Condenaron a De Vido a 5 años de prisión por el caso Skanska

Asimismo, se dictaron penas para ex directivos de la firma sueca y otros intermediarios. De los 30 acusados que llegaron a la instancia del juicio oral iniciado en el año 2024, 17 personas resultaron absueltas.

Mario Piantoni, ex máximo responsable de la compañía en la región; Gustavo Vago, ex presidente de la empresa en el país; y Javier Azcárate, ex gerente comercial fueron condenado a cuatro años de prisión. El resto de los ex directivos como Eduardo Varni; Héctor Obregón; Juan Carlos Bos; Alejandro Gerlero; y Roberto Antonio Zareba recibieron la pena de tres años en prisión condicional.

El Tribunal que anunció en el mediodía de este lunes el veredicto del caso estuvo compuesto por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez.

Cabe recordar que en el caso Skanska se investigó el supuesto pago de sobornos y sobreprecios por parte de la constructora sueca, con el objetivo de adjudicarse las obras de ampliación de dos gasoductos en el año 2004.

La empresa señalada de direccionar licitaciones y sobornar a ex funcionarios públicos fue acusada, además, de ocultar este esquema con la utilización de un sistema de facturas falsificadas emitidas por más de 20 empresas fantasma, en las que se simulaban servicios que nunca se prestaron.

Un caso de más de 20 años

El denominado “caso Skanska” es considerado por la emisión de facturas apócrifas en el marco de las contrataciones para las obras de expansión de la capacidad de transporte de gas natural. La obra constó de la ampliación de los gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (licenciataria TGS), el acondicionamiento de plantas compresoras existentes y la construcción de una nueva. Skanska ganó las licitaciones para la obra de construcción y montaje de la Planta Compresora Deán Funes, además del Tramo 79 (Deán Funes-Ferreira) de casi 42 kilómetros.

La investigación se inició como una causa de evasión contra la filial local de la empresa sueca Skanska y la firma Infinity, que, junto a otras veinte empresas, emitió facturas apócrifas para simular servicios en el marco de aquella licitación. Aquellas facturas coincidían con montos de “sobreprecios” que la empresa había cobrado por la realización de las obras.

A partir de esa investigación por evasión, el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart abrió la investigación por posibles pagos ilícitos a funcionarios públicos. La investigación se disparó debido a que la empresa TGN había denunciado sobreprecios en la licitación de las plantas compresoras ante el Enargas, organismo público de control técnico.

Luego de tres rondas de licitación en las que las empresas bajaron sus costos, aún por encima de los costos calculados por TGN, la Secretaría de Energía, que dependía del entonces Ministerio de Planificación Federal, ordenó avanzar con la obra para evitar demoras y consideró que la valuación hechas por TGN estaban fuera de los parámetros de mercado.

Cuando las denuncias comenzaron a crecer, el Gobierno denunció una “cartelización” por parte de los oferentes para aprovechar la urgencia de la obra que buscaba evitar cortes de suministros y apuntó por un caso de evasión entre privados.

Sin embargo, la empresa sueca salió a cubrirse públicamente al hablar de “comisiones indebidas” y se hizo conocer un documento interno que señalaba que la empresa Infinity, que emitió las facturas apócrifas, había sido recomendada por Ulloa, entonces gerente general de Nación Fideicomisos, órgano que administró el fondo fiduciario con que se financió la obra.

En noviembre de 2011, la Sala I de la Cámara Federal porteña consideró la “decisión política” de avanzar con la obra frente a la emergencia energética que atravesaba el país y sobreseyó a los funcionarios públicos investigados, entre ellos, el entonces secretario de Energía, Daniel Cameron, al extitular del Enargas Fulvio Madaro; también Néstor Ulloa había sido sobreseído en aquel momento. En julio de aquel año, un peritaje de la Corte Suprema había considerado que no existieron sobreprecios.

Luego de la victoria presidencial de Mauricio Macri, la causa se reabrió cuando la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación -integrada por los camaristas Juan Gemignani, Mariano Borinsky y Angela Ledesma- resolvió revocar una decisión anterior y declaró admisible como prueba judicial una grabación telefónica entre el auditor interno de Skanska, Claudio Corizzo, y el gerente comercial Javier Azcárate.

La grabación había sido obtenida durante un allanamiento a la empresa sueca. Los diputados Adrián Pérez y Esteban Bullrich llevaron la grabación ante la Justicia. La Cámara ordenó al juez Sebastián Casanello la reapertura de la causa en 2016 y en octubre de 2017, Casanello procesó a los exfuncionarios Julio De Vido, José López y al exgerente de Fideicomisos del Banco Nación, Néstor Ulloa, por los delitos de administración fraudulenta y cohecho, mientras que procesó por cohecho a los exdirectivos de la empresa Skanska.

De Vido ya recibió otras condenas por los casos Odebretch (tres años), sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado (cuatro años), compra de “trenes chatarra” a España y Portugal (cuatro años) y cuatro años por la tragedia de Once, la única sentencia firme, confirmada por la Corte Suprema, por la cual cumple prisión domiciliaria.