Con las calles en calma, la agitación en Venezuela se trasladó a la política

Quien se encargó de desmentirlo, pese al bombardeo mediático local e internacional, fue la propia presidente de la ANC. «La Asamblea Nacional tiene sus funciones consustanciales como poder legislativo. Y debe CONVIVIR con la ANC respetando sus decisiones», indicó en Twitter, y apuntó al presidente de la AN, el dirigente de la MUD Julio Borges, principal vocero de la supuesta ilegitimidad de la Constituyente: «El diputado Borges miente para enmascarar su déficit de respaldo popular con la histeria internacional. Está obligado a trabajar en la AN», dijo.

Borges y otras autoridades legislativas firman el comunicado oficial de la AN que anunció el acuerdo de, entre otras cosas, «rechazar y desconocer las pretensiones de usurpar las funciones legislativas que le corresponden a este cuerpo parlamentario». El acuerdo de siete puntos incluye «crear una Comisión Especial encargada de investigar y sistematizar el fraude constituyente, de manera que la Asamblea Nacional pueda intentar acciones legales nacionales e internacionales en defensa de la institucionalidad democrática y de los Derechos de los venezolanos». Esto podría ser una novedad, ya que luego de las denuncias acerca del supuesto fraude en las elecciones del 30 de julio, en la que se eligieron los 545 miembros de la ANC en un acto en que según el Consejo Nacional Electoral participaron más de 8 millones de venezolanos, los mismos denunciantes afirmaron que no podían realizar una auditoría porque todo el procedimiento estaba «viciado». Sin embargo siguen sosteniendo la hipótesis del fraude.

La medida de la ANC, criticada también por el gobierno estadounidense, dice que las atribuciones legislativas apuntan a «garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía» y a sostener «el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos». Aún no queda del todo claro el alcance de estas atribuciones, por tratarse de un poder y una circunstancia extraordinarios en el país y hasta ayer el decreto no había sido publicado en la Gaceta Oficial.

En sus declaraciones públicas, Rodríguez también pasó facturas a los dirigentes de la MUD que rechazaron una invitación entregada el día 16 a la presidencia de la AN, convocando a las autoridades a la sesión del viernes con el objeto de establecer pautas para «la coexistencia pacífica» entre ambos poderes. Según fuentes cercanas al gobierno de Nicolás Maduro, Borges, Freddy Guevara y otro miembro de la junta directiva habrían «confirmado» su participación vía telefónica con funcionarios de la ANC. Pero el día de la sesión declinaron ser parte. «Coincidió con un encuentro parlamentario en Lima, Perú, donde había congresistas de EE UU y de países de la región, no sería raro que llegara alguna orden desde allí», infirió la fuente.

El gobierno difundió ayer una declaración que rechaza «categóricamente el pronunciamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos en relación a las decisiones soberanas de la ANC, representante legítima del poder constituyente originario, surgida de la voluntad popular del pueblo venezolano, en elecciones libres y universales». El texto recuerda las amenazas de Donald Trump y señala al denominado «Grupo de Lima» como «brazo ejecutor» de esas agresiones. En ese grupo está Argentina, cuyo presidente Mauricio Macri, tuvo un encuentro esta semana con el vice estadounidense, ante quien hizo un ambiguo pedido de rechazar «el uso de la fuerza» en el conflicto venezolano. «

La exfiscal que puede tensar más las relaciones con Colombia

La llegada de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz a Colombia puede tensar aun más las relaciones ya susceptibles entre los gobiernos de Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, ya que la extitular del Ministerio Público, destituida por decisión del Tribunal Superior y Justicia y ratificación de la Asamblea Nacional Constituyente, podría ser requerida por la Justicia de su país. Hasta ayer, no se les había otorgado el asilo a Ortega y su esposo, el diputado Germán Ferrer, a quien se le inició una causa por supuesta «extorsión». Ambos aterrizaron en Colombia en la madrugada del viernes en un vuelo proveniente de la isla de Aruba, adonde llegaron alquilando una lancha en la madrugada del viernes, en lo que fue una suerte de fuga cinematográfica. 

La avanzada judicial contra Ferrer, un chavista que se apartó del riñón de Maduro para formar un bloque disidente, comenzó esta semana, cuando el nuevo fiscal general, el exdefensor del Pueblo Tarek William Saab, acusó a Ferrer de liderar una red de extorsión en la Fiscalía que supuestamente exigía grandes cantidades de dinero a empresas, mayormente relacionadas con el negocio petrolero, a cambio de retirar acciones penales en su contra.