Con la excusa de la pandemia, la justicia expulsó al gobierno de Kosovo

La pandemia de Coronavirus sirvió de justificativo para la expulsión de un partido político del poder en Kosovo. A última hora del jueves, la Corte Constitucional local aprobó un decreto presidencial que entregaba el liderazgo del gobierno balcánico a la Liga Democrática de Kosovo (LDK), segunda fuerza en las últimas elecciones. La decisión del Tribunal sería incuestionable en democracias consolidadas y estables, pero este no es el caso. Por eso ya resuena en las calles de Pristina la idea de que se trató de un golpe de Estado.

En octubre pasado el partido Vetëvendosje (“autodeterminación”) ganó las elecciones parlamentarias con apenas poco más del 26% de los votos. Esta agrupación nació en 2005 y se autoproclama de centro izquierda y progresista. Pero sus fuertes ideas nacionalistas la emparentan más con los movimientos derechistas como el de Viktor Orban en Hungría que con la socialdemocracia. El estrecho margen del triunfo derivó en la necesidad de formar coalición con LDK, partido económicamente conservador y una de las dos fuerzas políticas tradicionales en Kosovo. Así Albin Kurti, líder de Vetëvendosje,se convirtió en Primer Ministro.

Tan sólo 51 días después de la asunción, el 25 de marzo, LDK le quitó apoyo y la Asamblea Nacional votó la salida de Kurti del poder. La razón oficial fue la mala administración durante la pandemia de Coronavirus, particularmente el despido del Ministro del Interior (y miembro de LDK) Agim Veliu, quien había solicitado declarar el estado de emergencia. El primer ministro dijo entonces que Veliu estaba propagando innecesariamente el pánico.

El Presidente Hashim Thaçi, un ex líder paramilitar y figura central de la política kosovar desde la guerra de 1998-99, emitió un decreto para establecer la salida deVetëvendosje y ordenó la asunción como Primer Ministro de un miembro de LDK. Es decir, el Jefe de Estado expulsó del gobierno al partido que había ganado las elecciones y ordenó formar gobierno con otro partido a la cabeza. Curiosamente LDK ha sido desde el final de la guerra la principal oposición a Thaçi y el presidente no dio mayores explicaciones para justificar su decisión. Es probable que el nacionalismo extremo de Vetëvendosje resultara poco pragmático y molesto de cara a las negociaciones con la Unión Europea y con Serbia, que considera a Kosovo parte de su territorio.

Thaçi resolvió quién debía gobernar, cuando su deber constitucional era llamar a formar un nuevo gobierno al miembro mayoritario de la coalición, al partido ganador de las últimas elecciones. La imposibilidad de convocar a comicios anticipados por la pandemia fue la excusa ideal para decidir unilateralmente lo que debía dirimirse en las urnas.

Aprincipio de mes  Vetëvendosje presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional de Kosovo para intentar frenar la aplicación del decreto. Desde entonces se sucedieron manifestaciones de seguidores de esta agrupación frente a la sede del parlamento. En todos los casos se mantuvo la distancia social y el uso de barbijos.

A última hora del jueves, el Tribunal falló a favor de Thaçi: el presidente puede nombrar como Primer Ministro a quien quiera, del partido que sea, y sin convocar a elecciones. Thaçi festejó la decisión y habló de consolidación de una “democracia vibrante”; mientras que Kurti dijo que era injusto e inaceptable. Por su parte, la Embajada Estadounidense en Pristina, enorme influencia para cualquier gobierno kosovar, llamó a respetar el fallo de la Corte.

La debilidad institucional de Kosovo permite poner en duda los argumentos de la corte. Y es que los golpes de estado actuales tienden a ser más sutiles, menos obvios que los que se daban en América Latina o en África en el siglo pasado. Ya no son hombres armados los que entran a los palacios presidenciales a hacerse con el poder de la forma que sea. Hoy existen impeachments apresurados y repletos de irregularidades (como en Paraguay o Brasil), renuncias forzadas por miembros de las Fuerzas Armadas (como en Bolivia) y también hay decretos presidenciales avalados por cortes cercanas a cierto sector político, en el caso de las democracias parlamentarias.

El fallo de la Corte de Kosovo se enmarca en un contexto particular: en un país apenas reconocido por la mitad de los miembros de las Naciones Unidas, cuyas instituciones democráticas fueron fundadas y guiadas por gobiernos extranjeros, y que tiene por presidente a un ex líder guerrillero, miembro de una agrupación considerada terrorista por el Estado de Serbia. Es una democracia débil encabezada por figuras fuertes. En ese escenario no es difícil elegir gobernantes por decreto ni asegurarse el aval de un conjunto de jueces.

Kosovo debería ser un llamado de atención en medio de la pandemia, para recordar que las destituciones arbitrarias o apresuradas pueden constituir un golpe de estado aún cuando son avaladas por un tribunal. Esto vale para todos los gobiernos democráticos, incluso para los más peligrosos. Hasta para aquellos que cuestionan los peligros del Coronavirus y se niegan a declarar cuarentenas, o hablan de exageraciones y de propagar innecesariamente el pánico. En Kosovo o en América Latina.