«Comunicaciones no se vende pero tampoco se roba»: los socios arremeten contra el juez «vaciador»

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 18 estadios de fútbol habilitados para las competiciones de AFA. Uno de ellos es el de Comunicaciones, el corazón social, deportivo y afectivo del barrio de Agronomía. El equipo, habitual participante de torneos del Ascenso, realiza una de las mejores actuaciones de su historia: ya ganador del torneo Apertura de la Primera B, el 22 de octubre comenzará a jugar las semifinales del Reducido en búsqueda de lo que sería su primer ascenso al Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. Pero ayer el querible «Comu» entró en un desafío mayor: defender al club de lo que considera una «estafa» a cargo del juez Fernando D’Alessandro, a quien la comunidad «cartera» acusa de «vaciador».

«Ahora hay que salvar al club, eso es lo primero, pero los dos frentes son importantes, el club y el equipo. Tenemos lo urgente y lo importante», le dice a Tiempo Ezequiel Segura, la principal referencia social de la institución y candidato a presidente (virtual ganador) de las elecciones que se realizarán el 30 de octubre, las primeras en Comu desde 1999.

Comunicaciones entró en quiebra en 2000 y desde entonces intenta un sanamiento que ayer entró en peligro por la decisión de D’Alessandro, un juez visto con desconfianza por los hinchas desde hace más de 10 años, cuando decidió venderles los terrenos al sindicato de Camioneros (el fallo lugo fue revertido por la Cámara de Apelaciones).

En concreto, el juez decidió ayer dos puntos que ponen a la economía de Comunicaciones contra las cuerdas: «En un fallo escandaloso, D’Alessandro obliga al club a pagar su deuda con los dólares obtenidos a partir de la venta de una hectárea de nuestro predio, usando un tipo de cambio de… ¡37 pesos!», escribió el club en su cuenta de Twitter.

«Al mismo tiempo, el juez fija honorarios para los diferentes Organos Fiduciarios por ¡¡¡215 MILLONES DE PESOS!!! En definitiva, Comu, que está próximo a democratizarse, PIERDE TODOS LOS INGRESOS obtenidos por la venta de parte de su terreno», agregó el club en su comunicado, antes de cerrar: «Esta decisión injusta se hace en un momento en el que el club aún no cuenta con una comisión directiva, privándonos del legítimo derecho a la defensa y compromete el futuro de Comunicaciones administrado por sus socios y sus socias. COMU NO SE VENDE, PERO TAMPOCO SE ROBA».

Segura, en diálogo con este diario esta mañana, pone en contexto: «Nosotros no tenemos ese dinero. Deberíamos vender lo que es nuestro y tampoco nos alcanzaría. Durante este tiempo, el club estuvo bajo administración de órganos fiduciarios, que le vendieron una héctarea de nuestro predio al gobierno de la Ciudad para la realización de un túnel. En ese momento se compraron dólares. Pero ahora nos quieren hacer venderlos a 37 pesos, que era el valor de la época. Y la ley dice que se debe pagar a valor nominal, y sin intereses».

Ya próximo a volver a manos de sus socios y socias, Comunicaciones tiene una historia de lucha, como cuando su gente tomó el club para evitar la venta, en 2012, del juez D’Alessandro a Camioneros. El gremio no era el único interesado en comprar el terreno: también pujaron con fuerza el empresario de medios Daniel Hadad y la legislatura porteña de la Ciudad de Buenos Aires. Comu resistió.

«El problema ahora es que, además de vaciarnos el club, no tenemos quien defienda a Comunicaciones. Estamos indefensos, legalemente sólo somos un grupo de socios, y la Comisión Directiva recién estará resuelta el 1 de noviembre, el día después de las elecciones. El apremio es porque la decisión del juez tiene un plazo de cinco días para ser apelada. Por eso necesitamos que desde la Secretaría de Deportes o desde la fiscalía se actúe en nombre de Comunicaciones», agrega Segura, encargado del fútbol del club y virtual próximo presidente.

Este miércoles será importante: la Secretaría de Deportes ya mostró interés en respaldar la posición de Comunicaciones, así como el resto del fútbol argentino está decidido, otra vez, a porteger a un club que es mucho más que fútbol. Desde sus inolvidables carnavales de décadas pasadas, a su actividad social de estos días -6.000 socios y socias que practican básquet, tenis, pileta, fútbol femenino, colonias de verano-, el club intenta resistir contra un fallo «escandaloso».