Fue por intentar disolver el Congreso, que buscaba destituirlo, y establecer un gobierno de emergencia en diciembre de 2022. La misma pena recibió la exjefa del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, asilada en la embajada mexicana.
La decisión judicial, tomada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, aplica por el mismo lapso para la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México en Lima desde el pasado 3 de noviembre.
La medida fue dictada también para el exministro del Interior Willy Huerta, aunque en este caso ha quedado suspendida hasta que quede firme la sentencia.
De acuerdo con la Sala Penal, las acciones atribuidas a Castillo encajaban en el delito de conspiración para la rebelión, al considerar acreditado que el anuncio de disolución del Congreso formó parte de un plan para quebrar el orden constitucional.
No obstante, los jueces descartaron el delito de grave perturbación a la tranquilidad pública al entender que la conducta imputada ya se encontraba subsumida en la conspiración para la rebelión, por lo que no correspondía imponer sanciones adicionales por ese cargo.
El 7 de diciembre del 2022, Castillo anunció en un mensaje a la nación que había decidido disolver el Congreso, instaurar un «gobierno de excepción» y reorganizar el sistema de justicia, lo cual no prosperó porque el Legislativo lo destituyó casi de inmediato.
Aunque el exmandatario fue absuelto de los cargos de abuso de autoridad y de perturbación del orden público, recibió también dos años de inhabilitación para ejercer función pública, y el pago solidario de una reparación civil de 12 millones de soles (unos 3,5 millones de dólares).
El partido de izquierda Nuevo Perú criticó la sentencia: «La justicia firme y transparente es una condición fundamental en una democracia. Hoy en el Perú no tenemos ninguna de las dos cosas».
Sobre Betssy Chávez, la Sala Penal Especial la declaró coautora del delito de conspiración para la rebelión junto a Castillo y al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.
El tribunal consideró que tuvo participación directa en la preparación y ejecución del mensaje en el que se anunciaba la disolución del Parlamento.
La sentencia incluyó la emisión de una nueva orden de ubicación y captura contra Chávez, quien permanece en la residencia de la Embajada de México en Lima, a la espera del salvoconducto que el Gobierno peruano aún evalúa conceder.
El tribunal también le impuso dos años de inhabilitación para ejercer función pública y la responsabilidad solidaria en el pago de la indemnización al Estado.
Según el expediente, la exjefa del gabinete conocía previamente el contenido del mensaje presidencial y habría coordinado el ingreso de un equipo de la estatal TV Perú sin informar la naturaleza del anuncio, lo que evidenció su rol en la preparación de la transmisión.
El colegiado destacó que Chávez y Castillo acordaron limitar el acceso de otros ministros al despacho presidencial para evitar cuestionamientos antes del anuncio, lo que, según los magistrados, reveló un nivel de organización dirigido a quebrar el orden constitucional.
GS con información de Xinhua
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