Todo el detalle de lo que pasará en los lugares de votación el 13 de agosto y las críticas desde la oposición al sistema de elección concurrente.

En paralelo, desde Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y colectivos de especialistas en seguridad informática volvieron a advertir sobre posibles fallas de seguridad en las boletas electrónicas, en especial al momento de la transmisión de datos desde las urnas. Además, hay reclamos sobre el diseño de las pantallas y también el tiempo que llevará a las personas que concurran realizar todo el circuito del voto.
El domingo 13, los más de 2,5 millones de porteños y porteñas deberán concurrir a los lugares de votación autorizados, donde notarán que las autoridades de mesa estarán ubicadas dentro de cada una de las aulas y no en las puertas de ingreso como habitualmente ocurre.
Cada persona que concurra a votar en la Ciudad de Buenos Aires, se enfrentará al siguiente proceso:
1- La autoridad de mesa pide el DNI y entrega un sobre vacío para votar cargos nacionales.
2- Se pasa detrás del biombo o cuarto oscuro, se elige la boleta de papel con el precandidato o la precandidata a presidente de la Nación y se la guarda en el sobre.
3- Se regresa a la mesa para depositar el sobre con el voto en la urna correspondiente, y la autoridad entrega la boleta electrónica, a la cual le corta un troquel.
4- Se coloca la boleta electrónica en la máquina para votar al precandidato o la precandidata a jefe o jefa de Gobierno. Se confirma el voto en pantalla, se imprime la boleta electrónica y se verifica que coincida con lo votado. Si todo coincide, se dobla por la mitad.
5- Una vez que la autoridad de mesa corte el segundo troquel de la boleta electrónica, se deposita en la urna correspondiente. Se firma el padrón y se recibe la constancia de votación.
Ya se encuentra disponible un simulador que permite realizar un ensayo bajo condiciones similares a las que aparecerán en pantalla el domingo 13 de agosto.
En abril de este año, cuando el gobierno porteño anunció el formato de elección concurrente, Tiempo dialogó con especialistas, científicos e investigadores en seguridad informática y electrónica, que coinciden en algo: la alta vulnerabilidad del sistema BUE de boleta única electrónica y la dificultad de garantizar un resultado legítimo.
Para Lisandro Teszkiewicz, apoderado de la lista de Unión por la Patria (UxP), «no se respetaron los plazos del Código Electoral y las máquinas de votación electrónica fueron adquiridas de manera improvisada, el software y las pantallas se siguieron modificando hasta el lunes pasado y no se realizaron medidas de capacitación a la población para una nueva forma de emitir el voto».
«Establecer dos elecciones distintas con métodos distintos en el mismo momento, en el mismo lugar y con las mismas autoridades va a generar muchísimas molestias y complejidades a todas y todos los ciudadanos porteños a la hora de emitir su voto», alertó en declaraciones a Télam.
Por su parte, Patricio Del Corro, referente de una de las listas del Frente de Izquierda, indicó que el diseño de las pantallas que mostrarán los dispositivos electrónicos aprobado por el Instituto de Gestión Electoral es «antidemocrático«, al tiempo que cuestionó «el desdoblamiento de las elecciones» porque «va a aumentar los tiempos» y apuntó sobre «el armado de este sistema que ya fue hackeado en 2015«.
Diego Fernández, a cargo de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, aseguró que el sistema de BUE «tiene todas las características de seguridad necesaria» y remarcó que «tomando la experiencia del 2015» y las «diez elecciones en Salta» donde se utilizó este sistema «no hay ninguna evidencia de hackeo».
A fines de junio, la Fundación Vía Libre (FVL) presentó un amparo contra el Gobierno porteño para que se le ordene la suspensión de la concesión otorgada a la empresa MSA para la prestación del servicio de BUE, por el que cobraría unos 29 millones de dólares para proveer el software y los dispositivos.
En la acción de amparo, la titular de la FVL, Beatriz Busaniche, afirmó que la compañía tiene de «serios problemas de seguridad», por lo que consideró que no estaban dadas las garantías «del correcto cumplimiento del derecho al voto».
El lunes pasado, el Tribunal Electoral porteño rechazó «in limine» la medida al afirmar que «no se advierte que dentro del objeto social de la entidad actora se encuentren comprendidas la defensa y tutela de los derechos electorales de la ciudadanía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
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