Cómo se gestó el acuerdo con gobernadores por el Fondo del Conurbano

Para el año próximo, el tercero de su mandato, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal contará con unos 20.000 millones de pesos adicionales al presupuesto provincial, a cambio de reemplazar una victoria judicial pírrica por retirar el recurso que presentó ante la Corte Suprema para que declare la inconstitucionalidad del tope de 650 millones de pesos, para el Fondo del Conurbano. La salida política a un fallo posiblemente favorable a Vidal es el primer saldo de la reunión que mantuvo este jueves el presidente Mauricio Macri, y parte de su gabinete, con los gobernadores de las 24 provincias, además de la Ciudad Autónoma.

La reunión de este jueves no resultó como el Ejecutivo esperaba, porque los mandatarios provinciales, especialmente opositores y algunos oficialistas, se negaron a resignar recursos y afrontar aumentos impositivos a sus economías regionales. Sin embargo, algunos mandatarios, como el mendocino Alfredo Cornejo, parecieron resignar parte de sus derechos sobre la coparticipación federal a cambio de evitar un gravamen a la industria vitivinícola. El modelo de cesiones podría repetirse con los impuestos a los electrónicos, que busca evitar la mandataria de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; o a la industria azucarera y tabacalera, que afectan a las provincias de Salta y Tucumán, gobernadas por Juan Manuel Urtubey y Juan Manzur.

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El cambio estructural que gran parte de los mandatarios habría aceptado es la derogación del artículo 104 de la ley del Impuesto a las Ganancias, para reformular la distribución del 10% que fija ese texto. Es una pieza dentro de una serie de cambios que impactan en el financiamiento de la ANSeS, es decir, que financiará con recursos previsionales parte de los cambios fiscales que pagarán la negociación con Vidal. El toma y daca es la parte inicial de un plan que se extenderá durante todo el verano, a partir de las sesiones extraordinarias del Congreso que convocará el Ejecutivo para tratar los proyectos de ley que pretende sancionar antes de marzo, como la reforma laboral.

Parte del enroque que derivó en la base de acuerdos de este jueves fue resuelto el lunes, mientras Macri encabezaba una gira de negocios por Nueva York, con una comitiva que incluyó a los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, de Santa Fe, Miguel Lifschitz, de Entre Ríos Gustavo Bordet y de Neuquén Omar Gutiérrez. Mientras el Presidente hacía lobby en la Gran Manzana con los caciques provinciales para avanzar en la renegociación de la coparticipación federal, el jefe de Gabinete Marcos Peña y los ministros Frigerio y Dujovne reunieron a los cinco mandatarios provinciales propios. Por el PRO fueron Vidal y Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad) y por el radicalismo estuvieron el mendocino Cornejo, Ricardo Colombi (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy). En ese bloque oficialista de gobernadores se acordó intercambiar el posible fallo favorable de la Corte por el Fondo del Conurbano a cambio de la mitad del total anual reclamado, financiado con fondos federales.

Cerca del gobernador santafesino negaron que hubiera acuerdo alguno durante la gira neoyorkina, pero tanto Córdoba como la tierra litoraleña son las dos provincias que, junto a San Luis, obtuvieron el primer fallo de la Corte que le tocó padecer a Macri como presidente. El 24 de noviembre de 2015, un día después del balotaje, el máximo tribunal ordenó la devolución del 15% de los fondos coparticipables que les retenía la ANSeS. La medida obligó a Macri a evitar un efecto dominó, y ofrecerles a todas las provincias la restitución en cuotas. Parte de esa masa de dinero será parte de la torta federal de recursos que el Ejecutivo trata de reordenar, en una negociación que incluye la sanción de una ley de responsabilidad fiscal para ajustar los estados provinciales y la disminución progresiva de los impuestos locales a los Ingresos Brutos, uno de los principales ingresos para los territorios más poblados.

El desenlace de la controversia por la coparticipación, dicen en el Gobierno, es la primera fase de un nuevo esquema de distribución de los recursos federales que determinará la relación con las provincias en los próximos años, pero con una gigantesca reparación presupuestaria para la mayor provincia del país, uno de los estados más endeudados en el mundo durante este año junto a la Argentina. El auxilio que le ofrecerá Macri a Vidal le permitirá a Cambiemos reducir el desgaste político a la segunda parte del mandato de la gobernadora, camino a un año donde los índices económicos siguen sin mostrar perspectivas sostenidas de recuperación, especialmente en términos de empleo, inflación y endeudamiento.

Los tiempos que baraja el entorno del Presidente apuntan a sanciones del presupuesto y de la reforma tributaria antes del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos senadores y diputados, con una composición que no sacará al oficialismo de la primera minoría, pero que afianzará un intercambio más claro con el peronismo y con escaños que representan directamente a los gobernadores que este jueves protagonizaron el primer round de una mesa de negociación donde están en juego masas multimillonarias de recursos públicos. El cuarto intermedio termina la semana que viene con una nueva reunión prevista para el jueves 16. El inicio de esa cuenta regresiva arrancó con una mala noticia para Macri proveniente de Washington, con la confirmación que hizo el Departamento de Comercio de la Casa Blanca del aumento al 72% de los impuestos para el ingreso de biodiésel de soja al mercado norteamericano. Se trata de la perdida de 1.200 millones de dólares en exportaciones para la industria argentina de biodiesel, especialmente basada en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. El revés, que terminará en una controversia ante la Organización Mundial del Comercio, comenzó a mostrar el sabor agridulce, y las consecuencias económicas de la relación que Macri construye con la administración de Donald Trump.