El Presidente evitará culpar a la herencia recibida que, sin embargo, condiciona su gestión. En el texto que trabajó personalmente hará foco en las soluciones para salir de la crisis.
La Constitución Nacional estipula que el presidente o presidenta tiene la obligación de dar cuenta de la situación general del Estado en el discurso inaugural de las sesiones ordinarias. Con excepción de Cristina Fernández al inicio de ambos períodos de gobierno, y de Carlos Menem al comienzo de su segundo mandato, todos los presidentes desde 1983 lamentaron las condiciones en que recibieron el Estado. Alberto Fernández no quiere repetir esa fórmula. Sin embargo, la información que recopilaron sus ministros es alarmante, y confirma que esa herencia condiciona fuertemente su gestión.
El PAMI denunció que el macrismo dejó una deuda de 19 mil millones de pesos; Ginés González García sostuvo que también encontraron cuentas impagas de la gestión anterior en Salud; desde Obra Pública, Gabriel Katopodis anunció que dejará caer las concesiones de cinco corredores viales por falta de cumplimiento e inversión. Nicolás Trotta avanzó con la paritaria docente, pero se encontró con el desfinanciamiento en infraestructura educativa.
La pluma del presidente repasó estos y otros puntos que marcan el profundo saldo negativo que dejó la administración macrista. La situación será descripta con números pero sin adjetivaciones. De esta manera, Fernández continuará fiel a su estilo de no insistir con la herencia recibida. Argumenta que la ciudadanía vive y sabe cuál es la situación económica y no hace falta que desde el gobierno se llore en ese sentido, sino que se tomen medidas de gestión claras para contrarrestar la crisis.
Por lo pronto, según pudo saber Tiempo, el presidente estuvo redactando el texto hasta el sábado a la tarde. Al cierre de esta edición no estaba incluido ningún anuncio relacionado con obra pública de gran escala. Es que los grandes emprendimientos requieren financiamiento y hasta el momento, todo está supeditado a la muñeca del ministro de Economía Martín Guzmán, quien negocia la deuda con los acreedores privados y con el FMI hasta finales de marzo. Recién entonces se sabrá cuál será la situación financiera y fiscal del país, para recién luego elaborar un proyecto de presupuesto anual.
Sin el dato económico central, definido en función de si habrá quita de capital o de intereses de la deuda o modificación de los plazos, la iniciativa política del gobierno depende de proyectos que no requieren financiamiento inmediato, como la tan postergada legalización del aborto y la resistida reforma judicial.
En ambos proyectos, que enviará el Ejecutivo al Congreso este mes, trabajan la ministra de Justicia Marcela Losardo, Béliz e Ibarra. El de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ya está redactado y listo para ser enviado en la semana del 8 de marzo. Se espera un tratamiento profundo pero no extenso. Si bien desde el Ejecutivo argumentan que el debate social se dio durante el tratamiento en 2018, no quieren ser acusados de proponer un debate exprés. El proyecto no es el de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, sino uno propio, que recoge algunos de los principales puntos. Este proyecto irá acompañado de otro, acordado con las cúpulas religiosas, que propone el cuidado social y económico del embarazo de las personas gestantes en situación de vulnerabilidad. El objetivo de ambas iniciativas es garantizar la posibilidad de elegir la continuidad o no de un embarazo sin coerción penal ni económica.
En tanto, la elaboración del proyecto de reforma judicial, anunciada por el presidente en el discurso de asunción, fue más compleja. No era una iniciativa para ser presentada en extraordinarias, esas sesiones sólo se pusieron en marcha para sancionar leyes de emergencia.
Según pudo saber Tiempo, hubo un primer borrador que quedó demasiado académico y poco aplicable. Fue entonces cuando hubo que reelaborar la iniciativa, pero con otra carnadura. Los lineamientos principales serán anunciados este domingo. El propio Fernández reconoció las críticas de los funcionarios judiciales. Estamos trabajando sobre la reforma judicial que busca que esto funcione mejor. La justicia argentina necesita una revisión, llegamos a un punto donde no está funcionando bien”, adelantó y detalló que el proyecto que enviará la semana próxima “trata de poner orden en el funcionamiento de la justicia que le corresponde al Estado nacional, que es la justicia federal. También qué hacemos con los tribunales ordinarios de la Ciudad; hay que traspasar ciertas jurisdicciones que vienen demoradas”.
En veremos
Existen dos iniciativas que quedaron en stand by. Una es la Ley de Hidrocarburos que saldría con la firma del ministro de Producción Matías Kulfas. Por lo pronto, este sábado el gobierno publicó en el Boletín Oficial la postergación del aumento a los combustibles. La explicación fue que “el gobierno continúa analizando de manera integral la actualización de los montos de los impuestos”.
Otro de los puntos que se evaluaba anunciar, pero que tampoco formará parte de la alocución de Fernández de este domingo, es la suba del impuesto a la exportación de la soja. La propuesta contempla un aumento del 3% a la exportación de ese cultivo, considerado un commodity en el mercado mundial. La iniciativa ya activó rechazos públicos por parte de las patronales agrarias. Pero Fernández no está dispuesto a reeditar la pelea surgida de la resolución 125 de 2008 y tomó el recaudo de plantear rebajas en los impuestos a otros cultivos o incluso beneficios financieros otorgados desde el Banco Nación para todo el sector.
La etapa post grieta
El tono del discurso, bajo la influencia literaria y académica del antropólogo Alejandro Grimson (a cargo del programa Argentina 2030), será conciliatorio, esperanzandor y de sutura. La fórmula discursiva del llamado a la unidad también la repitieron sus antecesores en el cargo al comienzo del período de gobierno, aunque a lo largo de los cuatro años de gestión Mauricio Macri decidió profundizar la tensión entre un “nosotros y ellos”.
Desde el gobierno prefieren discutir otras dicotomías, referidas a cuestiones de territorio (centralismo vs federalismo), género, ambiente vs desarrollo, nuevas tecnologías vs derechos laborales. “Es lo que vinimos a hacer”, repiten sincronizados algunos funcionarios de Casa Rosada. «
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