Con al menos seis trabajadores muertos en cuarentena, buscan regular las apps de delivery

En lo que va de la cuarentena al menos seis repartidores de las aplicaciones de delivery perdieron la vida en hechos de tránsito, dejando al desnudo una estructura laboral con un alto grado de precariedad. El gobierno busca regular el accionar de estas plataformas digitales a través de un proyecto de ley que alcanzaría a unos 60 mil trabajadores. En la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo impulsó ayer una norma a medida de las empresas.

En cuestión de días la actividad paso de ser ilegal a esencial. Antes de la pandemia, el delivery era apenas una parte del negocio de los comercios, hoy representa casi el 100% de las facturaciones para muchos locales del país que permanecen abiertos. Pero los trabajadores y trabajadoras de las cuatro empresas transnacionales (Pedidos Ya, Glovo, Rappi y UberEats) dista de ser acorde a la cantidad de demanda que tienen a diario: carecen de derechos elementales como licencias, cobertura de salud, seguridad social, ART e indemnización por despido.

La demanda se duplicó en cuestión de semanas. El desamparo y la urgencia a la que están obligados, en reiterados casos, se cobró víctimas fatales. Ya son al menos seis los fallecidos en la calle desde el comienzo de la cuarentena. El último fue horas antes del primero de julio, cuando se había dispuesto el 3° Paro Internacional de Repartidores, que también tuvo lugar en Brasil, Ecuador, Costa Rica y México. «La precarización mata, y trabajar a destajo y en total estado de desprotección es la principal causa de muerte de todos los repartidores», señaló la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, cuando murió Miguel Ángel Machuca a bordo de su moto, a fines de mayo, en Avellaneda.

En un esquema empresarial de rankings que favorece la sobre exigencia y la competencia interna, la gran mayoría excede las cincuenta horas de trabajo semanales (superior a lo que significaría una jornada completa legal), y cada plataforma posee un sistema de premios y sanciones para administrar la aceptación y rechazo de pedidos, como también la obligación a conectarse cierta cantidad mínima de horas por día. Tienen congelado el ingreso por comisión a cada uno de los trabajadores, pese a que a los comercios llegan a cobrarle hasta el 30% de comisión. Y si el negocio decide darse de baja, debe abonar en dólares.

Los repartidores de las apps llevaron adelante tres medidas de fuerza desde el comienzo del aislamiento social y obligatorio, que incluyeron la movilización al Ministerio de Trabajo, en reclamo de que se les reconozca la relación de dependencia existente, un aumento en el monto recibido por comisión (en la actualidad es de 60 pesos por viaje), mejores condiciones laborales y la entrega de elementos de higiene.

Durante estos paros, integrantes de la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) reiteraron: “Somos trabajadores, no somos colaboradores. Nos empujan a trabajar jornadas interminables compitiendo entre nosotros por pagos insignificantes”.

El gobierno, a través del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, impulsará la creación de un estatuto, pero según deslizaron sería por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta iniciativa se centrará en terminar con la informalidad y ampliar los derechos para los repartidores con mecanismos propios de definición de la jornada laboral, cobertura de salud, seguros e indemnización, aunque evitará reconocerlos como trabajadores en relación de dependencia. También buscará encuadrar a las compañías como empleadoras sujetas a obligaciones previsionales e impositivas de las que hoy están exentas.

Juan Manuel Ottaviano, asesor legal de la Asociación de Personal de Plataformas (APP), uno de los gremios que busca representar a los trabajadores, declaró que “el desafío es crear derechos donde no los hay. Contemplar la complejidad de un sistema tecnológico que tiende a crecer a fuerza de inversión, y sobre todo de trabajo humano. Emplazar las garantías y tutelas del derecho del trabajo y respetar las libertades que los trabajadores valoran. Alentar la inversión tecnológica y apartar la precariedad laboral”.

El diputado nacional del Frente de Todos y secretario general de la Corriente Peronista Descamisados, Marcelo Koenig, presentó en marzo un proyecto de ley para crear un régimen especial de contrato de trabajo: “Encontré un vacío legal, una actividad laboral no regulada. Me metí de lleno a desarrollar el estatuto. Y me contacté con distintos sindicatos que agrupan a los trabajadores para que me cuenten cuáles son los ejes centrales que ellos creían que tenían que estar sí o sí en el proyecto”.

Sobre los plazos para una posible aprobación, se mostró cauteloso, especialmente en un contexto de crisis a causa del Covid–19: “Hoy los tiempos son insospechados por la pandemia. Creo que va ser un debate que va a llevar tiempo, fundamentalmente por el lobby de las empresas interesadas en que la actividad no se regule”. Y agregó: «El trabajo a través de las plataformas llegó para quedarse. Esta actividad debe ser regulada. Hay que reconocer a las personas empleadas por las plataformas digitales como trabajadores. El proyecto no sólo busca regular la actividad de los repartidores, sino todas aquellas actividades vinculadas a las plataformas”.

De acuerdo a los abogados laboralistas de los gremios, la característica distintiva entre ambos proyectos radica en que la Ley de Contrato de Trabajo representa el piso mínimo de derechos laborales y cualquier estatuto por fuera de ese encuadramiento supone una perforación de esa base.

Freddy, repartidor de Glovo, relató a La Izquierda Diario cómo es la situación en este tipo de trabajos: “Nos exponemos cada vez que nos subimos a una bicicleta o moto, siempre estamos en riesgo. Para este tipo de App es más importante el pedido que lo que nos haya pasado, cualquier accidente, no importa si se rompió la moto o la pierna».

También en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el bloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para la modificación del Código de Tránsito y Transporte, pero en este caso para considerar a las empresas como simples intermediarias entre trabajadores y usuarios, desconociendo así la relación de dependencia existente y quedando eximidas de las obligaciones tributarias y laborales. 

El proyecto promovido por Juntos por el Cambio estipula la creación de un registro de las operadoras digitales y los repartidores y mensajeros, e incorpora requisitos para ambas partes, como estar inscriptos en la AFIP y tener domicilio en el distrito. Exige el uso de casco y chaleco, pero originalmente aclaraba que las firman, al ser consideradas intermediarias, no estaban obligadas a garantizárselos. Finalmente, por pedido de la oposición, accedieron a que se las incluya. La bancada del FdT también reclamaba que la comisión que les cobran a los negocios no superara el 15%, y el macrismo accedió a que el tope sea del 20%. Afuera del recinto, los trabajadores se movilizaron en reclamo por la nueva ley porque «legitima la precarización».

* Nota realizada en el marco del Taller de Redacción Periodística de Tiempo.