Las trampas de Techint y Vicentín para pagar menos impuestos en la Argentina

Académicos de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales IDAES (Escuela-IDAES), que funciona en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) realizaron un análisis para el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el que dejaron al descubierto la participación de los grandes conglomerados empresariales Techint y Vicentin en prácticas de abuso fiscal.

Los investigadores, que contaron con el apoyo de la sede local de la Fundación Friedrich Ebert, apuntaron hacia un esquema usado por ambas firmas (y muchas exportadoras argentinas) por el cual instalan firmas en Uruguay para, desde allí, triangular las ventas con el exterior. El objetivo es disminuir las ganancias de las empresas locales que realmente producen, transfiriendo utilidades a las uruguayas.

Por qué Uruguay

“En los casos de Techint y Vicentin, Uruguay no les cobra el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, del 25%, ni el Impuesto al Patrimonio, que es del 1,5% sobre las ganancias provenientes de estos grandes grupos», aseguró Alejandro Gaggero, de IDAES-UNSAM e investigador del CONICET, en entrevista con Tiempo. Por ejemplo, son omitidos los “dividendos percibidos de firmas extranjeras o por el resultado de la liquidación de una de sus firmas en el exterior”, agregó.

“También se sabe que estas firmas se encuentran amparadas bajo el régimen tributario especial sobre Impuestos a la renta de Uruguay, bajo la resolución DGI 51/97, por lo que deben abonar aproximadamente el 0,75% de sus ganancias”, contó el investigador. En los casos generales el impuesto a la renta de Uruguay “comprende una alícuota del 25% sobre las ganancias antes de impuestos”, señaló. “Sin embargo, en estos casos se considera como renta originaria al 3% de la ganancia de la firma. Por esta razón, únicamente se le aplica el 25% a dicho 3% de la ganancia”, explicó Gaggero a este diario.

Techint, entre Luxemburgo y Montevideo

Gaggero observó que Techint es el grupo local que durante las últimas tres décadas “protagonizó el proceso de internacionalización más exitoso, transformándose en uno de los principales productores globales de tubos sin costura y en líder regional en el mercado de aceros planos”.

“No sólo se expandió productivamente en el exterior, sino que también llevó adelante una reestructuración corporativa que dejó a las empresas locales como eslabones de una red global”, dijo el investigador. En ese camino, “el último control pasó a depender formalmente de firmas localizadas en guaridas fiscales”.

“Techint localizó a esos holdings -propietarios del resto de las empresas del grupo- en Luxemburgo, creando Tenaris para consolidar a las fabricantes de tubos sin costura, y el holding Ternium para las de aceros planos”, reconstruyó Gaggero. La expansión internacional del grupo derivó “en una estructura similar a la de otras empresas transnacionales, potenciando problemáticas tradicionalmente asociadas a estas”, agregó.

“Entre las consecuencias que este proceso trajo sobre los flujos de salida de capitales, se destacan la posibilidad de manipular los precios de transferencia en las transacciones de bienes y servicios entre empresas del grupo situadas en países diferentes”, sostuvo el investigador. Uno de los aspectos de la reestructuración fue la localización de empresas de comercialización y logística “en países distintos a donde están ubicadas las plantas de producción, tratándose en general de distritos con regímenes tributarios favorables, como por ejemplo Uruguay”, aseguró.

Esta “división del trabajo” entre países al interior del grupo facilita la manipulación de los precios de transferencia, aumentando los costos en las filiales radicadas en jurisdicciones de alta tributación relativa -como Argentina- e incrementando los ingresos de las que se encuentran en países con baja o nulas tasas impositivas.

Los precios de transferencia son los precios a los que las empresas transfieren bienes, servicios o propiedad intelectual entre sus unidades o subsidiarias en diferentes países.

“Así fue como el grupo creó una importante estructura offshore en Uruguay con empresas cáscara, a pesar de que no tiene actividad productiva relevante allí”, explicó Gaggero. Estas firmas facturaron “en 2021 más de U$S 7 mil millones, una cifra equivalente al 13% del PBI de ese país y obtuvieron una ganancia de casi U$S 500 millones”, enumeró.

“Gracias a las normas impositivas uruguayas, la tasa efectiva del impuesto a la renta comprende únicamente el 0,75% de las utilidades, mientras que en Argentina el impuesto a las ganancias es del 35%”, detalló el investigador. Eso explica en parte la “funcionalidad de estas estructuras que permiten minimizar el pago de gravámenes; las empresas cáscaras uruguayas abonaron impuestos -incluyendo el impuesto a la renta, entre otros- por el 0,3% de su facturación y el 3,2% de las ganancias antes de impuestos para el año 2021”, señaló.

Vicentin cruzó el charco

“La empresa Vicentin, por su parte, llegó a ser una de las principales exportadoras de aceite de Argentina”, contó Gustavo Zanotti, miembro de la Universidad Nacional de Rosario e investigador del CONICET. A partir de 2013, el grupo inició una transformación de “su estructura corporativa con la creación de una serie de empresas en Uruguay, que durante los siguientes años fueron adquiriendo una parte de los activos que había incorporado anteriormente”, agregó.

La pieza clave de este “desdoblamiento” fue Vicentin Family Group (VFG), una empresa cáscara con sede en Montevideo y con los mismos accionistas, que fue “comprando” empresas que hasta ese momento le pertenecían a Vicentin SAIC.

“Entonces la estructura offshore fue adquiriendo activos que antes estaban en manos de Vicentin SAIC e incorporando otros durante el proceso de diversificación, generando una verdadera ‘estructura paralela’ con sede formal en Uruguay”, señaló Zanotti. A partir de ese momento, “fueron piezas centrales en la arquitectura financiera de Vicentin, otorgando y solicitando importantes créditos a otras firmas del grupo, y funcionando como intermediarios comerciales en las exportaciones del grupo”, agregó.

De esta forma, “el grupo tuvo la posibilidad de manipular los precios de transferencia en el comercio exterior”, resumió el investigador. Además, realizó múltiples operaciones financieras con “partes relacionadas que le otorgaron ingresos financieros y simuló operaciones como si se tratara de una empresa que produce algún bien o servicio necesario para la producción”, señaló.

Así fue como se produjo el desdoblamiento de la estructura corporativa que le permitió a los accionistas vender las participaciones de algunas de las principales empresas del grupo luego de que Vicentin SAIC entrara en concurso de acreedores a fines de 2019 porque esta última, formalmente, ya no era la propietaria.

El abuso fiscal y la corrupción

“Las definiciones de los organismos internacionales sobre la corrupción suelen restringirla a decisiones individuales de funcionarios que se aprovechan del poder público para obtener beneficios individuales”, apuntó Zanotti. Estas conceptualizaciones «suelen derivar en una idea bastante estrecha de la corrupción, asociándola exclusivamente a los sobornos recibidos por los políticos e ignorando el rol del sector privado y a los demás actores que lo facilitan”, remarcó.

“Existen definiciones más amplias de la corrupción, que resaltan su carácter sistémico”, subrayó el investigador. Por caso, “Tax Justice Network -red para la justicia fiscal- la define como el socavamiento de la confianza pública en la integridad de las reglas, sistemas e instituciones que promueven el interés general”.

“Siguiendo esta idea, el abuso fiscal por parte de las grandes corporaciones privadas sin duda tiende a erosionar la confianza en las instituciones públicas”, reflexionó Zanotti. Ello ya que pone en evidencia que “los más ricos cuentan con herramientas para escapar de las regulaciones que deberían alcanzar a todos los ciudadanos”, agregó.

Zanotti ponderó los esfuerzos por pensar en “cómo instalar una cultura cívica que proteja el bien común cuando los más poderosos pueden escapar de las normas básicas”, lo que también permitiría reflexionar sobre si hay diferencias «en la integridad entre un empresario que paga un soborno a un funcionario para acceder a beneficios fiscales, y otro que paga a una empresa financiera para crear una estructura offshore que le permita eludir el pago de impuestos”.