Con el Correo Gate y el recorte jubilatorio de fondo, se aprobó la reforma de las ART

Fueron doce horas de sesión. Había sido convocada por el presidente Mauricio Macri para sancionar la reforma del régimen de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) y casi que resulta un fracaso para el oficialismo. Lo demostró la votación ya que apenas obtuvo 88 votos a favor, 23 negativos y 44 abstenciones. Ocurrió que hacia el final del debate se conoció la noticia del cambio en la fórmula del cálculo de la actualización de las jubilaciones que se traduce en una reducción y, por ende, en una mayor pérdida del poder adquisitivo de las clases pasivas. El enojo por la decisión incluyó a diputados de Cambiemos.

El desarrollo de la sesión había sido consensuado en dos partes bien delimitadas. La primera, que consumió casi cinco horas, se la llevó la ristra de críticas de la oposición al negociado que está resultando la condonación de la deuda del Grupo Macri durante el tiempo que explotó el Correo Argentino. La segunda parte era la sanción de la ley de las ART que contaba con el respaldo de un sector del massismo y del Bloque Justicialista. Pero se coló una tercera parte que casi hace naufragar el acuerdo entre oficialistas y los sectores acuerdistas de la oposición. Fue la novedad de la baja de las jubilaciones.

La novedad generó mucho mal humor y no sólo en la oposición. El bloque del Frente para la Victoria (FPV) ya había decidido votar en contra ante la confirmación de que Cambiemos (y sus socios opositores) no iba a aceptar modificaciones. Pero con la noticia que llegaba de la Anses, el presidente de la bancada anunció que se levantaban. Intentaron que el massismo y el Bloque Justicialista hicieran lo mismo, que hubiese hecho caer la sesión por falta de quórum, pero se negaron.

Cuando faltaba poco para votar, Graciela Camaño pidió la palabra con el pretexto de justificar la decisión de su bloque, el Frente Renovador (FR). Indicó que habían decidido abstenerse y no respaldar la sanción de la norma. “Vinimos de buena fe”, dijo con el rostro serio y agregó que “nos encontramos con la nefasta noticia de la publicación del Decreto 807 del PEN, que lleva la firma del presidente Macri, y el director de Anses anunció la rebaja de las jubilaciones y todos los planes sociales. No vamos a tolerar esta actitud deleznable del PEN”. 

Diego Bossio pidió la palabra y se sumó a la misma posición. Recordó su paso como director del Anses y le retrucó a su sucesor, Emilio Basavilbaso, que había justificado tamaña decisión por “una pequeña sobrestimación” de los porcentajes. Es por ello que Bossio aseguró que era posible que se sobreestimara “pero me siento orgulloso de haberlo hecho a favor de los jubilados”.

La votación se realizó en un clima de mucha tensión porque hasta los propios representantes de Cambiemos bufaban por debajo ya que la mayoría se había enterado casi al mismo tiempo que los opositores. Elisa Carrió preguntaba casi a los gritos en su banca si la especie era real. Emilio Monzó, el presidente de la Cámara, intentó calmar y con esfuerzo logró la votación. Pero la discusión y las quejas a grito pelado continuaron en los pasillos. (Ver nota aparte)

El final de la sesión fue, si se quiere, coherente con el desarrollo del debate que estuvo atravesado en gran parte por el escándalo del Correo.

Entre los que argumentaron a favor de la sanción de la norma estuvo un enfático Héctor Daer. El triunviro de la CGT no tuvo empacho en anunciar su voto a favor de la norma que les otorga a las comisiones médicas la potestad de avalar o no la denuncia de una enfermedad laboral o un accidente de trabajo y que se transforma en un requisito “exclusivo y excluyente” para poder accionar judicialmente.

«No era nuestro proyecto, siempre quisimos hablar de prevención durante años y años», se justificó Daer. «Queremos que los trabajadores tengan certeza rápida, para que puedan saber si tienen o no una enfermedad y que le digan cuál es su diagnóstico en un plazo perentorio, sino el deambular del trabajador es permanente», argumentó el sindicalista para luego indicar que “lo que hoy tenemos es nada. Tenemos que ver si los derechos se ejercen y se realizan, sino cometemos el grave error de creer que tenemos normas y no se concretan y eso no sirve a los sectores más vulnerables”, sostuvo. Luego, el legislador cambiaría de opinión y se abstendría.

Pero Daer no es el único diputado de extracción sindical. El resto no tuvo esa posición similar. Por caso, Facundo Moyano, massista como Daer, y Omar Plaini anunciaron su rechazo a la ley. A su turno, Héctor Recalde del FPV expuso su negativa al mostrar un cartel con la nota del diario La Nación cuyo titular sintetizó su posición: «Para bajarles costos a las empresas, el gobierno impulsa una reforma laboral», leyó y luego agregó que “esto significa flexibilización laboral”.

El diputado Luis Petri (UCR-Mendoza) no tuvo empacho en justificar el proyecto oficialista. Se concentró en el caballito de batalla del oficialismo, el supuesto incremento de los juicios laborales. “En los últimos años bajó la siniestralidad pero aumentó la judicialización”, se quejó con vehemencia. “Son 120 mil juicios al año que tienen una duración promedio de tres años”, agregó y remató con que “nos meten el miedo de la inconstitucionalidad, pero es inmoral que sostengamos el status quo”. 

Su colega del PRO, Daniel Lipovetzky, pretendió desarmar el argumento del escollo inconstitucional que significan el dictamen de las comisiones médicas: “Mantenemos la doble vía, pero tratamos de que el trabajador que quiera cobrar su indemnización de forma expedita y evitar un juicio, pueda tomar el camino de las comisiones médicas, y ese camino lo hemos mejorado con este proyecto, a partir de la posibilidad de que el trabajador concurra con su abogado”.

Otro de los que sumó su voto a favor fue el binario y homofóbico diputado salteño Alfredo Olmedo, quien en su intervención sostuvo que los trabajadores que hacen juicio “están descansando en la esquina mientras todos ponemos el lomo”.

El escándalo final, producto de la novedad en la merma de las jubilaciones a través de un decreto presidencial, opacó y casi hizo fracasar la sanción de la norma que Macri había intentado eludir con un Decreto de Necesidad y Urgencia.

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