, de hecho fue artífice de haberle bajado el tono al documento del bloque tras la reunión en Mendoza. Un día antes del encuentro en San Pablo, el argentino Jorge Faurie viajó a Montevideo para asegurarse de que su par uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, acompañaría el castigo. Fuentes cercanas a Cancillería afirman que la reunión fue tensa y que Faurie no se fue con una respuesta. Hasta ayer, las declaraciones de Nin Novoa fueron en la dirección de que convalidaba la sanción «por el pueblo de Venezuela», pero la prensa especializada especulaba con que el uruguayo firmó el documento en disidencia. «Hay mucha presión de todos lados y seguramente no le quedó otra, pero hasta ahora no dicen oficialmente nada», afirmaron a Tiempo periodistas del entorno diplomático.

El encuentro excluyó también a estados asociados, como Bolivia y Chile, algo que es objeto de controversia y que Venezuela esgrimirá para deslegitimar la medida. El comunicado conjunto de los cancilleres atribuye la sanción a la «ruptura del orden democrático». Aunque no la menciona, la razón es la ANC, votada según números oficiales por más de 8 millones de venezolanos la semana pasada, y cuestionada por varios gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos, la OEA y otros organismos. Pero a la vez apoyada por otros tantos estados y organizaciones. El funcionamiento de la ANC coincidió con la decisión del TSJ de suspender a la procuradora de la Nación, acérrima cuestionadora del presidente Nicolás Maduro. Tras su primera sesión, se afirmó que la ANC directamente destituyó a la fiscal y nombró en su lugar al hasta ahora defensor del Pueblo Tarek William Saab. Esta información se reprodujo en varios medios, aunque según el embajador venezolano en Argentina, Carlos Martínez Mendoza, la ANC no destituyó a la fiscal ni nombró a su reemplazo, sino que «atendiendo a la medida del Tribunal recomendó a William Saab como fiscal provisional». Martínez aseguró que hoy saldría un comunicado oficial aclarando la posición del gobierno sobre este punto.

El debate sobre la Constituyente, un suprapoder habilitado por los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución Bolivariana, llegó hasta el Vaticano. Esta semana la Santa Sede difundió un comunicado atribuyendo a Francisco su oposición a la ANC. Pero el propio Maduro se encargó de confrontarlo y lo atribuyó a una «operación» de la Secretaría del Estado Vaticano, en una entrevista con Radio Rebelde, de Argentina. «