Compra de armas: una pantalla para ocular el ajuste brutal en el sector Defensa

Una vez más el gobierno de Mauricio Macri despliega su inmensa capacidad de ilusionismo, ya que, mientras practica un brutal ajuste en todas las reparticiones públicas, incluido el sector Defensa, simula un reequipamientoo rearme de las Fuerzas Armadas.

En efecto, según trascendidos oficiales, se planea recortar durante 2017 partidas en todas las dependencias del sector Defensa afectando proyectos estratégicos y generadores de valor agregado argentino, como los contratos para la provisión de radares de INVAP, múltiples proyectos tecnológicos del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), modernización de submarinos, remotorización de los aviones Pucará, por nombrar solo unos pocos. Así, lejos del supuesto “rearme”, el lunes 20 de marzo de este año, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Bari del Valle Sosa, habría presentado una propuesta de “reducción de gastos” anteel Presidente de la Nación, cuyas filminas son reproducidas en las notas periodísticas,exponiendo “ahorros” muy significativos en el área. En 2016 se habrían ahorrado $ 4.615 millones, provenientes en su mayor parte ($ 3.883 millones) de la paralización del proceso de remotorización del Pucará que se llevaba adelante en la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA); en tanto que la propuesta de racionalización del gasto jurisdiccional ascendería en 2017 a $ 4.326 millones, contemplándose la venta de 12 inmuebles de las Fuerzas Armadas por la suma de $ 335 millones.

Frente a todo ello, la nota enviada por el Embajador Lousteau al congresista Peter Visclosky, en junio de 2016, fue una suerte de “carta de intención” para que el Congreso de los Estados Unidos apruebe la eventual financiación para que nuestro país pueda adquirir el material solicitado, por un monto superior a los 2.000 millones de dólares.A casi un año de tal nota, no se ha producido la inclusión en el Presupuesto 2017 de los Estados Unidos de ninguna asignación para la Argentina; y la gestión de Macri no ha incorporado ni una tuerca para el instrumento militar. Pretende disfrazar la incorporación de avisos de origen ruso, hecha durante la gestión de Agustín Rossi, como propias; y lo único novedoso ha sido el alquiler (leasing) de cuatro aviones de instrucción básica, de los cuales uno casi se estrella a las pocas horas de uso. Respecto al futuro cercano, sólo se encontrarían en proceso de incorporación los aviones Texan —aunque el pedido fue reducido de 24 a 12 unidades—, aviones Caravan C-2006 y helicópteros Bell 412.

Volviendo a la nota del Embajador argentino en los Estados Unidos, el equipamiento solicitado se utilizaría para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Las finalidades allí consignadas expresan una muy preocupante desorientación estratégica del actual gobierno.

Concordantemente con ello, en su último informe ante el Congreso, el 22 de marzo de 2017, el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, mencionó la existencia de un “Plan Esquemático de Equipamiento de carácter secreto”, elaborado en 2016 en el marco de un “Proceso de Planeamiento Abreviado”. Por su parte, en respuesta a una pregunta acerca de la visión del gobierno argentino sobre la Defensa nacional, Peña señaló que “el primer objetivo es reorientar la política de Defensa Nacional en base al nuevo escenario nacional e internacional”.Sería importante saber qué tipo de equipamiento militar supone el mencionado “Plan Esquemático de Equipamiento de carácter secreto”, a los efectos de conocer si parte del material solicitado en la nota del Embajador Lousteau se halla efectivamente incorporado en el planeamiento abreviado al que refiere el Jefe de Gabinete.

También sería importante saber cuál es efectivamente el “nuevo escenario nacional e internacional” que visualiza el gobierno y cuál su relación con el equipamiento militar requerido. La nota del Embajador Lousteau afirma el compromiso argentino con los Estados Unidos en la “lucha contra el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, el tráfico de drogas y el delito organizado”. Resulta llamativo que sean estas “nuevas amenazas” las primeras referencias del Embajador en una nota cuyo objetivo es persuadir al gobierno estadounidense acerca de la incorporación de determinados requerimientos de material para las Fuerzas Armadas argentinas. Amenazas que para la legislación argentina son objeto de conjuración por parte de las fuerzas policiales y de seguridad y para las cuales la intervención de las fuerzas armadas se encuentra vedada, salvo la posibilidad de articulación logística o que, ante el desborde las fuerzas policiales y de seguridad, se requiera, de acuerdo con los mecanismos estrictos y de excepción que prevé la Ley de Seguridad Interior, la acción subsidiaria del instrumento militar.

Finalmente, completa este desconcertante panorama el hecho de que, a un año y cuatro meses de su asunción, el gobierno de Macri aún no explicitó en una nueva directiva de máximo nivel (Directiva de Política de Defensa Nacional) cuál es la apreciación del escenario global y regional que tiene y que anuncia ver bajo un prisma diferente, siendo los documentos estratégicos vigentes los que vienen de la anterior gestión de Cristina Fernández de Kirchner. El Gobierno alega tener una visión diferente del país, de la región y del mundo, pero no la explicita por los canales institucionales correspondientes. En consecuencia, solicita armamento a los EEUU sin ningún lineamiento estratégico que lo sustente; y, aún peor, desconoce de manera explícita lo que establece el plexo jurídico argentino respecto a las funciones, misiones y jurisdicción de las Fuerzas Armadas.