El derrumbe de la economía producto de la pandemia y la cuarentena se reflejó brutalmente en la caída la actividad interanual en el mes de abril que alcanzó un 26,4%. Estimaciones privadas indican que en mayo la caída se ubicará alrededor del 20%. La industria por su parte, en el mismo mes, cayó un 33,5%.
El parate, además, se dio en el marco de una economía que ya arrastraba una recesión de varios años y que tendía a agravarse incluso antes de la cuarentena. De hecho, el PBI durante el primer trimestre de este año, con apenas diez días de aislamiento social obligatorio, se contrajo un 5,4%. El FMI pronostica una caída de la economía nacional durante 2020 de un 9,9% del PBI mientras que estimaciones privadas consideran que el derrumbe podría perforar el 15%.
La pobreza, que a diciembre de este año se ubicaba en un 35,6%, podría ya ubicarse en un 40,2% según los pronósticos de la ONU y rozar la mitad de la población sobre fin de año.
Ante este escenario el gobierno, como prácticamente todos los gobiernos del mundo, optó por dejar de lado las metas fiscales y abordar la cuarentena con diferentes dispositivos de asistencia que complementan los programas ya vigentes, en su mayoría, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.
El FMI, de hecho, estima que el costo de las políticas de asistencia en la Argentina redundará en un déficit fiscal del 7% del PBI para este año. La cifra no parece desmedida a la luz del déficit fiscal del 23,8% que el FMI estima para los Estados Unidos, del 16% que pronostica para Brasil o el 14,7% de Japón.
Los principales beneficiarios de la asistencia fueron aquellos ciudadanos que, sin contar ya con alguno de los programas vigentes, hubieran podido acreditar la pérdida de ingresos provocados por la cuarentena y que, en una cifra de casi 9 millones, percibieron ya dos cuotas del Ingreso Familiar de Emergencia.
Pero además, desde las arcas de la ANSES (financiada esencialmente por los aportes y contribuciones para la jubilación) surgió el dinero necesario para financiar el programa de Ayuda al Trabajo y la Producción (ATP) mediante el cual el Estado cubrió la mitad del sueldo (hasta dos salarios mínimos equivalentes a $33 mil) para trabajadores de empresas que, en nombre del parate, así lo hubieran solicitado.
Un estudio del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda asegura que “el Estado absorbió el pago del 50% de los haberes de 2.340.360 empleados de aproximadamente 245.000 empresas”. Se trata de un monto total de $49.000 millones que, en mayo, a partir de algunos nuevos requisitos y limitaciones, se redujo hasta $42.000 millones. Así las cosas, “en dos meses de ayuda de pago de salarios, el Estado ya destinó $91.000 millones de pesos” provenientes de la ANSES para asistir en el pago de salarios a empresas privadas que, a su vez, se habían beneficiado con moratorias de diversa índole.
El monto destinado al IFE ya acumula casi 180.000 millones de pesos que, según estimaciones oficiales, sirvieron para “evitar que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan en la pobreza y/o indigencia -de manera transitoria- producto de la pandemia”. El informe de UNDAV, además, puntualiza que “con la incorporación del IFE, se pasó de cubrir al 61% del decil más pobre del país a una cobertura del 89%”. A modo de ejemplo, en provincias pobres como Chaco, Santiago del Estero y Formosa, la población que recibió una transferencia directa a través del Ingreso Familiar de Emergencia, alcanzó al 27,5%, 26,5% y 26,2% de la población respectivamente.
Para la UNDAV, en total, el “esfuerzo total” de la ANSES implicó una erogación de $356.606 millones de pesos equivalentes al 1,7% del PBI y a una cifra promedio de $8.149 por habitante acumulada en lo que va de la cuarentena. Pero para llegar a esa cifra, el estudio, registra también la asistencia de la ANSES que también llegó por otras vías como la tarjeta alimentaria, los bonos extraordinarios para AUH y jubilados, la reducción de contribuciones patronales y el aumento del seguro de desempleo.
Por eso, para Mauro Cristeche, Investigador del CONICET y del ICJ de la Universidad Nacional de La Plata, “la información está interpretada en forma maniquea. Todos los países están poniendo mucha plata y crearon políticas que no existían porque nunca había existido algo como esto”. El especialista en políticas para asistir situaciones de pobreza señaló que “si se prorratea por habitante son dos mil pesos por mes, 20 dólares. Es un número muy bajo comparado con el resto de los países. Chile y Perú están poniendo más plata en términos absolutos y relativos. Tanto en Brasil como en Chile el programa para sectores informales es más generoso que el IFE de Argentina. En Brasil es la misma plata (600 reales) pero allí es por persona y hasta dos por hogar. En Chile es hasta cuatro”.
Para Cristeche, además, “incluir los bonos otorgados en enero no corresponde. Al eliminar la fórmula de jubilaciones el gobierno dio un bono extraordinario que se licuó con inflación. Suman $27 mil millones que estaban anunciados desde antes al igual que el seguro de desempleo que, además, habiendo dos millones de desempleados lo perciben 120 mil personas”.
Por último sostuvo que “si lo comparas con deuda es exiguo. Antes de abril el gobierno pagó $ 150 mil millones de deuda en pesos y en mayo se pagaron otros $70 mil millones de pesos mientras los intereses de deuda en dólares crecieron en U$S 1500 millones. Eso solo supera los dos pagos de IFE que se hicieron”.
Si se desestimaran esas erogaciones pre existentes y que no corresponden a medidas adoptadas para enfrentar la crisis del coronavirus el monto de la ANSES se reduciría hasta los $6200 por habitante equivalentes a entre 50 y 80 dólares por habitante (dependiendo la cotización que se adopte) durante cuatro meses.
