«Con la represión lo único que se consigue es la pérdida de la democracia»

El 3 de febrero de 2011 un tren carguero de la empresa Nuevo Central Argentino descarriló en los fondos del barrio Carcova de José León Suarez y la Bonaerense fusiló a Franco Almirón y a Mauricio Ramos. Juntos a ellos corría Joaquín Romero, el único que sobrevivió. Ninguno tenía más de 20 años; eran pobres que pedaleaban a buscar cartones en los basurales del CEAMSE, del otro lado del Camino de Buen Ayre. Sin embargo, el gobierno provincial comandado por Daniel Scioli pensaba lo contrario.

“La banda es muy conocida en el barrio, los que tenían las armas eran ellos, y fueron los que lideraron este robo, descarrilando intencionalmente un tren. Ayer tuvimos un asesinato de un policía a pocos metros de la cuestión del tren. Lo asesinaron salvajemente y le robaron el arma. A cuarenta minutos de este episodio provocan un descarrilamiento e intentan saquear; dentro de esas personas había un grupo con armas de fuego, luego llega la policía y se producen los enfrentamientos», dijo entonces el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal.

Su versión fue desechada de plano por los peritos de Gendarmería Nacional, que determinaron que los proyectiles hallados en los cuerpos de los chicos eran policiales. Entonces, la justicia puso en jaque la historia oficial. “No surgen elementos para afirmar que un grupo organizado planificó el ataque. Puede haber gente que conociera el horario de los trenes pero eso no significa que haya existido un plan para apoderarse de la carga”, dijo entonces Raúl Sorraco, el fiscal que junto a Marcelo Sendot y Ana María Armetta, investigo el caso.

En marzo de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Martín condenó a siete años de prisión al policía Gustavo Vega por la muerte de Franco Almirón y de Mauricio Ramos; y las heridas de bala causadas a Joaquín Romero. Su compañero Gustavo Rey fue absuelto por el beneficio de la duda.

Un año más tarde, la Sala I de la Cámara de Casación bonaerense ordenó agravar la pena a siete años de prisión aplicada a Vega y volver a enjuiciar a Rey, que deberá volver a ser juzgado por el doble homicidio de Ramos y Almirón. El fallo de Casación sostuvo que las declaraciones de varios testigos del juicio oral, al igual que los peritajes que fueron aportados en el debate “ubican a Rey en el lugar desde donde se realizaron los disparos que ocasionaron las muertes”.

LA JUSTICIA QUE NUNCA LLEGA. Seis años más tarde, sentado en una silla de plástico blanco en el gimnasio de la Parroquia Inmaculada Concepción sobre la calle Santa Brígida, Joaquín Romero escucha con atención al panel integrado por Felix Crous, fiscal de la Procuraduría de Violencia Institucional; Víctor Mendibil, co-presidente de la Comision Provincial por la Memoria; y el diputado nacional Leonardo Grosso.

Es el Día contra la Eliminación de la Violencia Institucional y lleva puesta la camiseta de Central Ballester, la de los fusilados de 1956. Lo acompaña su familia; un niño con la remera de Chacarita que corretea por todo el salón y una beba con moño rosa que carga con orgullo en sus brazos. No ocupa los primeros planos de las fotografías de ocasión. Tampoco hace alarde del dolor ni especula con entrevistas. Tiene perfil bajo.

“Hoy cuando me desperté me sentí muy raro. Hace seis años la policía casi me mata y perdí a mis amigos. Lo menos que queremos es justicia. Estamos esperando que la justicia ponga fecha de juicio y condene al responsable de la muerte de mis amigos. Gustavo Rey es el culpable de los crímenes y fue absuelto por el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Martín. Desde que me levanté a la mañana recordé el terrible episodio que sucedió aquel tres de febrero de 2011″, dijo Joaquín a Tiempo, mientras todo el mundo abandonaba el gimnasio para caminar rumbo a Carcova. En la calle esperaba la columna de manifestantes de distintos espacios políticos y sociales, que avanzó hacia la zona de los fusilamientos y se detuvo en la esquina de la comisaria de José León Suarez, donde tomó el micrófono la diputada nacional Victoria Donda, que recordó los años de lucha por justicia que lleva el caso y advirtió que ningún funcionario nacional va a distorsionar la verdad histórica.

A metros suyo, Analía Ramos, tía de Mauricio Ramos, sostenía la bandera negra que encabezaba la marcha. «Venimos a reclamar justicia: es los que hacemos todos los años. No vamos a bajar los brazos hasta que el culpable Gustavo Rey sea condenado. Para mi hoy no fue un día fácil, me levanté a las seis de la mañana fui a trabajar y volví a las cuatro; todo el tiempo recordé lo sucedido. Le agradezco a todos los presentes por el apoyo que nos brindan: porque es muy doloroso pasar por esto».

Allí se sumaron el diputado del Parlasur, Jorge Taiana; el diputado provincial Fernando “Chino” Navarro y otros cuadros del Movimiento Evita. La manifestación siguió hacia la capilla del Padre Pepe Di Paola, quien esperaba junto a Adolfo Pérez Esquivel y los vecinos. Antes de llegar a Carcova, aparecieron el diputado nacional Felipe Sola y el intendente de San Martin Gabriel Katopodis.

La caravana sumó dos mil personas, con trompetas bombos y la lectura de un poema a cargo de un trabajador de una de las cooperativas de reciclado. Al llegar a la calle Frías al 8400, en el margen de las vías donde la Bonaerense ejecutó a los jóvenes, el Padre Pepe y Pérez Esquivel saludaron a los manifestantes y junto a Joaquín plantaron un olivo.

«Estamos aquí para recordar a dos chicos que fueron asesinados. La vida se construye en la práctica del día a día. Con la represión lo único que se consigue es la perdida de la democracia y los derechos ciudadanos de las personas», cerró Alfonso Pérez Esquivel.

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