Comunidades aborígenes dan pelea en Brasilia para defender sus tierras

La fallida frase de Alberto Fernández acerca de que los indios brasileños vienen de la selva, que causó un repudio generalizado y hasta las burlas del presidente Jair Bolsonaro, podría sin embargo resultar un buen argumento en la causa que el Supremo Tribunal Federal debe resolver en las próximas horas sobre la propiedad de territorios ancestrales de las comunidades originarias.

La cuestión de fondo que tiene entre manos la corte brasileña trata de los derechos de los indígenas a ocupar y preservar sus tierras, tal como les asegura la Constitución de 1988. La Carta Magna buscaba, en los albores de la democracia, ponerle un límite a la ambición de los grandes capitales por desplazar a poblaciones que, como descendientes de pueblos que estaban asentados en esos lugares por infinidad de generaciones, no tienen documentación que acredite la propiedad. El argumento que los popes del agronegocio pusieron en discusión es que solo tienen derecho a las tierras que estaban ocupadas cuando se puso en vigencia esa Constitución.

Los defensores legales de los aborígenes sostienen que la normativa no prevé eso que denominan “marco temporal” y que muchas de esas comunidades habían sido desplazadas a lo largo de la historia de Brasil y, sobre todo, durante la dictadura militar (1964-1985).

“Todo Brasil es tierra indígena. Nunca salimos de esta tierra, siempre estuvimos aquí», dijo a la agencia AFP Tai Kariri, líder de 28 años del pueblo que tiene ese nombre del estado de Paraiba, al noroeste del país.

Bolsonaro, que se llegó a fotografiar para las redes con algunos representantes indígenas para hacer pullas a Fernández, es un firme partidario de no reconocer territorios previos y alertó que si el STF rechaza la interpretación del marco temporal favorable a los habitantes originarios, “se puede desatar un caos”.  Incluso a través de la Abogacía General de la Unión presentó un petitorioi ante el STF para que prohíba los actos que se desarrollan en Brasilia.

Miles de miembros de unas 170 comunidades originarias marcharon hacia la capital del país y se asentaron en la explanada de la Plaza de los Tres Poderes, una extensa superficie que da a los edificios de la Presidencia, el Congreso y la Corte.

El Grupo Prerrogativas, un colectivo que lleva adelante las demandas indígenas, explicó que la tesis del “marco temporal” pretende que no puedan reclamar tierras que ocupaban antes de ese punto límite del 5 de octubre de 1988. “Esa tesis simplemente ignora que los pueblos fueron despojados de sus tierras por medio de la violencia o como consecuencia de la expansión rural o urbana”. Y hace un planteo que apunta señalar una interpretación maliciosa del texto aprobado hace 33 años.  “¿Quedarían esos pueblos carentes de derechos en el contexto de una Constitución que reconoce igual dignidad a las personas de los diversos grupos formadores de la sociedad nacional?”.

Este razonamiento aduce que el artículo 231 de la Carta Magna elaborada luego de la dictadura, “reconoció a los indígenas los derechos originarios a las tierras que tradicionalmente ocupan. O sea que aseguró derechos que se remontan al período de la conquista, pero las tierras son las tradicionalmente ocupadas, esenciales para la conservación de la propia cultura”.

Todo este incidente nace del llamado Caso Raposa Serra do Sol, una reserva establecida como hogar de los makuxí, wapixana, ingarikó, taurepang y patamona, ubicada al norte del estado de Roraima, la más grande del país y con una superficie de 1.743.089 hectáreas.

EL proyecto se comenzó a implementar en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en 1993, pero no fue sino hasta 2005 que Lula la reconoció oficialmente.

Los productores arroceros, con el apoyo de las autoridades políticas locales, desataron una ola de violencia que provocó una treintena de muertos. El caso llegó al STF en 2009 y el fallo estableció que en ese lugar solamente podían vivir miembros de los pueblos originarios. El resto -mayormente arroceros- tuvo que irse. En 2013 otro dictamen de la corte validó los criterios de demarcación utilizados en el Territorio Indígena Raposa Serra do Sol (TIRSS).

Pero en diciembre de 2018 Bolsonaro promovió la explotación agroindustrial a la manera occidental y cristiana.  “Es el área más rica del mundo. Usted tiene cómo explotarla de forma racional. Y del lado del indio, dando royalties e integrando al indio a la sociedad”, planteó esa vez a la salida de la inauguración de un colegio militar en Rio de Janeiro.

Con argumentos que por estas pampas también sonaban bastante en tiempos de Mauricio Macri pero solapadamente persisten, el general Augusto Heleno, un archienemigo de Lula, actualmente a cargo de la jefatura de Gabinete de Seguridad del presidente, se opuso a la legalización de 2005 y ahora está detrás de la expulsión de los indígenas. Alega que la famosa demarcación del TIRSS es un “primer paso para la creación de un estado autónomo” en la frontera norte de Brasil.

El STF tiene una papa caliente entre las manos pero el caso ya tiene antecedentes favorables a los pueblos originarios y además, los magistrados mantienen un enfrentamiento con el gobierno de Bolsonaro.