El viaje a Francia y Suiza que comenzó esta semana el expresidente Mauricio Macri generó más alivio que rechazos dentro de Juntos por el Cambio. Su ausencia presencial será suplantada con intervenciones vía zoom, pero en temas estrictamente vinculados a la conversación pública con el núcleo más duro de sus votantes. Será acompañado en las intenciones por la titular del PRO, la exministra Patricia Bullrich, que eligió bajar su perfil público luego de constatar, al igual que su jefe, que el endurecimiento les permitió alambrar el vínculo con los sectores ultras, pero también aumentó el rechazo que cosechan en las encuestas.
El silencio intermitente de Bulllrich y las vacaciones de Macri le otorgan un mayor margen de acción al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a los intendentes del PRO en el conurbano, como el jefe comunal de Vicente López Jorge Macri, y a las autoridades del bloque amarillo en la Cámara de Diputados: Cristian Ritondo y Álvaro González. Mientras Larreta se enfoca en una pelea política cada vez más abierta con el Frente de Todos, por la gestión de la cuarentena, Jorge Macri levanta el perfil en los medios y busca posicionarse como el portavoz opositor del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Ninguno habla de romper los puentes con el oficialismo, pero ambos comienzan a sembrar su camino político para las elecciones de medio término del año que viene.
Larreta medirá sus fuerzas en las legislativas, luego de nacionalizar su figura por la cuarentena, y Jorge Macri se mueve en un terreno donde llega a mostrarse dispuesto a apoyar un impuesto extraordinario a los ricos, mientras confirma su interés en transformarse en el próximo candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio. Esos movimientos suceden en medio del pico de la pandemia, sin romper lazos con el Gobierno por la administración de la crisis, pero lanzados a hablarle más a los indecisos y ajenos que a los propios y convencidos.
Sobre esa base material, signada por el conteo cotidiano de contagiados y víctimas fatales del covid, se moverán los diputados de la alianza opositora en la Cámara de Diputados y en la Legislatura, donde el interbloque opositor, conducido por el radical Maximiliano Abad, aportó los votos que necesitaba el oficialismo para el pedido de endeudamiento que había enviado Axel Kicillof. Fue luego de una cerrada negativa que cambió cuando los intendentes metieron la cuchara y reclamaron el adelanto de fondos de infraestructura para obras públicas y la renegociación de los plazos de las deudas que los municipios tienen con la provincia. La administración de Kicillof sostiene que fueron los intendentes opositores los que forzaron la negociación y desautorizaron los planteos de la exgobernadora María Eugenia Vidal, mientras que del otro lado aseguran que fueron sólo los tiempos propios de una negociación previsiblemente dura.
Esa danza de presiones podría reeditarse dentro de la Cámara baja. Desde este martes comenzarán las negociaciones entre oficialistas y opositores para renovar el protocolo de sesiones remotas que venció este viernes. Sin ese acuerdo, el recinto no podrá volver a trabajar con algunos diputados en forma presencial y la gran mayoría conectados desde sus domicilios u oficinas. Así como Macri ya acordó vía zoom plantear una cerrada oposición al proyecto de reforma judicial que envió el Ejecutivo, el diputado radical Mario Negri anticipó que no aprobarán la renovación de las sesiones remotas en Diputados si el oficialismo busca tratar ese texto cuando haya sido sancionado en el Senado.
El mapa que tienen en el Frente de Todos no incluye un tratamiento abreviado de la reforma judicial, pero prevé que el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, presente en Diputados el proyecto que creará un impuesto extraordinario a las grandes fortunas que decidieron llamar «aporte solidario». «No venimos con dogmas. Eso es un tema de los ultras, lo que nosotros buscamos es que el oficialismo nos presente un plan de trabajo parlamentario, veamos los temas y definamos», anticipó a este diario un integrante del bloque macrista que, por ahora, no cree que el presupuesto para 2021 pueda debatirse en forma remota. Del mismo modo reconoce que «el 80 por ciento de la sociedad desconfía de la Justicia y cree que hay que reformarla», pero adjudica la redacción del texto enviado por el gobierno a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, sostiene que aceptará que sus presunciones se diluyan ante los hechos en caso de que exista una negociación posible en el Senado, un trámite que llevará tiempo.
Si las tensas diferencias judiciales se encapsulan en la reforma y en la batalla que inició el oficialismo para suspender por mal desempeño al procurador interino Eduardo Casal, los temas económicos podrían aceitar los acuerdos. En ambos bloques asumen la urgencia de dar respuestas ante el impacto de la crisis económica.
Una muestra clave de ese equilibrio surgió la semana pasada durante la última sesión mixta que habilitó el procotolo antes de su vencimiento. Fue con las votaciones mayoritarias de la moratoria, la autorización para renegociar la deuda externa bajo legislación nacional y la ampliación del presupuesto. Todo terminó de destrabarse cuando el titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, lo llamó a Ritondo y le confirmó su apoyo para incluir un capítulo en la ampliación presupuestaria donde creaban un Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires (PREIMBA) por 5000 millones de pesos.
El punto confirma por dónde pasa el hilo rojo de las negociaciones que, en este caso, también impactaron en la Legislatura bonaerense. Parte de esos acuerdos serán el mar de fondo para el nuevo round que comenzará esta semana en la Cámara baja. «Se notan mucho los extremos, pero aunque cueste creerlo, hay más moderación de la que podrían aceptar nuestros ultras», graficó a Tiempo uno de los testigos de esa negociación.
