Con la presión del FMI, Macri acelera 20 mil despidos más en el Estado

En el caso del ajuste sobre los empleados públicos nacionales la afirmación se ajusta en parte a la realidad toda vez que el gobierno ya tiene su hoja de ruta en lo que hace a la reducción de personal. Se trata de las conclusiones que surgen del programa de «dotaciones óptimas» impulsado por el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, desde agosto de 2017. Allí, según una filtración de un informe parcial con fecha de septiembre de 2017, se estipula una poda de 20 mil empleados que, proyectados a la totalidad de la planta, alcanzaría a cerca de 30 mil.

La idea original era producir ese ajuste en forma gradual hasta 2019. Por eso, en lo que va del año, ya se produjeron cerca de 5000 cesantías bajo la forma de un goteo incesante que, en algunos casos, generó fuertes resistencias y acciones de lucha con paros y ocupaciones. Los casos más resonantes fueron los 258 despidos en el INTI y los de los mineros del Río Turbio que lograron, mediante la ocupación y una larga huelga, la reincorporación de los 167 trabajadores.

Sin embargo, con la presión del Fondo, ya esbozada en sus informes de diciembre último, los planes del gobierno se han modificado y ahora se disponen a acelerar esa hoja de ruta.

Ya en marzo de este año, el gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios con el propósito explícito de conseguir por esa vía una reducción de otros 5000 puestos.

Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de ATE Nacional, detalló a Tiempo que el plan no logró su cometido: «No tenemos números de que efectivamente se haya utilizado el mecanismo. No puedo afirmar rotundamente que fracasó pero el gobierno, que siempre es tan propenso a mostrar con números la eficacia de sus políticas, esta vez no dijo nada. No tienen nada que mostrar».

Así las cosas, en la última semana han proliferado en los pasillos de la administración pública rumores que indican que en los próximos días se producirá una primera oleada de centenares de despidos.

Algunos elementos ya se hacen ver: en el INTI impidieron el ingreso de siete empleados el jueves pasado y trascendió la voluntad de las autoridades de proceder al despido de entre 100 y 300 empleados más, los que se sumarían a los 258 de enero. En el Ministerio de Trabajo se habla de 400 cesantías. Por su parte, los rumores en el Ministerio de Justicia indican que habría 150 despidos en la Secretaría de Derechos Humanos. Ya anunciaron 45 cesantías, todavía sin nombre, en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). En ACUMAR habría 50 cesantías en carpeta y las autoridades volverían a la carga en el ENACOM, donde ya despidieron alrededor de 100 empleados en lo que va del año y ahora insistirían con 100 más.

Las versiones también indican que se sumarían 100 despidos más en el Ministerio de Agroindustria cuando todavía no concluyó el conflicto por los recientes 543 despidos entre ese organismo y el Senasa.

A nivel provincial, María Eugenia Vidal acaba de anunciar su propio plan de retiros voluntarios aunque el foco está puesto en el Astillero Río Santiago, donde el gobierno provincial acaba de renovar las autoridades y, en un cuadro de vaciamiento y desinversión, los trabajadores anuncian la posibilidad de que se produzcan mil despidos.

Frente a esta nueva situación, Godoy explicó a Tiempo que «es muy previsible que haya más despidos. En realidad nunca cesaron, pero el acuerdo con el FMI va a hacer que se profundice el ajuste, tanto en Nación como en las provincias».

Consultado sobre la viabilidad política de ese ajuste, señaló que «la lucha está creciendo desde abajo y el paro nacional va madurando a pesar de que hay dirigentes que están más preocupados por acordar con el gobierno. La única manera que cierre este ajuste es con represión, pero hay mucha conciencia y capacidad de lucha en nuestro pueblo», señaló.

El ajuste, además, golpeará por el lado del salario. El martes está pautada la primera reunión paritaria y se descuenta que el gobierno ofrecerá entre un 12 y un 15 por ciento.

Se trata, en el mejor de los casos, de un incremento que está unos 10 puntos por debajo de la inflación esperada, lo que se suma al 18% de pérdida del poder adquisitivo que, según cálculos de la Junta Interna del Indec, acumula el salario estatal desde diciembre de 2015. «