Condenaron a 25 años de prisión a dos represores

El Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín condenó este jueves al exjefe de la Fuerza Aérea, Omar Rubens Graffigna, y al exjefe de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), Luis Tomás Trillo, a la pena de 25 años de prisión luego de considerarlos coautores de la privación ilegítima de la libertad y tormentos contra José Pérez Rojo y Patricia Roisinblit, dos militantes que permanecen desaparecidos desde 1978, durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Patricia es la hija de Rosa Tarlovsky de Roisinblit, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

La condena fue en el marco de la causa por la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, una mansión que funcionó como un centro clandestino de detención en Morón. Además, los jueces actuantes –Alfredo Ruiz Paz, Marcelo Díaz Cabral y María Claudia Morgese– condenaron a 12 años de prisión al exagente de inteligencia de la Fuerza Aérea, Francisco Gómez, por la apropiación del hijo de la pareja que había nacido en cautiverio en la ex ESMA y quien recuperó su identidad hace más de 16 años.

José y Patricia (embarazada de ocho meses) fueron secuestrados por un grupo de tareas el 6 de octubre de 1978. Estaban en su casa, en Gurruchaga 2259 (CABA), junto a su primera hija, Eva, de sólo 15 meses. A la niña también se la llevaron, pero poco tiempo después fue entregada a su tía paterna.

Pero sus padres permanecieron cautivos en la RIBA hasta que Patricia fue trasladada para dar a luz a la maternidad clandestina que funcionaba en lo que fuera la Escuela de Mecánica de la Armada. La mujer fue asistida por el represor médico Jorge Luis Magnacco y el 15 de noviembre dio a luz a su hijo: lo llamó Rodolfo Fernando. El niño fue entregado a Gómez, en el marco del plan sistemático de robo de bebés que se llevó a cabo durante el terrorismo de Estado y que distribuyo de manera ilegal a más de 500 hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio.

Días después de dar a luz, Patricia fue “trasladada” y, junto a José, son dos nombres en la lista de 30.000 desaparecidos.

Durante el proceso se destacaron los testimonios de Amalia María Larralde, Mónica Lewin y Nilda Actis de Goretta, quienes fueron compañeras de cautiverio de Patricia cuando fue trasladada a la ex ESMA para dar a luz a su hijo.

En la causa fueron querellantes las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la provincia de Buenos Aires; María Eva Pérez Rosinblit, hija de las víctimas, Abuelas de Plaza de Mayo a través de Rosa de Roisinblit, el Partido Comunista y el abogado Pablo Llonto.